La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán derivó en una tragedia que golpeó de lleno al Servicio Penitenciario provincial. En medio del operativo desplegado para recapturarlos, murió el jefe de la dependencia, Pablo Antonio Rivero Ríos.
El jefe de servicio penitenciario de Valle de Uco sufrió una descompensación y fue trasladado por sus propios compañeros al hospital Scaravelli, donde los médicos constataron que ya había fallecido.
Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán.
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La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán derivó en una tragedia que golpeó de lleno al Servicio Penitenciario provincial. En medio del operativo desplegado para recapturarlos, murió el jefe de la dependencia, Pablo Antonio Rivero Ríos.
El efectivo tenía 43 años y estaba al frente de la Alcaidía de Alojamiento Transitorio desde noviembre de 2025. Con 21 años de trayectoria en la institución, su fallecimiento generó conmoción entre sus compañeros y en el ámbito de la seguridad provincial.
Rivero había desarrollado la mayor parte de su carrera en el Sur mendocino, donde cumplió funciones en distintas áreas operativas vinculadas al control y traslado de internos.
Oriundo de San Rafael, había ingresado al Servicio Penitenciario en 2004. A lo largo de los años trabajó en Seguridad Externa, Seguridad Interna, Unidad de Seguridad y Traslado y Conserjería, entre otros sectores.
También prestó servicio en los complejos de Boulogne Sur Mer y San Felipe. En 2024 ascendió a la jerarquía de Alcaide. Contaba con el título de Técnico Universitario en Seguridad Pública y un bachillerato con orientación en Seguridad.
En el plano personal, era padre de cuatro hijos y estaba casado con una efectiva que se desempeñaba en la Farmacia Central, Sección de Depósitos Sanitarios del Complejo de Alojamiento de la Zona Sur.
Rivero era hijo del comisario Juan Antonio Rivero, quien actualmente cumple funciones en la sede del Instituto de Seguridad Pública de San Rafael.
Se trata de Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, quienes lograron evadir la custodia en la Alcaidía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán, que derivó en el fallecimiento de un penitenciario producto de una descompensación.
El perfil criminal de ambos sujetos ha encendido las alarmas debido a sus antecedentes violentos. Enrique Acosta Vega, de 34 años, se encontraba bajo proceso por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.
Sin embargo, su historial delictivo es mucho más extenso e incluye condenas o cargos previos por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, robo y amenazas en contexto de violencia de género.
Por su parte, Víctor Bravo Morón está actualmente acusado de robo agravado por el uso de arma. Al igual que su compañero de fuga, cuenta con antecedentes penales graves, entre los que destaca un homicidio agravado por el uso de arma y diversos hechos vinculados a la violencia de género.