En un procedimiento coordinado por la Procuración bonaerense, se detuvo a 24 estafadores en 90 allanamientos simultáneos en distintas provincias. La estafa con criptoactivos generó pérdidas valuadas en $3 mil millones.
Una de las detenciones realizadas en Mendoza. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.
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Tres mendocinos fueron detenidos en el marco de una investigación por estafas de inversión, aplicaciones falsas y criptoactivos ilícitos que dejó como saldo 24 personas detenidas y más de USD 8 millones en criptomonedas secuestradas en la provincia de Buenos Aires. Según información de la Procuración bonaerense, que coordinó las acciones, las estafas generaron un perjuicio económico por casi $3.000.000.000.
“En el marco del operativo nacional “Fake Coins”, la Policía de Mendoza realizó procedimientos en Maipú y Tunuyán junto a la Fiscalía de Azul y otras jurisdicciones del país, en una causa vinculada a falsas inversiones, plataformas fraudulentas y maniobras con criptomonedas”, anunció la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, a través de X.
Además de los tres detenidos locales, se secuestraron teléfonos, notebooks y dispositivos electrónicos que podrían ser clave para avanzar en la investigación.
La organización operaba utilizando falsas plataformas de inversión, hackeos de WhatsApp y supuestos asesores financieros para estafar a las víctimas. A partir de más de un centenar de hechos denunciados en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, se procedió a un análisis en conjunto que detectó modalidades similares de fraude que comienzan, habitualmente, con publicaciones o contactos directos que prometen ganancias rápidas y seguras, informaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.
Se comprobó que en las estafas también se utilizan logos, nombres, dominios de correo electrónico y diseños web que imitan a instituciones y/o empresas reales.
En algunas ocasiones, recurrían al uso de la imagen de figuras públicas, celebridades o de expertos financieros para validar el fraude. Luego de captar la atención de la víctima, los estafadores simulan operaciones financieras o bursátiles y solicitan sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto.
El operativo fue coordinado por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos a cargo del Dr. Rafael García Borda y de la Dra. Sabrina Lamperti, bajo la dirección de la Secretaría de Política Penal de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Francisco Pont Vergés.
Esto corresponde a la labor llevada a cabo por agentes fiscales e investigadores referentes de 10 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
También participó la Policía Federal Argentina, a través de la Dirección General de Cibercrimen a cargo del comisario mayor Adrián Acosta, que efectivizó los allanamientos con alcance federal e impacto simultáneo en distintos puntos del país.
La investigación contó, además, con la colaboración de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, en el marco de un trabajo articulado e interjurisdiccional, a cargo de Mercedes Rus, así como de los juzgados de rogatorias de CABA y de las provincias de Misiones, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.
Participó también personal especializado de la División Investigaciones Cibercrimen AMBA SUR III – Florencio Varela de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Como resultado de estos procedimientos, se procedió al secuestro de casi $60.000.000 y a la incautación de criptoactivos por más de 8.000.000 USDT (equivalente a más de 8 millones de dólares en criptoactivos), así como CPU, tablets, computadoras y 80 teléfonos celulares.
Los montos incautados y congelados, con la colaboración de empresas privadas proveedoras de servicios de activos virtuales, representan el mayor volumen de incautación registrado en los últimos tiempos, superando los más de 2 millones de dólares estadounidenses secuestrados por el equipo especializado en criptoactivos durante la operación RainbowEx, en 2024.
En el marco de varias de las investigaciones, los especialistas detectaron la utilización de una aplicación disponible para descarga en Google Play Store, mediante la cual se inducía a las víctimas a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones con supuestas ganancias reales. No obstante, los investigadores advirtieron que el hecho de que una aplicación se encuentre publicada en la tienda oficial de Google no garantiza su autenticidad ni la veracidad de las operaciones financieras que promete.
Los investigadores también advirtieron sobre el crecimiento sostenido de este tipo de maniobras en todo el país, en las que numerosas víctimas realizan inversiones en plataformas falsas o en aplicaciones que imitan a servicios financieros legítimos.
En muchos casos, las personas siguen instrucciones brindadas por supuestos asesores o referentes financieros que no se encuentran registrados como idóneos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que incrementa el riesgo de fraude y dificulta la trazabilidad de las operaciones.
En otra de las causas, la investigación reveló una maniobra de estafa en la que los autores contactaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos; tras obtener sus números telefónicos mediante un presunto hackeo, les ofrecían operaciones de compra de dólares. En dos de los casos analizados, las víctimas transfirieron sumas millonarias que luego fueron derivadas a distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales, desde donde parte del dinero fue utilizado para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance.
Posteriormente, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. La pesquisa permitió identificar domicilios vinculados a los titulares de las cuentas utilizadas en Mendoza y González Catán, mientras que las intervenciones telefónicas sobre el IMEI empleado para contactar a las víctimas revelaron la recepción de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business, presuntamente utilizados para habilitar nuevas líneas telefónicas destinadas a la operatoria fraudulenta. En particular, en esta investigación correspondiente al Departamento Judicial de Azul, se procedió al secuestro de 4025 USDT de cuentas radicadas en el extranjero.
En el Departamento Judicial de San Isidro, también se pudo avanzar en la investigación de una organización criminal de origen chino, que derivó en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos.
Según la pesquisa, la banda se dedicaba a la creación, desarrollo y distribución de plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y que, además, funcionaban como programas “infostealer”, diseñados para sustraer ilegalmente información de los usuarios. A través de tareas de trazabilidad sobre las operaciones con criptomonedas, los investigadores lograron identificar e incautar flujos de dinero vinculados a las maniobras ilícitas.