El mandatario provincial se mostró ofuscado por la situación y en una rueda de prensa, explicó que Burgoa "no es un joven" común para escudarse en que fue una situación "normal" la que le tocó atravesar el fin de semana.
En principio, Cornejo puso en contexto la detención de Burgoa: "Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, con mucha disponibilidad de controles y de exigencias para que no se maneje en estado alcoholizado. Eso es un peligro. Estamos muy consustanciados con eso".
"En ese marco que un funcionario público, sea concejal, legislador y demás, sea funcionario del Ejecutivo como ha sucedido antes y demás, es un mal ejemplo. Es más mal ejemplo que si lo hace una persona que no es funcionario, que también está mal, no exculpemos a la sociedad al respecto", apuntó el gobernador.
El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Foto: Prensa Mendoza
El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente. Foto: Prensa Mendoza
Cornejo destacó que "cada vez se hacen más controles y no hay ningún tipo de privilegio para nadie, para ningún concejal ni nadie".
Y si bien manifestó que la destitución que deben resolver "los propios concejales", el gobernador avaló la posición que tomó Calvente y criticó la resistencia que muestra Burgoa a dejar su cargo.
"Yo creo que el intendente ha estado muy bien, lo avalo en que él debería hacer una renuncia por su propia cuenta y no estar pidiéndoselo. Y no estar hablando sobre el tema", sentenció el gobernador.
Y completó: "Si a él le parece muy normal esto... sería normal si fuera un joven y no un concejal. Que también está mal, no hay que manejar con más de 0.5".
El PJ y LUM piden que renuncie
La sesión del Concejo Deliberante de Guaymallén tuvo como eje de discusión el escándalo de Burgoa. El concejal José Pozzoli (PJ) impulsó un proyecto de remoción, que contó con el respaldo público de La Unión Mendocina, y un incómodo acompañamiento del oficialismo para que sea tratado en comisiones.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la sesión, el acta vial de Burgoa salía a la luz en los medios de comunicación. El concejal Pozzoli expuso las contradicciones del concejal de Guaymallén, que había negado que él y sus acompañantes hayan "chapeado" que eran funcionarios públicos, para evitar ser detenidos por la policía vial en General Alvear.
"En Alvear hubo en el último tiempo varios accidentes en los que ha fallecido personas, que han sido atropelladas por personas que han conducido con alcohol en sangre. Hay una joven internada todavía en el hospital Central por una situación así. Es un tema muy sensible que se vive en este departamento. Ante la situación que se vivió con la detención del concejal, nos parece que no es solamente un tema contravencional, por eso iniciamos el pedido de remoción", sostuvo Pozzoli.
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El concejal de Guaymallén, José Pozzoli (PJ)
Ramiro Gómez / Los Andes
Y luego de leer el acta en plena sesión, señaló: "Yo me pregunto ¿para qué vamos a iniciar un proceso de destitución? Los hechos existieron, fue un delito, está en el acta. Ayer sacó un comunicado donde le mintió a la población el concejal, diciendo que esto no existía y existió".
"Estamos asistiendo a un problema ético donde vamos a tener que juzgar. Deberíamos evitar esto, armar una comisión y demorar 15 días. Tiene que renunciar ya el concejal Miqueas Burgoa, ¿qué hay que hacer después de esto? ¿En serio hace falta que hagamos un proceso de destitución? Negó las cosas, mintió y sacó un comunicado. Creo que debe haber un espacio de reflexión y decir doy un paso al costado", completó Pozzoli.
En tanto, Exequiel Morales (LUM) respaldó el proyecto de remoción y presentó un pedido de informes al Ejecutivo municipal para que expliquen si hubo uso de fondos municipales para el viaje a General Alvear. "Que el concejal Burgoa maneje borracho es inaceptable. Y desde un punto de vista ético y moral coincidimos desde nuestro bloque que debería haber renunciado. Hubiese sido lo que más resguardaría la institucionalidad de Guaymallén, el municipio y el Concejo Deliberante", sostuvo.
Burgoa volvió a defenderse
La resistencia de Burgoa genera incomodidad en el bloque oficialista, después de que Calvente le solicitara que dé un paso al costado y con el pedido de remoción en curso. La jefa de la bancada, Juana Allende, se limitó a decir que "desde Cambia Mendoza siempre vamos a acompañar cualquier postura política pública que represente los verdaderos intereses de los vecinos, con transparencia, honestidad y responsabilidad ciudadana".
En tanto, Burgoa ensayó un nuevo pedido de disculpas público y sostuvo que se trató de "una mera contravención". "Desgraciadamente la oposición ha querido aprovechar esta situación de forma política", dijo y señaló que "ni siquiera" estaba cumpliendo funciones públicas, al momento en que lo detuvieron. "Fue en mi fuero privado", dijo.
"En mi defensa simplemente quiero pedir disculpas, no quiero abrir el debate a las cuestiones políticas. No quiero sumarme a ese juego, ya la ciudadanía está sobrepasada de información y mis fueros familiares también. Ya le pedí disculpas a la ciudadanía y lo voy a reafirmar todo el tiempo que queda de mi mandato", señaló.
Y completó: "Voy a estar dispuesto a que constituyan lo que crean conveniente. Que se expongan las cosas, donde yo también tendré derecho a exponer, pero no estoy de acuerdo con este tipo de presentaciones".
Diario Los Andes intentó hablar con el edil, pero no quiso dar expresiones públicas, aludiendo que había salido "aturdido" de la sesión y una reunión de bloque posterior.
El proceso de remoción
El pleno del cuerpo analizará el proyecto de remoción impulsado por Pozzoli en reunión de la Comisión de Interpretación Normativa. Para iniciar el proceso puntualmente, se requiere que la respectiva moción alcance un acuerdo de dos tercios.
En caso de que se apruebe, la presidenta del HCD, Verónica Cancela, deberá realizar un sorteo para que 5 concejales integren una Comisión Investigadora del caso. (Dicha comisión no podrán conformarla ni el titular del HCD, ni el acusado Burgoa)
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La presidenta del Concejo Deliberante de Guaymallén, Verónica Cancela
Ramiro Gómez / Los Andes
Luego, el acusado tendrá derecho de presentar pruebas, ofrecer testigos y hasta puede ser asistido por un abogado.
En un plazo máximo de 15 días hábiles la comisión investigadora deberá expedir un dictamen, que puede ser acusatorio o absolutorio. En tanto, esa resolución será tratada en una sesión especial. Para remover efectivamente al concejal, se requerirá el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes.