La Fiscalía Federal de Mendoza elevó a juicio la causa que tiene imputados a 34 personas acusadas de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas de fuego entre Argentina y Chile, con ramificaciones en Brasil.
Están imputados por contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley de Estupefacientes. La investigación del fiscal Fernando Alcaraz detalla 36 armas secuestradas y el circuito que hacían.
Personas detenidas en distintos operativos realizados por la investigación de contrabando de armas de Mendoza a Chile. Gentileza Policía Federal.
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La Fiscalía Federal de Mendoza elevó a juicio la causa que tiene imputados a 34 personas acusadas de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de armas de fuego entre Argentina y Chile, con ramificaciones en Brasil.
Durante la investigación se obtuvo el secuestro de 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, 32 cargadores, más de 2.000 municiones de diferentes calibres, kits con extensores y varios accesorios. Los acusados se encuentran con prisión preventiva en distintas modalidades, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El requerimiento fue presentado por el fiscal federal a cargo del Área de Transición de la Fiscalía Mendoza, Fernando Alcaraz, quien sostiene que la evidencia recolectada —que incluye intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros, seguimientos, tareas de campo y cooperación internacional— permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal asociado”, así como individualizar los distintos niveles de intervención de cada imputado.
Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los acusados sean juzgados por asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes.
Dada la complejidad del caso, la Fiscalía contó con la colaboración de varias áreas de la Procuración General de la Nación: la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva; la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI), dirigida por Diego Solernó; la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (UFECO) a cargo de Santiago Marquevich y la Dirección General de Análisis Criminal y de Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC) a cargo de Damián Neustadt.
De acuerdo con la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con ramificaciones en la Argentina y Chile y también con conexiones con la República Federativa del Brasil, desde donde parte del material habría sido adquirido e ingresado al país mediante maniobras destinadas a eludir controles fronterizos y aduaneros.
Una vez en el país, el material era trasladado inicialmente a Buenos Aires y posteriormente enviado hacia Mendoza, donde era distribuido entre choferes de camiones de cargas internacionales para ocultarlo en cabinas y cruzarlo por el Paso Internacional Paso Internacional Cristo Redentor hacia Chile.
La organización estaba conformada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían funciones diferenciadas, desde la adquisición del armamento y la recepción de transferencias de dinero hasta su almacenamiento, transporte y cruce clandestino hacia territorio chileno. En su estructura, la organización contaba con dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento, los itinerarios y los pasos fronterizos para concretar las maniobras.
Debajo de ellos se encontraba una red de organizadores que coordinaba la logística en territorio argentino y chileno, junto con un grupo de colaboradores encargados de recibir y remitir giros internacionales, trasladar cargamentos y asegurar el ingreso de las armas a destino.
El 2 de abril de 2022 ocurrió uno de los primeros hechos atribuibles a esta organización, cuando personal de la Gendarmería Nacional Argentina detuvo en la Ruta Nacional 7, a la altura del departamento de La Paz, a uno de los acusados que viajaba en un colectivo de larga distancia con 11 armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre su equipaje. El posterior peritaje de su teléfono celular permitió reconstruir comunicaciones con otros integrantes de la estructura, identificar financiamiento proveniente de Chile y reconstruir un viaje previo a la frontera con Brasil para la adquisición del armamento que había sido encontrado.
Dos semanas después, el 17 de abril de 2022, otra maniobra similar fue frustrada en un control vial en la zona de Uspallata. Un camionero que se dirigía a Chile con una carga de azúcar fue interceptado cuando transportaba ocultas en la cabina 11 armas de fuego, siete cargadores y más de 2.000 municiones. Según pudo reconstruir la fiscalía, el material había sido trasladado desde Buenos Aires hacia Mendoza por otros integrantes del grupo y entregado al conductor horas antes del intento fallido de cruce.
La pesquisa también permitió detectar una tercera modalidad de traslado. El 19 de diciembre de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron interceptados durante un operativo sobre la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán, mientras transportaban 8 pistolas y cinco cargadores que llevaban ocultos entre la ropa y el equipaje en un colectivo de pasajeros. Para Alcaraz, ambos actuaban como enlaces operativos de la organización y respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.
El avance de la investigación permitió identificar el uso sistemático de transferencias internacionales como mecanismo de financiamiento. A través de empresas de remesas con giros realizados entre Argentina y Chile, distintos integrantes del grupo recibían fondos que, según la acusación, carecían de justificación económica y eran utilizados para solventar viajes, compras de armas, traslados y logística. Incluso, varios de los receptores integraban un grupo familiar y operaban de manera alternada entre ellos para dificultar la trazabilidad del dinero.
Con el avance de la pesquisa, fue posible establecer conexiones entre estos hechos con otras investigaciones ya en curso. De esta manera, se acumuló a la causa principal otro caso de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano, y otra investigación federal de Tucumán, que estaba a cargo del fiscal federal Agustín Chit. El trabajo colaborativo de las tres fiscalías permitió al MPF tener una visión global de la organización, identificando ramificaciones que de otro modo habrían quedado aisladas.
La investigación demandó la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación junto al Ministerio Público de Chile, representado por el fiscal de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Ricardo Reinoso Varas, el fiscal Alcaraz en conjunto con Solernó. En el marco de ese trabajo coordinado, el 23 de mayo de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos en más de 30 viviendas ubicadas en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile.
Como resultado de esos procedimientos se secuestraron armas de fuego, cargadores, municiones, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa. Las medidas fueron ejecutadas con intervención de la Unidad de Procedimientos Complejos y Judiciales Mendoza de Gendarmería y de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina.
Además, fue posible detectar una actividad paralela vinculada al narcomenudeo, ya que en distintos domicilios del departamento de Maipú fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y registros de ventas. Para el Ministerio Público Fiscal, este hallazgo era indicador que parte de los integrantes de la organización utilizaban la infraestructura logística del tráfico de armas para comercializar estupefacientes en forma secundaria