El Ministerio de Seguridad instruyó a policías y preventores el registro en actas de los daños sobre bienes públicos en accidentes viales, que después se les cobrará a los conductores.
Accidente vial en la Costanera, por el cual un conductor debió pagar por los daños en infraestructura.
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Gobierno de Mendoza El Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, ajustó el procedimiento de actuación de la Policía Vial en los accidentes viales, con el fin de cobrarle a los conductores que ocasionan daños en los bienes públicos, ya sea infraestructura vial, señaléctica o luminarias, entre otros.
A través de la Resolución Nº 1855, publicada en el Boletín Oficial este martes, la ministra expuso la "necesidad de formalizar un procedimiento mediante el cual la Policía Vial de Mendoza, en el marco de su actuación ante siniestros viales, deje debida constancia de los daños ocasionados a bienes públicos, tanto provinciales como municipales, y notifique dichos daños a la Dirección Provincial de Vialidad y a los municipios correspondientes".
La funcionaria explica que la presente iniciativa tiene como propósito principal "fortalecer los canales de articulación interinstitucional y garantizar que los organismos competentes puedan ejercer las acciones legales o administrativas que estimen pertinentes, tendientes a la reparación o recuperación de los daños ocasionado”.
La resolución destaca que la Dirección Provincial de Vialidad posee competencia para gestionar el cobro y la reparación de daños a la infraestructura vial y además se ha ampliado su ámbito de intervención a algunas rutas nacionales.
Esto se suma a que la Ley N° 9024, en su artículo 15 inc. b), establece como competencia de la Dirección Provincial de Vialidad "la gestión de cobro de los daños causados a la infraestructura vial como consecuencia de accidentes de tránsito y en el marco de convenios de traspaso de jurisdicción, lo que refuerza la necesidad de un procedimiento sistematizado y eficiente de notificación".
Y la Ley N° 6063, en su artículo 17, dispone que la Dirección Provincial de Vialidad podrá "mandar a restituir el estado original de las cosas, siendo por cuenta del infractor los gastos que se originaren, sin perjuicio de la pena y de la indemnización o reparación de los daños ocasionados".
De esta forma, la ministra de Seguridad y Justicia resolvió:
"Artículo 1° - Instruir a la Dirección de Policía Vial, dependiente de la Dirección General de Policía del Ministerio de Seguridad y Justicia, a fin de que, en el marco de su intervención en procedimientos de siniestros viales, consignen en las actas los daños producidos a bienes públicos, tales como infraestructura vial, señalética, luminarias y otros.
Artículo 2º - Instruir a la Dirección de Policía Vial y a la Dirección de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial para que, coordinen con las áreas viales de los distintos municipios a que procedan de la misma manera, consignando en las actas los daños a bienes públicos, en el sentido de lo indicado en el artículo anterior.
Artículo 3° - Instruir a la Dirección General de Policía para que elabore un memorándum interno detallando el procedimiento a seguir para notificar a la Dirección Provincial de Vialidad los casos en donde se han consignado daños".
Hace menos de un mes, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llegó a un acuerdo judicial conciliatorio, por el que cobrará $8.500.000 por los daños que ocasionó un conductor, quien hace un año se estrelló contra un guardarrail de la Costanera Sur y provocó la destrucción de este y de una luminaria contra la que terminó impactando, además de dañar parte del cordón y la cartelería vial.
En marzo pasado, Vialidad Mendoza ya había llegado a otro acuerdo judicial conciliatorio, por $13,5 millones, con otro automovilista, que, en 2023, en estado de ebriedad, impactó en solitario a 153 kilómetros por hora contra la defensa central del Corredor del Oeste, derribó tres luminarias y causó otros daños.
Cada accidente vial o cualquier otra acción que produzca daños en el patrimonio de la Dirección Provincial de Vialidad, ya sea causado por acciones negligentes o fuera de la ley, son inmediatamente giradas por la DPV a la vía judicial para que las personas responsables paguen los gastos ocasionados, informaron desde Seguridad.
Con la nueva resolución, se apunta a ajustar el procedimiento de la Policía Vial y se invita a los municipios a que actúen de la misma forma, a través de sus preventores viales.