Fallos polémicos. Para la justicia civil, la mujer “fue víctima de hostigamiento, en su lugar de trabajo, causándole un daño psicológico”. Pero la fiscalía de Violencia de Género sobreseyó al denunciado por falta de pruebas: seis compañeros no vieron ningún abuso.
Cárcel de Boulogne Sur Mer. Archivo.
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Al tiempo que la Justicia Civil condenó al Estado provincial a pagar $101 millones a una penitenciaria que denunció a su jefe por acoso laboral y violencia de género, la Justicia Penal sobreseyó, por la misma denuncia, al penitenciario denunciado ante la falta de pruebas.
Sea por una posible contradicción de los magistrados de ambos fueros a la hora de evaluar las pruebas presentadas o bien por errores o aciertos de los abogados de las partes implicadas, lo cierto es que ahora la Provincia deberá desembolsar una suma millonaria y abiertamente polémica, a la luz de resultado final del entuerto.
El 4 de febrero pasado, Leonardo Musolini, oficial Alcaide Mayor del Servicio Penitenciario de Mendoza, fue sobreseído por los delitos de lesiones graves dolosas agravadas por el contexto de violencia de género y amenazas simples en contexto de violencia de género.
La Fiscalía de Instrucción N° 22 de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género tomó la decisión luego de evaluar el pedido realizado por los abogados del uniformado, Lucas Lecour, Sergio Salinas y Francisco Machuca, quienes habían solicitado el sobreseimiento el 25 de marzo del año pasado. El pedido se basó en la falta de pruebas y en los testimonios de los mismos compañeros de la mujer, que se desempeña como suboficial ayudante.
En tanto que, la semana pasada, el Tribunal Cuarto de Gestión asociada hizo lugar a la demanda por un total de $ 101.340.000, determinando que la mujer “fue víctima de hostigamiento (mobbing), en su lugar de trabajo, causándole ello un daño psicológico que afectó su integridad psicofísica y merece ser resarcido”.
“Se observa un nexo causal directo entre el cuadro clínico y los hechos de violencia laboral y violencia institucional sufridos en su entorno de trabajo. Los abusos, la discriminación de género, la exclusión laboral y el trato despectivo por parte de superiores y compañeros crearon un ambiente de estrés y maltrato constante que desencadenó trastornos psicológicos graves”, dice el fallo civil.
En el fuero penal, también se tuvieron en cuenta las pericias psicológicas – “ansiedad moderada, angustia y desgano asociado a somatizaciones por ideas sobrevaloradas con respecto a lo vivenciado en su trabajo”- como así también los testimonios aportados por la defensa.
Al menos seis compañeros de trabajo declararon, entre ellas una testigo presencial de uno de los hechos denunciados: “Todos ellos coincidieron al brindar su relato respecto de un buen concepto de Musolino en calidad de jefe, destacando un buen trato cordial y respetuoso para con todos los subordinados, alegando desconocer hechos de maltrato y hostigamiento hacía la señora”.
La misma suerte -el sobreseimiento- corrió el expediente administrativo que se abrió por una denuncia anónima en la Inspección General de Seguridad. Los presuntos maltratos fueron investigados, “recibiéndose testimonio a la totalidad del personal penitenciario, expediente que terminó con el archivo de las actuaciones, por no haberse hallado testimonios que respaldaran la versión de los hechos dada por la mujer”.
La denunciante comenzó a trabajar en 2006 en el Servicio Penitenciario provincial y en 2012 empezó a prestar servicios como encargada del área judicial de la Unidad de Alcaidías, haciéndolo normalmente, hasta que, en 2016, comienza a trabajar como su jefe Leonardo Musolino.
Desde ese momento, según la demanda, recibió “malos tratos, descrédito, desprestigio, hostigamiento y acoso laboral y sexual”.
El 24 de diciembre de ese año Musolino la llamó a su celular, estando la misma en su casa, utilizando insultos y amenazas y al mes siguiente la culpó de una "supuesta denuncia anónima", lo que generó que se presentara en el Ministerio de Seguridad.
Allí le indicaron que se contactara con la dirección del Servicio Penitenciario, donde le asignaron un nuevo destino. Ese día fue a consultar a un médico que, tras entrevistarla, le diagnosticó “síndrome ansioso relacionado con stress laboral y situación de acoso” indicándole reposo por 15 días, cambio de funciones y abordaje psiquiátrico”.
Luego la trasladaron al Complejo de Boulogne Sur Mer de Ciudad y le impusieron una sanción de apercibimiento por “supuesta falta de respeto a Musolino, cuando “lo único que hizo la señora fue defenderse de las agresiones verbales y físicas”.
Debido a ese traslado, la denunciante nunca pudo recuperar el trato con sus compañeras de trabajo, fue alejada del entorno laboral, le quitaron sus labores y la obligaron a cambiar de horario y a aprender nuevas tareas, considerando que “el traslado fue un castigo encubierto”.
Luego, no se le otorgó ningún otro ascenso, a pesar de estar en condiciones de ello y se le sancionó con apercibimiento por haberse defendido de los malos tratos.
La demanda sostiene que las autoridades penitenciarias sabían de los hechos de violencia esgrimidos por Musolino y no sólo “no hicieron las denuncias penales y administrativas, sino que se sirvieron de ello para que en el 2020 Musolino atentara en su contra nuevamente”.
“El Estado Provincial no denunció a Musolino ni le realizó un sumario como hubiese correspondido en el año 2017, ni tampoco lo ha hizo en el año 2020 cuando se produjo otro hecho de violencia que llevó a la penitenciaria a culminar con un estado de salud psicológica y psiquiátrica deplorable”, afirma la demanda.
En 2020, trasladan a Musolino nuevamente a Boulogne Sur Mer, justamente a la oficina de enfrente de donde habían trasladado a la mujer en el año 2017. Cuando la mujer lo vio entró en “estado de pánico” y comenzó a llorar por el miedo. Lo denunció presentando certificaciones médicas y tampoco se la protegió, ni se lo denunció.
Pero el 18 de marzo de 2020, a las 12.30, “Musolino ingresa en el lugar de trabajo de la mujer y se coloca a menos de un metro de distancia, frente a ella, y realiza gestos con su rostro claramente intimidatorios, lo hace al momento de llevarse la mano a la cara, como fumando cigarrillo, con un claro gesto indicativo de que la quería agredir físicamente, dando a entender que le iba a pegar”.
Según la denuncia, estos gestos no fueron vistos por la gente que estaba en la oficina que solo vieron que entraba en pánico cuando el hombre salió. El pánico fue producto de que el uniformado estaba armado.
Luego, la mujer se comunicó la Oficina de Violencia de Género y Violencia Institucional del Poder Judicial, y se le recomendó hacer la denuncia penal, algo que también se le solicitó al jefe de la penitenciaria.
Como última medida presentó un amparo para solicitar medidas urgentes y luego una demanda civil. En ambos casos fueron favorables a la mujer.