El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, dio detalles del proyecto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo a la Legislatura para adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), impulsado a nivel nacional.
La iniciativa contempla que no se creen nuevos impuestos ni aumenten alícuotas durante diez años para empresas adheridas.
El ministro aseguró que las empresas que ingresen al régimen nacional accederán automáticamente a los beneficios provinciales.
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El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, dio detalles del proyecto enviado por el gobierno de Alfredo Cornejo a la Legislatura para adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), impulsado a nivel nacional.
Según explicó el funcionario, la iniciativa que fue anunciada por el Cornejo durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias, apunta a complementar los beneficios fiscales establecidos por Nación con herramientas provinciales orientadas a brindar mayor previsibilidad a las inversiones productivas.
Durante la presentación, Fayad señaló que el nuevo régimen surge como una alternativa similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque destinado a pequeñas y medianas empresas.
“El Congreso sancionó un régimen que era un pedido de muchas cámaras empresarias para extender beneficios a inversiones medianas y pequeñas”, sostuvo el ministro.
Según explicó el titular de Hacienda, el esquema nacional contempla incentivos vinculados al IVA y al Impuesto a las Ganancias, además de mecanismos de amortización acelerada y devolución de saldos a favor de IVA.
En ese marco, Fayad remarcó que las provincias también participan indirectamente del esfuerzo fiscal que implica el régimen debido a la coparticipación de impuestos nacionales.
“Las provincias ya estamos aportando nuestra parte porque Ganancias se coparticipa y gran parte del IVA también termina en las provincias”, indicó.
El proyecto provincial incorpora un beneficio adicional para las empresas que adhieran al régimen: estabilidad fiscal por un período de diez años desde la promulgación de la ley.
El ministro explicó que la estabilidad fiscal implica, por un lado, que no podrán crearse nuevos impuestos provinciales que afecten a los proyectos incluidos en el régimen y, por otro, que las alícuotas vigentes quedarán fijadas como tope máximo.
“No solo no se van a crear nuevos impuestos, sino que tampoco se van a poder aumentar las alícuotas existentes”, afirmó Fayad.
En ese sentido, sostuvo que la propuesta busca consolidar señales de previsibilidad económica que, según el Gobierno provincial, Mendoza viene sosteniendo en los últimos años a través de la reducción de impuestos vinculados a la actividad productiva.
Otro de los aspectos destacados por el funcionario es que la Provincia no incorporará requisitos adicionales para acceder al RIMI provincial. De esta manera, aquellas empresas o proyectos que obtengan la aprobación dentro del esquema nacional accederán automáticamente a los beneficios previstos por Mendoza.
Fayad explicó que la decisión apunta a evitar la creación de nuevas estructuras administrativas dentro del Estado provincial. “No hemos agregado condiciones distintas porque implicaría duplicar estructuras y equipos de evaluación”, sostuvo.
El ministro detalló además los umbrales de inversión establecidos en la normativa nacional. Para pequeñas empresas, el piso será de 600 mil dólares; para medianas empresas, de 3,5 millones de dólares; y para medianas tramo dos, de 9 millones de dólares.
A diferencia de otras provincias que establecieron actividades prioritarias dentro de sus adhesiones al RIMI, Mendoza optó por no fijar sectores específicos alcanzados por los beneficios. Según explicó Fayad, la decisión responde a la diversidad de la matriz productiva provincial y a la intención de simplificar el acceso al régimen.
“En Mendoza puede presentarse desde un hotel hasta una chacra. Preferimos que todos los que ingresen al régimen nacional puedan acceder automáticamente a los beneficios provinciales”, señaló.
De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, la adhesión al RIMI forma parte de una estrategia orientada a promover inversiones privadas y fortalecer sectores productivos a través de incentivos fiscales y previsibilidad tributaria.