El principal acusado del crimen recibió perpetua, mientras que otro fue penado como partícipe secundario. Los detalles de un caso con escenas de película.
Quemaron vivo a un finquero: perpetua para el autor del crimen y 9 años de cárcel para su cómplice
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Gentileza Poder Judicial de Mendoza La historia del impactante crimen de un finquero de 78 ocurrido en San Martín en enero del año pasado sumó este jueves su último capítulo judicial. Luego de que el principal acusado - Jesús Rosas (37)- fuera condenado el 5 de junio a prisión perpetua, la Justicia resolvió ahora imponer una pena de nueve años de prisión para el segundo implicado, Rodrigo Moya (24).
El 31de enero de 2025, Carlos González fue víctima de un asalto cometido por Rosas y Moya, y en el mismo episodio fue quemado vivo dentro de su camioneta. En tanto, los agresores -ambos trabajadores rurales- huyeron a caballo de la escena del crimen. Previo a incendiar el vehículo, los ladrones habían golpeado y trasladado a la víctima.
La decisión de condenar a 9 años de prisión a Rodigo Ismael Moya fue adoptada por el juez Armando Martínez, luego de que un jurado popular lo declarara culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo en grado de participación secundaria.
La diferencia entre ambas condenas es notable. Mientras que Rosas recibió la pena máxima prevista por el Código Penal, Moya fue considerado un colaborador secundario en el hecho y no autor principal del crimen.
La sentencia quedó plasmada en la resolución N° 4482, donde se establece que Moya deberá cumplir nueve años de cárcel por su participación en el impactante homicidio.
El asesinato ocurrió el 31 de enero de 2025 en la finca Berrutti, ubicada en el distrito sanmartiniano de Montecaseros. Carlos González era el histórico encargado del establecimiento rural.
Según reconstruyó la Fiscalía durante la causa, González fue atacado por Rosas y Moya mediante golpes de puño, patadas y hasta palazos que lo dejaron indefenso.
El objetivo inicial de los atacantes era apoderarse de la camioneta Chevrolet de la víctima. Sin embargo, el episodio derivó en una secuencia de violencia extrema.
De acuerdo con la reconstrucción, los agresores cargaron a González -quien había quedado inconsciente como consecuencia de los golpes- en la caja del vehículo y abandonaron la finca. Recorrieron caminos rurales con la intención de abandonar el cuerpo del cuidador para luego huir con el vehículo.
No obstante, al llegar a la zona conocida como La Pasada de las Brujas, se encontraron con que las intensas lluvias habían convertido el terreno en un lodazal. La camioneta quedó encajada en el barro y los planes iniciales de fuga se complicaron.
De acuerdo a la instrucción de la Fiscalía, ante la frustración de su plan inicial, los dos acusados colocaron a González dentro de la cabina de la camioneta, retiraron la batería y prendieron fuego el vehículo.
Las pericias indicaron que la víctima podría haber estado viva cuando comenzó el incendio y que murió como consecuencia del humo y de las llamas.
Durante los alegatos finales, el jefe de fiscales de San Martín, Oscar Sívori, describió la escena con una frase que quedó resonando durante todo el debate.
“Lo que le hicieron a González es obra del diablo, no puede haber habido tanta maldad. ¿A quién se le puede ocurrir quemar a un viejo de 78 años, atado, dentro de una chata?”, afirmó ante los integrantes del jurado popular.
La acusación sostuvo, además, que existió un plan previo para robar la camioneta y que posteriormente los responsables intentaron eliminar pruebas.
En la previa a los alegatos de cierre el Juicio por jurados (que concluyó el viernes pasado), tanto Rosas como Moya decidieron declarar ante los doce integrantes del jurado popular. Su estrategia fue intentar desligarse de la responsabilidad principal, a costas de cargar toda la culpa sobre el otro.
Por su parte, Moya aseguró que nunca había matado a nadie y sostuvo que era imposible que lo condenaran por un crimen que no había cometido.
Rosas, en cambio, admitió haber golpeado a González y haberlo trasladado en la camioneta, aunque intentó minimizar su responsabilidad respecto de la muerte.
No obstante -y más allá de esta estrategia-, tras analizar la prueba producida durante el debate, el jurado encontró culpables a ambos acusados, aunque bajo figuras penales diferentes.
En el caso de Jesús Rosas, el jurado concluyó que era responsable de un homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, en concurso con homicidio criminis causa y robo simple. Esa calificación legal derivó inevitablemente en una condena a prisión perpetua.
En tanto, la situación de Moya fue distinta. Durante todo el proceso la defensa insistió en que no existían elementos para ubicarlo como autor del crimen y que, en todo caso, su participación había sido secundaria.
Finalmente, el jurado descartó que fuera uno de los autores principales del homicidio, pero lo consideró responsable de haber colaborado en el hecho.
Por esto mismo, Rodrigo Moya fue declarado culpable de homicidio en ocasión de robo en grado de participación secundaria, figura que contempla una escala penal menor.
Y este jueves, durante la audiencia de cesura -destinada exclusivamente a fijar el monto de la pena-, el juez Martínez resolvió imponerle nueve años de prisión.
De regreso al trágico 31 de enero de 2025 y los días posteriores, tras incendiar la camioneta y concretar el homicidio del finquero, Rosas y Moya protagonizaron una fuga con ribetes dignos de la época de los bandidos rurales. Los dos delincuentes abandonaron la zona montados a caballo y atravesaron distintos sectores rurales del Este provincial, según concluyeron los investigadores en las horas posteriores al crimen. Las huellas habían quedado marcadas en el barro.
Según declararon algunos vecinos de Montecaseros posteriormente, ese mismo día se cruzaron con dos personas que ofrecían a la venta una batería. Además, otro vecino relató haber visto como uno de los hoy condenados arrojaba algo hacia unos arbustos (se supuso que eran las llaves de la camioneta).
A raíz de estas primeras pistas, se montó un operativo cerrojo en la zona que incluyó uso del helicóptero de la Policía de Mendoza y algunos drones. Así fue como Moya fue detenido dos días después, el domingo 2 de febrero de 2025, en el instante en que los asesinos habían hecho un alto en un rancherío al norte del departamento de San Martín.
Mientras los prófugos bebían vino en la casa de un conocido, los efectivos policiales irrumpieron en el lugar y lograron capturar a Moya. No obstante, Rosas logró escapar por unos cañaverales.
La búsqueda continuó durante los días posteriores, en los que se cree que el prófugo continuó bordeando el cauce del río Mendoza hacia el sur, hasta llegar a Palmira, su ciudad de origen. No obstante, Rosas tenía bien en claro que su casa estaría vigilada, por lo que optó por refugiarse en un socavón ubicado al costado del río.
No obstante, a diferencia de la época de los bandidos rurales de 1900, la tecnología de pleno siglo XXI fue una aliada para las fuerzas de seguridad. Y es que Rosas y otro prófugo -implicado en otras causas- fueron avistados por un dron de la Policía de Mendoza.
Tras identificar las coordenadas, con esta información las patrullas de tierra dieron con ellos cerca de las 6 del 10 de febrero. De hecho, concretaron la detención cuando los prófugos todavía dormían.