Violencia de género en Mendoza: 112 agresores y víctimas son monitoreados por GPS

Su cuerpo se estremeció al verlo de frente, ya en su propia casa, a medio metro de distancia. Era el hombre que días antes había denunciado por la violencia a la que la sometía y por el que la Justicia había dispuesto una prohibición de acercamiento. El mismo sujeto por el que luego se dispuso que un rondín policial la visitara en su casa en la esquina de Lencinas y La Florida, en Rivadavia, cada cortos lapsos para comprobar que estuviera bien.

Su asesino aprovechó ese intervalo para dispararle a Alicia Galetto (68) cuatro tiros, dos por la espalda, y terminar con su vida. Actualmente, en Mendoza 112 personas -víctimas y agresores- son controladas con un sistema más efectivo: el monitoreo con pulseras duales. Aunque el miedo de las víctimas y la sensación de vulnerabilidad son los mismos.

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Este sistema se implementó por primera vez en Mendoza en 2017 y la provincia fue pionera en su aplicación. Aunque para llegar al uso de estos dispositivos en la Unidad Fiscal de Violencia de Género deben evaluar varios aspectos. “Todo depende de la gravedad de la situación y los antecedentes de la causa. Hay que determinar si hay denuncias anteriores, cuál es la característica del hecho; por ejemplo, si ha habido un grado de violencia importante, si la mujer no tiene ningún otro lugar adonde ir”, explica Daniela Chaler, la jefa de esa unidad fiscal.

Por semana se reciben aproximadamente 150 denuncias por violencia de género pero no todas generan restricciones de acercamiento. Esta es la primera herramienta con que cuenta la Justicia para preservar la integridad de la víctima. “En caso de una prohibición de acercamiento, al hombre se le pide que ofrezca un domicilio alternativo para irse del que compartía con la víctima. Y en el caso de que no cuente con otro domicilio, y dependiendo también de las características del hecho, se trata de asegurar el cumplimento de la prohibición con una caución real, con una fianza”, detalla la jefa de los fiscales de Violencia de Género.

Y aclara: “De esas denuncias, en no todas se dispone una restricción porque en muchas la víctima simplemente quiere ir a hacer una denuncia y no necesariamente solicita una medida de protección. Cuando la solicita, la que es más común que se imponga es una prohibición de acercamiento. Entonces, se comunica a la Secretaría Tutelar para que disponga una prohibición de acercamiento, que generalmente es provisoria, hasta tanto la víctima concurra a la Justicia de Familia a ratificar el pedido y a explicar los motivos”.

Dependiendo de la gravedad de la situación, otro de los recursos es un rondín policial, que consiste en la visita periódica de efectivos en horarios aleatorios, por ejemplo cada 20 minutos, a la vivienda de la denunciante para controlar que el imputado no se haya acercado al lugar. Con cada paso del móvil, los policías hacen firmar una planilla a la denunciante confirmando su presencia.

Una consigna policial fija es una opción más severa por la que uno de los cinco fiscales de Violencia de Género puede optar. En este caso un efectivo uniformado es apostado en la puerta de la vivienda de la víctima las 24 horas del día.

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Es difícil establecer la cantidad exacta de consignas policiales dispuestas en la actualidad en la provincia ya que su implementación varía. Y la duración de una medida de este tipo puede variar dependiendo de diversas circunstancias. “Los rondines van cambiando permanentemente: algunos van cayendo porque son, por ejemplo, por tres días, por una semana. El tiempo de duración de la medida depende del criterio del fiscal, dependiendo de las características del hecho que se denuncia”, apunta Chaler.

Un sistema efectivo

En el Gran Mendoza hay 76 pulseras duales colocadas, con las que se monitorea a 112 personas. Es decir que 38 parejas (denunciante y agresor) son controladas constantemente a través de dispositivos de geoposicionamiento dual. En la zona Sur provincial son 18 las parejas controladas con este sistema, según datos aportados a Los Andes por el Poder Judicial.

“Para los casos más graves aún, en donde la determinación puede estar dada por el informe del ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) que diga que hay un riesgo alto de ocurrencia de violencia física hacia la víctima, se colocan las pulseras duales”, detalla Chaler.

Estas pulseras, o tobilleras, están programadas a una distancia de unos 500 metros aproximadamente. La víctima debe prestar su consentimiento para la colocación de la pulsera. “El sistema funciona, por un lado con el agresor, con una pulsera que no se puede sacar, y a la mujer se le entrega un dispositivo que tiene la apariencia de un teléfono celular”, explica la fiscal en jefe.

Y suma: “La mujer tiene que asumir la responsabilidad de andar con ese aparato, de tenerlo siempre con batería, de llevarlo con ella porque se programan para una cierta distancia y arroja un alerta, tanto a la víctima como al victimario, de que hay acercamiento de los dispositivos. La Policía se comunica con el agresor para decirle que se está dando una alarma de que se está acercando a la víctima así él se aleja, porque a veces ese acercamiento no es voluntario”.

“A su vez se comunican con la víctima para advertirle que el victimario se encuentra cerca del radio que toma el aparato. Si el agresor persiste con el acercamiento, se ordena el desplazamiento del personal policial”, concluye la magistrada.

El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad provincial, Néstor Majul, coincide con Chaler y agrega: “Cualquier móvil que esté cerca se activa inmediatamente para que acuda al lugar y proteja a la víctima. Hemos encontrado personas que han violado la prohibición de acercamiento a 700 metros de llegar a la casa. Como tiene un GPS se puede ir viendo dónde está el agresor”.

“El personal policial capacitado tiene a cargo la parte operativa del programa: la instalación, el monitoreo y la visualización, con asiento físico en el centro de monitoreo del 911. Afortunadamente, no hemos tenido ninguna situación que lamentar. Es un sistema que viene funcionando muy bien”, analiza Majul y agrega que la provincia cuenta con un centenar de estos dispositivos.