La diputada Stella Maris Huczak propone sanciones económicas más severas y medidas administrativas para quienes deben ser ejemplo de cumplimiento de la ley.
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Gobierno de Mendoza La diputada provincial Stella Maris Huczak (PRO) ha presentado un proyecto de ley que propone sanciones económicas más severas para funcionarios públicos que sean detectados conduciendo bajo los efectos del alcohol. La iniciativa surge a raíz de casos previos de funcionarios y legisladores provinciales o departamentales que han sido encontrados en esta situación, generando un debate sobre la ética y las consecuencias de sus actos.
En una charla con Aconcagua Radio, Huczak explicó que el principal motivo del proyecto es que “ nosotros como funcionarios públicos lo somos las 24 horas del día. Por lo tanto, nuestra conducta diaria tiene que ser ejemplo a seguir por muchos y tenemos que ser los primeros en cumplir las normas y las leyes”. El proyecto busca modificar la ley de tránsito para que, si un conductor “maneja en estado de embriaguez y es funcionario público, tenga un agravante y la multa sea mucho mayor”.
Actualmente, las multas por conducir alcoholizado oscilan entre 1 millón y 3 millones de pesos. La propuesta de Huczak es que estas multas para funcionarios públicos “vayan de 3 a 6 millones más o menos” y que “no se pueda cambiar por trabajo comunitario, sino que realmente tengan que pagar esa multa”. Además, el proyecto contempla que el juez vial “informe inmediatamente a la autoridad superior de este funcionario para que tome las medidas administrativas”.
La diputada reconoció la complejidad de legislar sobre la expulsión de funcionarios electos, ya que "ha sido electo por la ciudadanía". Sin embargo, enfatizó que la idea es que "les quede dentro de su legajo que ellos han infringido una ley".
En el caso de otros funcionarios no electos, como los de organismos autárquicos, Huczak señaló que “es mucho más fácil realizar un trámite administrativo por un superior que le pida la renuncia”. El proyecto busca alcanzar a todos los niveles de la administración pública, incluyendo organismos municipales, provinciales y autárquicos, pidiendo a estos últimos que “se adhieran voluntariamente”.
Huczak se mostró sorprendida por la “bastante persecución y bastante apoyo” que ha recibido la iniciativa. Aunque el proyecto aún no ha sido tratado debido al período extraordinario, la diputada espera que “cuando lo empecemos a trabajar en comisiones, va a tener más aceptación de la que esperábamos”.
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