19 de mayo de 2026 - 08:09

Tragedia en San Martín: un joven policía se quitó la vida y reabrió el debate sobre la salud mental en la fuerza

El auxiliar de la Policía de Mendoza tenía 27 años y trabajaba en el Palacio de Justicia. Semanas antes había manifestado intenciones de autolesionarse y le habían retirado el arma reglamentaria.

La muerte de un joven auxiliar de la Policía de Mendoza generó conmoción en San Martín y volvió a encender las alarmas sobre la salud mental dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia. El efectivo, identificado como Stefano Fernando Cereni Ojeda, de 27 años, fue hallado sin vida este lunes en su vivienda de calle Berutti.

El caso adquiere una dimensión aún más sensible porque, apenas 37 días antes, el uniformado había atravesado una situación crítica vinculada a su salud mental. Según trascendió, el 11 de abril su madre había realizado una llamada al 911 luego de que el joven manifestara intenciones de autolesionarse. A partir de ese episodio, y por disposición judicial, las autoridades secuestraron preventivamente su arma reglamentaria y el chaleco balístico.

En aquel momento también se ordenó la intervención de las áreas de Investigaciones y Salud Mental, en un intento de activar mecanismos de acompañamiento y seguimiento. Sin embargo, el desenlace fatal volvió a dejar expuestas las limitaciones estructurales que existen para asistir de manera sostenida al personal policial que atraviesa cuadros de crisis emocional o psicológica.

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Stefano Fernando Cereni Ojeda, de 27 años

Stefano Fernando Cereni Ojeda, de 27 años

La noticia provocó profundo dolor entre familiares, amigos y compañeros de trabajo del joven auxiliar, quien prestaba funciones en el Palacio de Justicia. También generó preocupación nuevas críticas hacia las condiciones en las que muchos efectivos desarrollan sus tareas cotidianas, atravesadas por extensas jornadas laborales, presión constante y exposición permanente a situaciones traumáticas.

En la Zona Este, distintos sectores vinculados a la seguridad vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la necesidad de fortalecer las redes de contención psicológica para policías y personal penitenciario. El debate, que suele reaparecer después de episodios de estas características, vuelve ahora con fuerza en torno a la necesidad de implementar políticas preventivas más efectivas, seguimiento profesional continuo y dispositivos de asistencia accesibles para quienes integran las fuerzas.

Mientras avanza la investigación judicial para esclarecer las circunstancias del hecho, el caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática silenciosa que atraviesa a numerosas instituciones de seguridad en todo el país: el impacto emocional y psicológico que conlleva el ejercicio diario de la función policial.

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