Un hombre que evitó enfrentar un juicio oral por abuso sexual, deberá indemnizar por un monto millonario a una excompañera de trabajo que lo denunció por una larga secuencias de agresiones sexuales cometidas en un ascensor, luego de una fiesta de Fin de Año.
Así lo estableció el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, en uno de los últimos fallos ordenados el año pasado, estableciendo que el denunciado, le pague a la denunciante $ 25.228.000, suma que actualizada con los intereses llega a unos $ 30.000.000.
El 12 de diciembre de 2020 la Asociación Bioquímica de Mendoza organizó una fiesta de Fin de Año y al finalizar, el demandado, J. A. R., llevó a la mujer a su departamento ubicado en Ciudad. Al llegar él le pidió pasar al baño y cuando subieron al ascensor, le hizo comentarios de tipo sexual que a ella la incomodaron.
Según consta en la demanda, al bajar, inesperadamente, el hombre “la besó violentamente sin ningún aviso ni consentimiento previo, quedándose paralizada, mientras él le agarraba los brazos comenzaron a forcejear mientras ella gritaba que no”.
Cuando el ascensor llegó a planta baja, ella abrió la puerta para salir y él la empujó, cerró la puerta y tocó el botón para subir nuevamente. “Ante la negativa de la mujer, la sostuvo contra la pared con las manos sobre la cabeza, le tiraba el cuerpo encima, le pasaba la lengua por la cara, con sus piernas trataba de abrir las de ella y frotaba sus partes íntimas sobre las de ella”.
Siempre según la denunciante, la agresión sexual continúo con más violencia, con el ascensor en movimiento: hubo salvajes tocamientos mientras ambos forcejeaban, llegando a dejarla con el torso desnudo.
Cuando el ascensor volvió a bajar la mujer logró abrir la puerta y el hombre volvió a tomarla de pelo para volver a abusarla, al tiempo que la agredía verbalmente.
Temerosa que el sujeto la golpeara e incluso la violara, ella seguía defendiéndose hasta que logró neutralizarlo. En ese momento el agresor le dijo que se había olvidado arriba la llave del auto.
Volvieron a subir, ella abrió, pero optó por no entrar al departamento por miedo a que no pudiera sacarlo. Cuando bajaban, se volvió a repetir la misma secuencia de abusos: “Volvió a realizar tocamientos en sus partes íntimas, agarró su ropa interior hasta que llegaron abajo de nuevo”.
Entonces la mujer salió corriendo afuera del edificio y el hombre se quedó adentro diciéndole que entrara. Cuando le dijo que se iba, ella entró y “la agarró de los pelos y la volvió a poner contra la pared, diciéndole nuevamente cosas referidas al sueño erótico”. En ese momento llegó la camioneta de un vecino y ella puso liberarse y cerrar la puerta de edificio.
Al día siguiente, con su psicólogo, que le sugirió denunciar. Por lo que el 14 de diciembre se dirigió a la Oficina de Género, mujeres y diversidad de la municipalidad de Capital donde la contuvieron y le explicaron cómo formalizar la denuncia penal que luego realizó.
Ella siguió trabajando en forma remota en la Asociación bioquímica de Mendoza, pero cuando le dijeron que volviera a trabajar de forma presencial se agravó la situación emocional de la joven por lo que tomó una licencia común y luego una psiquiátrica.
Luego, según la presentación judicial, se le “hizo imposible continuar con la relación laboral, sin garantías de seguridad para su integridad física, psicológica y sexual, se llegó a un acuerdo en el que se dio por terminada la misma”.
Al momento de interponer la demanda civil contra el hombre, la víctima reclamó los siguientes rubros: a) daño emergente (gastos) la suma de $ 228.000 y b) daño extrapatrimonial la suma de $ 4.045.000.
Un relato inventado
El denunciado contestó la demanda civil sosteniendo que la mujer “ha inventado un relato falso en tanto el hecho denunciado nunca existió ya que el demandado nunca ingresó al edificio de la mujer”.
Agregando que “lo que ella no contó es que la noche en cuestión y atento a que él estaba en pareja con otra mujer con quien se iba a casar, surgió una discusión entre ellos, pues J. había albergado la esperanza de que pudieran iniciar una relación juntos”.
La denuncia penal terminó con una suspensión de juicio a prueba o probation que “es una salida alternativa al proceso penal que evita el juicio oral y la condena, pero no implica una declaración de inexistencia del hecho o de inculpabilidad del imputado”.
El fallo
Con este panorama el Segundo Tribunal de Gestión Asociada emitió un fallo con perspectiva de género, considerando que, si bien sus compañeros de trabajo no pudieron aportar información, “es una circunstancia habitual en estos casos. El abuso sexual, por definición, suele ser un acto privado, oculto y manipulador”: el agresor rara vez actúa de forma violenta o evidente en público o frente a terceros, sino que mantiene una fachada de normalidad que hace que el entorno laboral o social no perciba la situación.
Para el tribunal lo preponderante es la declaración de la denunciante y las pericias psicológicas y psiquiátricas a las que fue sometida y cuyos resultados indicaron que no fabula y su relato es espontáneo, detallado, contextualizado, lógico y coherente.
“Considero así entonces que existen indicios serios y concordantes que me llevan a presumir que el hecho violento existió y generó el daño cuyo resarcimiento reclama la actora en esta causa sin que el demandado haya podido demostrar lo contrario”, sostiene el fallo.
A la hora de cuantificar la sentencia, el tribunal consideró la suma de $228.000 en concepto de gastos y $ 25.000.000 por daño moral, más los intereses vigentes.
“No puedo dejar de recalcar que el simple hecho de que otorgar una suma de dinero por el daño sufrido por este hecho aberrante, no significa que el mismo cesará, en tanto se trata -desgraciadamente- de algo que le dejará marcas de por vida, no existiendo monto alguno que permita a la actora olvidarse de lo sucedido, más considero que sí quizás ayude a sobrellevar o paliar de alguna manera tan duras y doloras consecuencias que ello le ha ocasionado”, finaliza diciendo el tribunal.