Una década de abuso: condenaron a un hombre por someter a una adolescente a una relación forzada
Un hombre de 58 años fue condenado a 10 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual. Ademas fijaron una suma de 38 millones por daños.
El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a José Rolendio Polo a 10 años de prisión por trata de personas y abuso sexual reiterado contra una adolescente.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín dictó sentencia que puso fin a 10 años deexplotación sexual prolongada. José Rolendio Polo, un hombre de 58 años, fue condenado a 10 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual reiterado. La víctima, una joven que comenzó a ser sometida cuando estaba por cumplir 15 años, vivió casi una década bajo un sometimiento que el juez calificó como una "modalidad contemporánea de servidumbre matrimonial" o "matrimonio forzado". Durante ese período, nacieron dos hijos fruto de la explotación, lo que profundizó la dependencia de la mujer.
El fallo, emitido por el juez José Antonio Michilini, coincidió con el pedido del fiscal general Alberto Adrián María Gentili. Se trata de un caso agravado por el abuso de una situación de vulnerabilidad extrema y por haberse consumado la explotación cuando la víctima era menor de 18 años. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó una reparación económica de 38 millones de pesos por daño material y moral, el decomiso de un teléfono celular usado en los delitos y la inclusión del ADN del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
Este caso reveló, según laJusticia, cómo la trata de personas puede ocultarse bajo apariencias de relaciones cotidianas, sin necesidad de traslados forzados o encierros evidentes. El fiscal Gentili lo describió en el juicio como una "compra de una persona menor de edad por un precio, con la finalidad de someterla a una unión forzosa asimilable a un matrimonio o concubinato". El juez Michilini enfatizó que la víctima fue privada de su autonomía, sometida a coacciones psicológicas y económicas que la mantuvieron en una explotación sexual prolongada.
Los orígenes de la vulnerabilidad: un infancia marcada por abusos
La historia de la víctima comenzó lejos de Buenos Aires. A los 10 años, dejó Formosa para mudarse al barrio Marabó de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y vivir con un tío materno. Polo vivía cerca, junto a su familia. Sin embargo, la vulnerabilidad de la niña se acentuó pronto: a los 12 años, su madre la envió a convivir con un hombre seguidor del rito umbanda, donde sufrió intentos de abuso. Posteriormente, bajo presiones económicas y amenazas, la madre la obligó a prostituirse con familiares, conocidos y en una casa de tolerancia.
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La Justicia consideró que la “unión de hecho” impuesta configuró una forma de matrimonio forzado y ordenó una indemnización de 38 millones de pesos a la víctima.
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En 2011, cuando la joven estaba por cumplir 15 años, la madre arregló un encuentro sexual con Polo a cambio de dinero y mercadería. De esa relación nació el primer hijo. Pese a las presiones maternas para interrumpir el embarazo, la víctima decidió tenerlo. Polo le reconoció la paternidad, lo que generó una dependencia psicológica profunda. El condenado argumentaba que "nadie iba a estar con ella porque tenía 15 años y un bebé", una frase que, según el expediente, reforzaba el control sobre la joven.
Con el tiempo nació un segundo hijo, consolidando una "unión de hecho" impuesta. La víctima, sin red familiar ni recursos económicos, quedó atrapada en un ciclo de dependencia afectiva inducida y explotación. La investigación destaca cómo Polo abusó de esa situación de precariedad para mantener el sometimiento durante años.
La denuncia y el quiebre: violencia que llevó a la Justicia
La situación escaló en 2020, cuando la víctima comenzó a resistirse. Polo respondió con violencia doméstica, hostigamiento y amenazas de muerte. En un episodio extremo, incendió la vivienda de la joven mientras sus hijos —de 3 y 9 años— estaban dentro. Esto motivó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y, finalmente, el 28 de junio de 2022, la llamada a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Esa denuncia inició la causa federal. La joven señaló no solo a Polo, sino también a su madre y tíos. La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal de Mercedes, reveló el entramado de vulnerabilidad familiar que facilitó la explotación. Durante el juicio, la defensa de Polo negó los hechos y pidió absolución, mientras que la querella solicitó una reparación superior a los 40 millones de pesos. El tribunal fijó 38 millones, un monto significativo que reconoce el profundo daño sufrido.
Los fundamentos de la sentencia se conocieron recientemente, destacando la gravedad social del caso. La investigación contra la madre y otros familiares permanece abierta en la Justicia Federal de Mercedes, lo que podría derivar en nuevas condenas por complicidad en trata.
