El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de apertura del año judicial que encabezó la Suprema Corte de Justicia.
El gobernador Alfredo Cornejo participó del acto de inicio del año judicial
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Ramiro Gómez / Los Andes El gobernador Alfredo Cornejo participó este miércoles del tradicional acto de inicio de año judicial que llevó adelante la Suprema Corte de Justicia con su presidente Dalmiro Garay a la cabeza. Allí anunció que enviará un proyecto de ley para ampliar la extinción de dominio, contemplada en el Código Procesal Civil.
La asistencia del mandatario al Salón de Actos del Poder Judicial estuvo marcada por la tardanza, ya que Garay debió dar su discurso sin su presencia. Es que Cornejo llegó con la vicegobernadora Hebe Casado cuando el juez ya finalizaba su palabra y por eso pidió disculpas a la hora de tomar el micrófono, bromeando con haber aparecido "para los aplausos".
En ese contexto, el mandatario provincial repasó los resultados de las reformas que se realizaron desde su primer mandato a esta parte y anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para ampliar la extinción de dominio de bienes, que rige hoy para delitos de corrupción.
"En nuestra búsqueda por combatir la corrupción, durante mi primer mandato se sancionó la ley de extinción de dominio, convirtiendo a Mendoza en la primera provincia del país en aprobar esta ley y obtener una sentencia firme en contra de un funcionario corrupto", dijo el gobernador.
Cornejo señaló que "esta medida demuestra el compromiso con la integridad y la probidad en el ejercicio del poder, sentando un valioso precedente para el resto del país".
"Esta es una herramienta para evitar el disfrute económico del delito y en este sentido, enviaremos en breve una modificación al Código Procesal Civil para ampliar la aplicación del proceso de extinción de dominio a otros delitos, como por ejemplo la estafa", anunció el mandatario.
De esta manera, Cornejo hizo alusión a la ley que se sancionó en 2019 para que el Estado recupere los bienes obtenidos por delitos de corrupción, cuando no pueden ser justificados por el imputado en un juicio civil, y sean destinados a una subasta para destinar los fondos a educación.
Vale decir que el año pasado también se aprobó una modificación para agilizar las entregas de estos bienes a la Dirección General de Escuelas (DGE).
El caso emblemático fue el del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado a 8 años de prisión por defraudación del Estado y enriquecimiento ilícito en 2022, a quién se le expropió una mansión, cuyo remate se tasó con una base de $108 millones hasta el año pasado, pero no obtuvo avances concretos aún.
El gobernador Cornejo apuntó a la modificación integral de los fueros civiles, laborales, penales y de familia, que incluyeron la incorporación del principio de oralidad en los procedimientos judiciales, “lo cual ha permitido una mayor celeridad en la resolución de los juicios”.
Señaló la reforma integral en el fuero penal, la creación del fuero penal colegiado y la implementación de la Ley de Prisión Preventiva, así como la creación de importantes herramientas como el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Sobre este último punto afirmó que “hoy tiene uno de los laboratorios más grandes de Latinoamérica, con una tasa de efectividad del 68%”.
El mandatario provincial también mencionó los avances en la Justicia civil, al manifestar que “los plazos de resolución de causas se redujeron significativamente”, y en el fuero laboral, donde los juicios, que antes podían durar entre tres y cuatro, hoy tienen un promedio de entre seis meses, y un año y medio.
En materia de familia, Cornejo consideró que “la rapidez en los procesos de adopción y en la fijación de cuotas alimentarias fue notable, destacándose especialmente las vinculaciones exitosas de grupos de hermanos y casos de adopción de niños con discapacidad”.
Por último renovó su compromiso con la Corte, destacando la importancia de “la colaboración entre los tres poderes del Estado para lograr una justicia más rápida, transparente y eficiente”. Reiteró que la clave para lograr estos avances no está en aumentar la burocracia judicial, sino “en gestionar de manera más eficaz los recursos humanos y económicos”.
Los siete magistrados de la Suprema Corte de Justicia estuvieron presentes en el acto de inicio de año judicial. En su discurso, el presidente del máximo tribunal Dalmiro Garay, abordó el rol del Estado en la sociedad y la función del Poder Judicial en la resolución de conflictos. Destacó la necesidad de un “Estado eficaz y eficiente” para brindarle mejores servicios a la ciudadanía y subrayó que “la solución de conflictos es una responsabilidad central del Poder Judicial, que actúa como última garantía de derechos”.
Garay, por su parte, puso la lupa en la transición a un sistema digital y la creación de nuevas herramientas tecnológicas, como una aplicación (app) para abogados y un sistema de verificación de litigar sin gastos en línea. También reseñó la mejora en la infraestructura judicial, con el Polo Judicial del Valle de Uco como la obra más relevante.
Asimismo remarcó que, el año pasado, el sistema judicial resolvió un alto porcentaje de casos en diversos fueros y avanzó en áreas como violencia de género y adopciones. Garay puso de relieve la importancia de la colaboración entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y mencionó la creación de unidades fiscales especializadas, así como mejoras en la lucha contra delitos como robos y homicidios.
En el ámbito de la defensa, el magistrado aseguró que se promovieron reformas en la atención al público, se mejoró la gestión interna y se fortalecieron las capacidades profesionales. También ponderó la implementación de un portal de datos abiertos para fomentar la transparencia.
Finalmente, Garay puso en valor la importancia de la retroalimentación ciudadana, destacando encuestas positivas sobre la gestión judicial, pero reconociendo que aún hay áreas que mejorar.
En esa línea, anunció la implementación de un sistema en línea para subastas judiciales y un sistema de consulta ciudadana para bienes recuperados del delito, buscando mejorar la accesibilidad y la transparencia en el proceso judicial.