El Estado provincial deberá indemnizar con $101 millones a una penitenciaria que inició una demanda por sufrir violencia de género y acoso laboral por parte de uno de sus jefes y no recibir asistencia del Ministerio de Seguridad.
El fallo judicial sostiene que “fue víctima de hostigamiento (mobbing), en su lugar de trabajo, causándole un daño psicológico que afectó su integridad psicofísica y merece ser resarcido”.
La penitenciaria trabajó en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
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El Estado provincial deberá indemnizar con $101 millones a una penitenciaria que inició una demanda por sufrir violencia de género y acoso laboral por parte de uno de sus jefes y no recibir asistencia del Ministerio de Seguridad.
Según la demanda civil, L. R., de 46 años, sufrió durante varios años diversas situaciones violentas que le produjeron daños psicológicos graves por lo que, primero presentó un amparo judicial, y luego una demanda civil por incapacidad parcial y permanente, daño moral, lucro cesante y pérdida de chance y gastos médicos
La denunciante comenzó a trabajar en 2006 en el Servicio Penitenciario provincial y en 2012 empezó a prestar servicios como encargada del área judicial de la Unidad de Alcaidías, haciéndolo normalmente, hasta que, en 2016, comienza a trabajar como su jefe Leonardo Musolino.
Desde ese momento según la demanda, recibió “malos tratos, descrédito, desprestigio, hostigamiento y acoso laboral y sexual”.
El 24 de diciembre de ese año Musolino la llamó a su celular, estando la misma en su casa, utilizando insultos y amenazas y al mes siguiente la culpó de una "supuesta denuncia anónima", lo que generó que se presentara en el Ministerio de Seguridad.
Allí le indicaron que se contactara con la dirección del Servicio Penitenciario, donde le asignaron un nuevo destino. Ese día fue a consultar a un médico que, tras entrevistarla le diagnosticó “síndrome ansioso relacionado con stress laboral y situación de acoso” indicándole reposo por 15 días, cambio de funciones y abordaje psiquiátrico”.
Luego la trasladaron al Complejo de Boulogne Sur Mer de Ciudad y le impusieron una sanción de apercibimiento por “supuesta falta de respeto a Musolino, cuando “lo único que hizo la señora fue defenderse de las agresiones verbales y físicas”.
Debido a ese traslado la denunciante nunca pudo recuperar el trato con sus compañeras de trabajo, fue alejada del entorno laboral, le quitaron sus labores y la obligaron a cambiar de horario y a aprender nuevas tareas, considerando que “el traslado fue un castigo encubierto”.
Luego, no se le otorgó ningún otro ascenso, a pesar de estar en condiciones de ello y se le sancionó con apercibimiento por haberse defendido de los malos tratos.
La demanda sostiene que las autoridades penitenciarias sabían de los hechos de violencia esgrimidos por Musolino y no sólo “no hicieron las denuncias penales y administrativas, sino que se sirvieron de ello para que en el 2020 Musolino atentara en su contra nuevamente”.
“El Estado Provincial no denunció a Musolino ni le realizó un sumario como hubiese correspondido en el año 2017, ni tampoco lo ha hizo en el año 2020 cuando se produjo otro hecho de violencia que llevó a la penitenciaria a culminar con un estado de salud psicológica y psiquiátrica deplorable”, afirma la demanda.
En 2020, trasladan a Musolino nuevamente a Boulogne Sur Mer, justamente a la oficina de enfrente de donde habían trasladado a la mujer en el año 2017. Cuando la mujer lo vio entró en “estado de pánico” y comenzó a llorar por el miedo. Lo denunció presentando certificaciones médicas y tampoco se la protegió, ni se lo denunció.
Pero el 18 de marzo de 2020, a las 12,30 “Musolino ingresa en el lugar de trabajo de la mujer y se coloca a menos de un metro de distancia, frente a ella, y realiza gestos con su rostro claramente intimidatorios, lo hace al momento de llevarse la mano a la cara, como fumando cigarrillo, con un claro gesto indicativo de que la quería agredir físicamente, dando a entender que le iba a pegar”.
Según la denuncia, estos gestos no fueron vistos por la gente que estaba en la oficina que solo vieron que entraba en pánico cuando el hombre salió. El pánico fue producto de que el uniformado estaba armado.
Luego la mujer se comunicó la Oficina de Violencia de Género y Violencia Institucional del Poder Judicial, y se le recomendó hacer la denuncia penal, algo que también se le solicitó al jefe de la penitenciaria.
“El Estado no la ha protegido, no la ha protegido el Servicio Penitenciario, no la ha protegido la Oficina de Violencia Laboral de la Subsecretaría de Trabajo, no la ha protegido el Ministerio de Seguridad, no la ha protegido la Inspección General de Seguridad y tampoco la ha protegido la Unidad Fiscal de Violencia de Género”, dice la demanda.
Como última medida presentó un amparo para solicitar medidas urgentes y luego una demanda civil. En ambos casos fueron favorables a la mujer.
Reciénteme el Tribunal Cuarto de Gestión asociada, hizo lugar a la demanda por un total de $ 101.340.000- El tribunal determinó que la mujer “fue víctima de hostigamiento (mobbing), en su lugar de trabajo, causándole ello un daño psicológico que afectó su integridad psicofísica y merece ser resarcido”.
El "mobbing" o "acoso psicológico" en el ámbito laboral es la situación en la que una persona o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema sobre un tercero en el lugar de trabajo, en forma sistemática y reiterada, durante un tiempo prolongado.
Es que el informe psicológico de la paciente concluye que presenta un cuadro clínico caracterizado por un significativo malestar psíquico, derivado de una prolongada exposición a situaciones de violencia laboral y de género.
“Se observa un nexo causal directo entre el cuadro clínico y los hechos de violencia laboral y violencia institucional sufridos en su entorno de trabajo. Los abusos, la discriminación de género, la exclusión laboral y el trato despectivo por parte de superiores y compañeros crearon un ambiente de estrés y maltrato constante que desencadenó trastornos psicológicos graves”, dice el fallo.
Así, teniendo en cuenta las lesiones padecidas como el porcentaje de incapacidad determinado por el mismo “estimo adecuado y justo fijar la indemnización pretendida en la suma $ 90 millones, dice la sentencia que suma otros $ 10 millones por daño moral. Además de montos menores por otros rubros, sumando en total $ 101.340.000.