Este sábado se cumple un año del lanzamiento de $LIBRA, uno de los hechos más polémicos de la gestión de Javier Milei.
Hoy, con 44.000 damnificados en todo el mundo y una investigación judicial que avanza a paso lento, el destino de los fondos sigue siendo una incógnita.
Caso $LIBRA: el empresario estadounidense Hayden Davis junto a Milei
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Twitter Hayden Mark Davis Este sábado se cumple un año del lanzamiento de $LIBRA, uno de los hechos más polémicos de la gestión de Javier Milei.
Lo que comenzó a las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025 con un tuit promocional del mandatario, terminó convirtiéndose en una estafa global que afectó a miles de inversores y dejó un tendal de interrogantes sobre la participación del entorno presidencial en el esquema.
El Presidente presentó el token como un "instrumento" para financiar PyMEs de tecnología e inteligencia artificial en Argentina. Bajo el respaldo de la figura pública de Milei, el valor de la criptomoneda se disparó de forma inmediata, para luego desplomarse más de un 85% en cuestión de horas.
Los especialistas calificaron la maniobra como un "rug pull" o "estafa de salida", ejecutada cuando los creadores del token vendieron masivamente sus posiciones en el mercado.
A un año del colapso, se estima que más de US$ 100 millones aportados por inversores internacionales permanecen desaparecidos. Aunque el desarrollador estadounidense Hayden Davis afirmó inicialmente que el dinero pertenecía "a la Argentina" y prometió la creación de un fideicomiso, los fondos nunca aparecieron.
Por el contrario, la investigación sugiere que el capital se ha atomizado a través de una compleja red de billeteras virtuales.
En Argentina, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro, ha intentado desentrañar la conexión entre la Casa Rosada y los desarrolladores.
Los registros son comprometedores: el empresario Mauricio Novelli, señalado como el puente principal de la operación, registró diez ingresos a la Casa Rosada durante 2024, la mayoría autorizados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La situación legal se divide actualmente entre Buenos Aires y Nueva York. En Argentina, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano lideran una causa por presunta estafa y asociación ilícita. Sin embargo, la querella ha cuestionado la labor de Taiano, calificando el avance de la investigación como "cansino" y señalando posibles conflictos de interés, dado que su hijo trabajó para la Jefatura de Gabinete.
Por otro lado, en Estados Unidos Milei enfrenta una demanda colectiva en un tribunal federal de Nueva York, donde se lo acusa de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".
Desde el entorno libertario, la postura se mantiene firme en el deslinde de responsabilidades. Tras borrar la publicación original, el Presidente argumentó que su cuenta de X no debe considerarse un canal de comunicación oficial y sostuvo: “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”.
Hasta el día de hoy, el Gobierno insiste en que se trató de un "problema entre privados" y niega haber obtenido beneficios económicos del episodio.
Mientras tanto, los 1.329 damnificados confirmados en Argentina y los miles en el exterior continúan esperando que la justicia determine si el tuit presidencial fue una simple imprudencia o el motor necesario para una estafa millonaria planificada.