El oficialismo en la Legislatura asegura que no es un proyecto que esté en análisis para el corto plazo. San Luis debutará en tres semanas con exámenes toxicológicos aleatorios a sus funcionarios públicos.
Cámara de Senadores de Mendoza
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Prensa Legislatura La mayoría de los partidos políticos de Mendoza está de acuerdo, pero no se impulsa en la Legislatura ni desde el Gobierno, ya sea por falta de decisión política o directamente porque "no está en agenda". Se trata de un proyecto de exámenes toxicológicos para los funcionarios de Mendoza, tanto del Poder Ejecutivo, como también Legislativo y Judicial, con el objetivo de evitar el consumo problemático de drogas ilegales.
El ejemplo cercano es San Luis, que dentro de tres semanas arrancará oficialmente con un "narcotest" aleatorio a un universo de 1.500 funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, y que luego ampliarán a 10.000 con la integración de policías y médicos del sector de la Salud. El 5 de marzo se realizará un sorteo de 100 funcionarios, el 6 serán notificados, y el 7 les tomarán las muestras, confirmó esta semana el secretario de Ética Pública y Control de Gestión puntano, Ricardo Bazla.
“Esto tiende a garantizar que ningún funcionario público, de ninguno de los poderes, esté de los dos lados del mostrador. Y se enmarca en el eje de gobierno de lucha contra el narcotráfico y combate de la inseguridad”, explicó.
No está de más conocer el recorrido político que hubo en la provincia vecina, ya que en primer lugar el gobernador Claudio Poggi intentó vía legislativa llegar a una ley para realizar exámenes toxicológicos aleatorios a los funcionarios públicos. Pero como no hubo consenso para su aprobación, redobló la apuesta con un decreto provincial. Sin embargo, ante la "movida" del Ejecutivo, la Legislatura decidió volver a debatir el tema, y finalmente se aprobó la ley en noviembre del 2024, llamada "Ley de ejemplaridad y coherencia por parte de los poderes públicos en la lucha contra el narcotráfico".
En aquel momento, un mendocino celebró la medida (el decreto), y fue el diputado nacional Julio Cobos. "Ejemplificadora decisión del gobernador de San Luis, al establecer la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para determinar la presencia de sustancias ilegales -mientras dure la función pública- de las máximas autoridades políticas provinciales", dijo.
Y agregó: "Esta medida es un gran ejemplo a seguir por todos los poderes y por el resto de las provincias, como una forma de aportar en la lucha contra el narcotráfico. Espero que Mendoza avance en igual sentido e incluso que lo discutamos en el Congreso de la Nación".
Los Andes consultó a diversos dirigentes del Poder Legislativo, de los cuales la gran mayoría está de acuerdo con alguna medida similar a la de San Luis, pero no se tratará al menos por ahora.
En el oficialismo, que es quien tiene votos necesarios tanto para instalar los temas, como así también establecer el debate legislativo (por tener mayoría en ambas cámaras y también en las comisiones donde se analizan de manera preliminar las iniciativas), no le han dado importancia por ahora.
Por ejemplo, Hebe Casado recordó que en 2018, cuando era diputada, su compañero de banca, Pablo Priore -actualmente su mano derecha en el Senado-, presentó un proyecto para controles de adicciones a todos los funcionarios de gobierno, legisladores y policías de Mendoza. La iniciativa tuvo el acompañamiento de la propia Casado y también Álvaro Martínez, hoy diputado nacional y adversario político de ambos.
Al margen, informó que hoy "no está en agenda" retomar ese tema.
Lo mismo respondió a este medio el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien sostuvo que vio la noticia del proyecto en San Luis, pero se limitó a adelantar que no lo están estudiando.
De forma reciente, La Unión Mendocina (LUM) pidió en el Senado un despacho de preferencia para el debate de otro expediente, el 80089 que presentó Marcos Quattrini, que va en la misma línea que San Luis, dijo el titular de la bancada, Germán Vicchi.
El proyecto fue presentado hace un año, el 31 de enero del 2024. "Establece como requisito de permanencia en niveles políticos y jerárquicos de la función pública el no ser consumidor problemático de drogas ilegales. Así, se busca garantizar que los funcionarios públicos sean ejemplo de ética, probidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones", señaló el legislador.
La iniciativa exige exámenes toxicológicos cada año a todos los funcionarios públicos comprendidos en la ley 8993 (Gobernador y vice, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, legisladores, directores generales legislativos, miembros de la Suprema Corte, magistrados -jueces, defensores oficiales y fiscales-, secretarios y prosecretarios judiciales, intendentes y concejales, entre otros.
Quattrini mencionó que el proyecto está en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) e indicó que espera que "el caso de San Luis sea un impulso para que se debata. No debería haber pasado tanto tiempo".
Los Andes dialogó con el titular de la comisión de LAC, el senador radical Walther Marcolini, pero también respondió de manera escueta, echando por tierra la posibilidad de un análisis en el corto plazo. "No está en la agenda", mencionó. Sobre la pregunta de si es el Ejecutivo quien dictamina los temas "de agenda" en la Cámara Alta, aseguró que es "el Senado".
Desde el peronismo, la jefa de bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, marcó como importante que se debata el proyecto pero agregó que el oficialismo "como con muchos temas, no quiere avanzar". "Nos resulta coherente y aceptable que un funcionario público, que tiene la obligación de denunciar delitos, sea conocedor por su propia realidad, de la existencia de una cadena de producción y venta de sustancias ilegales".
También dijo que cree importante que la iniciativa se enfoque "para trabajar en el consumo problemático, que es un flagelo muy grande y no exclusivo de clases sociales ni franjas etarias".
Dentro de Cambia Mendoza, el legislador Enrique Thomas sí apoyó la medida tomada por Poggi y la Legislatura. "Me parece muy bueno, sobre todo porque es aleatorio, porque el costo lo paga el funcionario y porque todo lo que haga a la defensa del honor y la independencia del funcionario respecto a las drogas, es bueno", dijo.
Para Thomas, funcionaría este tema "en una clase de dirigente que ha estado cuestionada mucho en los últimos tiempos". "Me parece necesario y puede colaborar a que Mendoza siga mostrando una clase de dirigente distinta, prestigiada, respecto a otros casos que frecuentemente vemos en los noticieros nacionales de desprestigio de clase de dirigente y de funcionarios políticos que conducen los destinos, en este caso, de una provincia".
Para Laura Balsells Miró, del Pro, le parece "excelente" el proyecto y señaló que los políticos son quienes "debemos ser y dar el ejemplo", y "si bien hay situaciones que son del ámbito privado, siempre debemos promover la transparencia y la confianza".
Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto tuvo una opinión distinta. "Creo que esto no es abordar la problemática real; se apunta al que consume y no a quienes manejan el sistema".
"El consumo problemático es una temática que debe ser abordada de manera integral. Controlar la eficiencia de los funcionarios en base a esto parece ser la forma de desviar la atención de lo importante en Mendoza que es la crecida del narcotráfico en los barrios y la falta de contención que tienen quienes son hoy víctimas de este flagelo social y que afecta a muchísimas familias", consideró.
A partir del 5 de marzo arrancará en San Luis el proceso de examen toxicológico a funcionarios, que buscará restos de cocaína, marihuana, anfetaminas y otras drogas legales en cantidades excesivas. El costo del mismo ronda los $40.000 y deberá ser abonado por el propio funcionario sorteado y será descontado de su bono de sueldo.
En caso de que se detecte la presencia de sustancias ilegales en un funcionario, las autoridades aplicarán medidas de contención y asistencia, como licencias, la suspensión temporal de funciones, o incluso el cese en el cargo, dependiendo del caso y conforme a la legislación vigente y la Constitución provincial.
En caso de que alguien no quiera realizarse el examen, eso está previsto en la ley y en la reglamentación. “No someterse al análisis toxicológico será considerada una falta grave. En el caso del Poder Ejecutivo, implica el decreto de cese en el ejercicio de las funciones", dijo Bazla esta semana.
La obligatoriedad del examen comprenderá a la totalidad de los funcionarios públicos, como el Gobernador, todo el equipo del Ejecutivo provincial, los miembros del Superior Tribunal de Justicia y todos los integrantes del Poder Judicial y del ministerio Público Fiscal, así como también el Vicegobernador como presidente de la Asamblea Legislativa y todos los legisladores provinciales, senadores y diputados provinciales, más las mesas directivas de ambas cámaras.