Este jueves condenaron a 10 años de prisión a una familia responsable de un grave caso de trata de personas con fines de matrimonio infantil contra una menor en la provincia de San Juan.
Tras una compleja investigación que unió a cuatro provincias, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal dictó sentencia contra los responsables de un caso de trata agravada.
Condenaron a 10 años de prisión a una familia por trata de personas y matrimonio forzado en San Juan
Foto:
Este jueves condenaron a 10 años de prisión a una familia responsable de un grave caso de trata de personas con fines de matrimonio infantil contra una menor en la provincia de San Juan.
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan, dependiente de la Región X con asiento en la provincia de Mendoza. Los condenados: Alberto (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco (24) sometieron a la joven a una unión forzada bajo prácticas de la comunidad gitana cuando ella tenía apenas 13 años y él 20.
La trama comenzó en abril del año pasado, cuando una denuncia anónima a la línea de emergencias 911 alertó sobre el presunto secuestro de una joven en el departamento de Caucete. Allí, la joven intentó escapar con su hijo en brazos y fue reducida por los acusados.
La rápida activación de los protocolos de seguridad permitió a las fuerzas de seguridad interceptar un vehículo en el que se trasladaba la menor de edad junto a su hijo recién nacido, custodiada junto a la familia hoy condenada.
Las pesquisas posteriores revelaron un escenario de sometimiento extremo. Según informaron, la joven fue obligada a contraer matrimonio con el hijo de la familia captora y forzada a asumir la maternidad bajo prácticas culturales de la comunidad gitana.
Durante su cautiverio, la víctima fue trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, con el objetivo de mantener su control y ocultamiento.
El informe judicial detalló que la menor padeció múltiples formas de violencia, incluyendo agresiones físicas y psicológicas constantes. También explotación laboral y privación alimentaria, y restricción total al sistema de salud, a pesar de estar en fase de lactancia.
Además de la pena de 10 años de prisión, el tribunal dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la víctima, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
El esclarecimiento del hecho fue posible gracias a un arduo trabajo de inteligencia criminal que incluyó el entrecruzamiento de información para reconstruir la línea temporal del sometimiento.
Fue fundamental la colaboración de las Unidades de Investigación de Gendarmería de las distintas provincias afectadas y el trabajo articulado entre el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
La solidez de las pruebas recolectadas permitió sostener la acusación durante el debate oral, logrando que la justicia federal dictara la pena de una década de reclusión para los involucrados, consolidando la hipótesis de explotación que motivó el operativo inicial.