La Justicia ordenó “la inmediata libertad” de la arquitecta que la semana pasada fue condenada por haberse llevado a su hijo de 8 años a Buenos Aires sin permiso judicial.
La mujer fue condenada el viernes a 3 años de cárcel por “impedimento de contacto”. Estuvo 31 meses en la cárcel, imputada por un delito más grave: “sustracción de menores”.
La audiencia se hizo hoy en Polo Judicial. Foto: Archivo Los Andes
Foto:
La Justicia ordenó “la inmediata libertad” de la arquitecta que la semana pasada fue condenada por haberse llevado a su hijo de 8 años a Buenos Aires sin permiso judicial.
Esta mañana, durante una audiencia de cese de la prisión preventiva, la jueza María Belén Renna ordenó la liberación de a C. L. –su identidad no se publica para no revictimizar al hijo-, luego de que el viernes pasado la condenara a 3 años de prisión de por los delitos de impedimento de contacto y desobediencia a la autoridad.
La mujer fue condenada e inmediatamente su defensor, el abogado Andrés Ramos solicitó el cese de prisión y la libertad condicional, pero la Fiscalía se opuso.
La arquitecta, tras ser detenida, estuvo en el penal de mujeres durante 31 meses, es decir que ya ha cumplido sobradamente con los plazos que establece la ley para solicitar la libertad que hoy se le concedió, según informó a Los Andes el abogado defensor.
La madre fue detenida en Buenos Aires en mayo de 2023 y el fiscal de Delitos no Especializados Gabriel Blanco la había imputado por un grave delito: “sustracción de menores”, que tiene penas que van de los 5 a los 15 años de prisión y también por desobediencia judicial.
Con esa figura penal comenzó a ser juzgada hace ya cuatro meses y el extensísimo debate se realizó por esos dos delitos.
Durante los alegatos el fiscal Blanco solicitó una condena de 7 años y 6 meses de prisión, en tanto Ramos, defensor de la arquitecta, solicitó al momento de alegar que su clienta fuera absuelta lisa y llanamente.
Pero la jueza, tras escuchar a las partes entendió que el delito que estaba en juego no era sustracción de menores, es decir que la arquitecta no se robó a su propio hijo, sino impedimento de contacto; es decir que impidió que el menor viera a su padre, tal como lo había decretado un juez de familia. Y esa orden de revinculación fue la que ella desobedeció.
El caso apareció en los medios el 25 de mayo de 2023, cuando el menor que había desaparecido el 5 de mayo en Mendoza fue encontrado por la Policía en un hotel de Tigre, provincia de Buenos Aires junto a su madre.
La arquitecta fue detenida y el chico quedó a cargo del equipo del Sistema de Emergencia Social de Tigre y profesionales de la Secretaría de Mujeres Géneros e Infancias, junto a psicólogos y trabajadores Sociales de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Tigre, con la supervisión la Dirección de Protección de Derechos de Niños de Mendoza. Luego, ambos volvieron a Mendoza el 2 de mayo pasado.
La desaparición de pequeño tiene detrás un largo camino judicial: el 17 de mayo de 2023, el juez de Familia y Violencia Familiar, Rodolfo Gabriel Díaz, permitió que los medios informaran que el niño había desaparecido junto a su madre el 5 de mayo y que era buscado no sólo por la Policía de Mendoza, sino también por la organización Missing Children.
Según la información suministrada por el Poder Judicial en esa instancia “se solicitó la intervención de la asociación dedicada a la búsqueda de personas Missing Children, en el marco de una investigación que se lleva adelante con el fin de hallarlo y disponer las medias necesarias para su adecuada protección y cumplimiento de sus derechos”.
Tras ser encontrados en Buenos Aires, desde la Secretaria de Información del Poder Judicial, se informó que la madre del niño se lo había llevado desde la escuela de Ciudad donde el niño estudia.
La judicialización del caso es de larga data: cuatro años antes de la sustracción, el padre solicitó un régimen de comunicación tras separarse de su pareja, con la intención de verlo algunos días y fines de semana.
En ese momento la madre denunció que el hombre (y su familia) había abusado del menor. De inmediato se inició una causa penal, una investigación que concluyó cuando el padre fue sobreseído, determinándose así que no hubo abuso.
Durante los cuatro años en que duró ese proceso judicial, padre e hijo dejaron de verse. Pero cuando la causa penal se cerró, el padre volvió a solicitar la revinculación. Y el juez Díaz dio luz verde al pedido, generando dispositivos para que ese reencuentro se hiciera en lugares neutrales, bajo la supervisión de trabajadores sociales.
Este proceso fue obstaculizado por la madre. Se inició luego otro proceso de revinculación y el padre pidió la custodia. El juez, tras entrevistar a testigos –algunos, docentes de chico-, detectó algunas anomalías como faltas a la escuela y falta de cuidados en la higiene por le dio la custodia provisoria al padre. La madre apeló la orden y la cámara de apelaciones le dio la razón al juez. Ante esta situación, la mujer optó por llevarse al pequeño a Buenos Aires.