El expresidente de San Lorenzo Marcelo Moretti quedó procesado por la justicia, en una causa donde se investiga por el presunto cobro de coimas de 25 mil dólares para concretar la incorporación de un juvenil a las inferiores del club.
La justicia procesó a Marcelo Moretti, hoy expresidente de San Lorenzo, en una causa en la que se investiga presunta administración fraudulenta.
Marcelo Moretti, ex presidente de San Lorenzo
Foto:
Gentileza El expresidente de San Lorenzo Marcelo Moretti quedó procesado por la justicia, en una causa donde se investiga por el presunto cobro de coimas de 25 mil dólares para concretar la incorporación de un juvenil a las inferiores del club.
La jueza Laura Bruniard fue quien tomó la decisión, tras el pedido de la fiscal Mónica Cuñarro, en medios de fuertes tensiones internas en el sistema institucional de San Lorenzo, y tras la renuncia de 14 miembros de la Comisión Directiva. Si bien la jueza Bruniard decidió no mandar a prisión a Moretti, lo embargó por 38 millones de pesos, y prohibió su salida del país.
En el pedido de procesamiento, la fiscal Cuñarro señaló que el expresidente "tenía el deber legal y estatutario de resguardar los intereses patrimoniales de la institución". En sintonía con esto, la jueza Bruniard afirmó en su fallo que el procesado "hizo todo lo contrario".
Asimismo señaló que Moretti "se aprovechó de su condición y priorizó un interés personal, ilegal, dolosamente pergeñado por hacerse del dinero". Además sostuvo que el expresidente "recibió el dinero y lo tomó para sí, lo que configura un desapoderamiento ilegítimo, una probación indebida de recursos que se produjo en el marco del ejercicio de su función".
El expediente judicial que involucra a Marcelo Moretti estuvo marcado por fuertes tensiones internas, más allá de la crisis institucional que atraviesa San Lorenzo. El 25 de noviembre pasado, durante una audiencia realizada por Zoom, Moretti se negó a declarar en lo que fue el quinto intento de la Justicia por indagarlo.
La indagatoria del entonces presidente del club se transformó en uno de los puntos más sensibles del proceso, atravesado por una serie de apelaciones y contra-apelaciones. En paralelo, la presunta coima quedó en el centro de una disputa por la competencia judicial, con dos funcionarios que reclamaron la potestad de investigar el hecho.
Por un lado, el fiscal porteño Maximiliano Vence, integrante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, abrió una causa de oficio tras la difusión del caso a partir de una cámara oculta emitida por el programa Telenueve Denuncia. En ese marco, ordenó el allanamiento en el departamento de Moretti, ubicado en el barrio de Caballito, donde no se encontró su teléfono celular.
En simultáneo, la fiscal Cuñarro, junto a la jueza Bruniard, tomó intervención en la causa de la Justicia de instrucción luego de recibir una denuncia presentada por el abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo. En ese expediente surgieron elementos que comprometieron a Moretti, entre ellos información remitida por la AFA, que confirmó que el jugador juvenil involucrado, hijo de una empresaria platense, fue efectivamente fichado. La empresaria declaró en la causa, intentó desligar al dirigente y sostuvo que se trató de una broma.
Ante este escenario, la defensa de Moretti, encabezada por el penalista Gastón Marano, impulsó que el expediente quedara en el fuero porteño. En septiembre, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que la causa continuara bajo la órbita de la jueza Bruniard. No obstante, Marano volvió a cuestionar la competencia y presentó un reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, donde el análisis quedó a cargo del juez Luis Lozano.
Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor afirmó que la medida no responde a fundamentos jurídicos y sostuvo que la cuestión de competencia aún no fue resuelta. También vinculó la sucesión de decisiones judiciales con el contexto político e institucional del club y adelantó que apelarán el procesamiento y avanzarán con reclamos por responsabilidades administrativas y penales.