La Justicia concluyó que el Hospital Perrupato no logró garantizar la seguridad sanitaria durante la internación de una enfermera accidentada en 2011. La mujer sufrió una infección ósea severa que derivó, años después, en la amputación de una pierna.
Hospital Perrupato. (Los Andes)
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El Tribunal de Gestión Asociada de San Martín condenó al Hospital Alfredo Ítalo Perrupato a pagar una indemnización superior a los 214 millones de pesos a una mujer que perdió una pierna luego de contraer una infección durante su internación en ese centro asistencial.
La sentencia, que responsabiliza al hospital por incumplir el deber de seguridad hacia la paciente, considera acreditado que la infección fue adquirida dentro del establecimiento sanitario y que las complicaciones derivadas terminaron provocando una discapacidad irreversible.
La demandante, en septiembre de 2011 tenía 49 años y trabajaba como enfermera. Todo comenzó el 2 de septiembre de ese año, cuando sufrió un accidente vial que le provocó politraumatismos y una luxofractura expuesta en el pie derecho.
Tras el siniestro fue trasladada de urgencia al Perrupato, donde quedó internada y fue sometida a una intervención quirúrgica destinada a estabilizar las lesiones mediante la colocación de clavijas y un sistema de tracción esquelética.
Sin embargo, de acuerdo con el fallo judicial, apenas 72 horas después de la cirugía comenzaron a aparecer signos compatibles con un proceso infeccioso en la zona lesionada. A partir de ese momento se realizaron distintos cambios de antibióticos y consultas con especialistas en infectología, aunque la evolución clínica nunca logró revertirse.
El cuadro se agravó con el paso de las semanas. El 4 de octubre de 2011, los médicos decidieron realizar una nueva operación para retirar el material de osteosíntesis debido a una infección evidente en la zona intervenida.
Tres días más tarde, estudios bacteriológicos confirmaron la presencia de Staphylococcus warneri, una bacteria grampositiva que forma parte habitual de la microbiota de la piel y que, en condiciones normales, no suele provocar enfermedades. Sin embargo, puede transformarse en un agente infeccioso oportunista en pacientes internados o sometidos a procedimientos invasivos, especialmente cuando existen implantes o material quirúrgico.
Según quedó expuesto en la causa, la mujer continuó padeciendo dolores intensos y complicaciones pese al tratamiento antibiótico indicado. Aun así, recibió el alta médica el 12 de octubre de 2011 para continuar de manera ambulatoria.
Con el paso de los meses, lejos de mejorar, el cuadro empeoró. Finalmente, en marzo de 2012 decidió buscar atención médica en el ámbito privado. Allí nuevos estudios determinaron que padecía osteomielitis, una infección ósea severa y persistente que no había sido erradicada.
Desde entonces comenzó un largo proceso marcado por intervenciones quirúrgicas, tratamientos prolongados, limitaciones físicas y un deterioro progresivo de su estado general. La evolución terminó derivando en la amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla.
Durante el juicio, la defensa del hospital intentó sostener que la infección podía estar relacionada con la propia fractura expuesta producida en el accidente vial, una lesión que de por sí presenta altos riesgos de contaminación.
No obstante, el tribunal descartó esa hipótesis luego de analizar las pericias médicas incorporadas al expediente.
Uno de los elementos considerados clave fue el informe elaborado por el perito traumatólogo. Allí se indicó que una muestra tomada el 23 de septiembre de 2011 no había presentado desarrollo bacteriano, dato que para la Justicia permitió inferir que la infección apareció con posterioridad, ya durante el proceso de internación y tratamiento hospitalario.
A partir de esa conclusión, los jueces entendieron que el hospital no logró acreditar una causa ajena que lo eximiera de responsabilidad civil.
El fallo remarca además que los establecimientos sanitarios tienen la obligación de garantizar condiciones de seguridad adecuadas para evitar infecciones intrahospitalarias, especialmente en pacientes sometidos a cirugías traumatológicas complejas.
En ese sentido, la resolución sostiene que existió un incumplimiento del denominado “deber de seguridad”, figura jurídica que obliga a las instituciones médicas a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud y la integridad de las personas internadas.
La sentencia fijó una indemnización total de 214.170.875,82 pesos, sin contar los intereses acumulados desde 2011, lo que podría elevar considerablemente el monto final que deberá afrontar el Estado, a través del seguro contratado.
La cifra reconocida por la Justicia se divide en distintos conceptos.
El monto principal corresponde a la incapacidad sobreviniente, valuada en 164 millones de pesos, teniendo en cuenta que la mujer quedó con una incapacidad física definitiva estimada en el 75,5%.
A ello se sumaron 50 millones de pesos por daño moral, contemplando el impacto psicológico, emocional y social derivado de la amputación y de las secuelas permanentes que alteraron por completo su vida cotidiana y laboral.
Además, el tribunal reconoció 170.875,82 pesos en concepto de gastos médicos y terapéuticos vinculados al tratamiento realizado durante todos estos años.
La condena también incluye el pago de honorarios profesionales correspondientes a abogados y peritos que participaron del proceso judicial.
El caso expone nuevamente la gravedad que pueden alcanzar las infecciones intrahospitalarias y las consecuencias que generan cuando no logran ser detectadas y controladas de manera adecuada.
En pacientes traumatológicos, especialmente aquellos que requieren cirugías, implantes o fijaciones óseas, el riesgo infeccioso constituye uno de los principales desafíos médicos. Cuando las bacterias alcanzan el tejido óseo, como ocurrió en este caso, pueden desencadenar cuadros crónicos extremadamente difíciles de erradicar.
La osteomielitis, diagnóstico que finalmente recibió la paciente, es una infección profunda del hueso que puede producir destrucción ósea progresiva, dolor intenso y pérdida funcional severa. En muchos casos, cuando los tratamientos antibióticos y quirúrgicos fracasan, la amputación se convierte en la única alternativa posible para evitar un daño mayor.
Después de casi quince años de proceso, la sentencia reconoce la responsabilidad del hospital en una historia que comenzó con un accidente vial y terminó con una discapacidad permanente que transformó la vida de una trabajadora de la salud.