El máximo tribunal rechazó las quejas presentadas por las defensas de siete de los ocho condenados.
Revés judicial para los rugbiers: la Corte Suprema desestimó los recursos por el crimen de Fernando Báez Sosa.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos de queja que buscaban impugnar las sentencias dictadas por la Justicia bonaerense para siete de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.
Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz rechazaron los argumentos planteados por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi. Según trascendió, el recurso extraordinario no fue admitido debido a que no se dirigía contra una sentencia definitiva.
La condena impuesta en febrero de 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores todavía no se encuentra firme. Actualmente, la Suprema Corte bonaerense tiene pendiente resolver los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal y la querella de los padres de la víctima, como por las propias defensas de los imputados.
Por otro lado, la Corte también desestimó el recurso interpuesto por el abogado Francisco Oneto en representación de Máximo Thomsen, al considerar que la presentación no cumplía con los requisitos formales necesarios para la competencia del tribunal.
Cabe recordar que el TOC N° 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, por homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, considerados partícipes secundarios del crimen, fueron condenados a 15 años de prisión.
Sobre esto último, la querella busca que los tres reciban también la pena máxima. En cambio, la defensa de los rugbiers intenta que el caso sea encuadrado como un "homicidio en riña", que contempla penas menores de entre dos y seis años. Por el momento, el proceso deberá continuar su curso habitual en la justicia de la provincia de Buenos Aires.