En un comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas recordó que ninguna autoridad estatal, ya sea judicial o administrativa, puede imponer censura previa ni prohibir la publicación de información u opiniones, especialmente cuando se refieren a funcionarios públicos o temas de interés institucional.
Titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez
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Gentileza La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su enérgico repudio a la resolución del Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que dispuso el cese inmediato de la difusión —por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales— de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal y a sus funcionarios.
En un comunicado, la entidad recordó que ninguna autoridad estatal, ya sea judicial o administrativa, puede imponer censura previa ni prohibir la publicación de información u opiniones, especialmente cuando se refieren a funcionarios públicos o temas de interés institucional.
ADEPA subrayó además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que toda medida preventiva que limite la circulación de información constituye una restricción ilegítima de la libertad de expresión, salvo en los casos vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes.
“La comunicación y la crítica sobre la actuación de los poderes públicos sólo pueden generar responsabilidades ulteriores, pero nunca prohibiciones preventivas”, sostuvo la asociación.
Finalmente, ADEPA advirtió que decisiones de este tipo resultan contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y vulneran el derecho de la ciudadanía a informarse y debatir sobre asuntos de relevancia pública.