La Cámara Federal de Mendoza le negó el pedido a Liliana Elizabeth Echeverría Maza, quien se encuentra detenida, acusada de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización. Los menores están cuidados por otros familiares.
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La Cámara Federal de Mendoza le negó la prisión preventiva a una mujer que está detenida y es considerada por los investigadores como “la mano derecha” de Sandra Jaquelina Vargas (48) -mas conocida como La Jaqui Vargas, quien ha cumplido 11 años de prisión de una condena de 15 años por narcotráfico y que, julio de año pasado volvió a ser imputada como presunta jefa de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que habría dirigido desde la cárcel.
Justamente, Liliana Elizabeth Echeverría Maza (53) –segunda en el mando de esa presunta banda- había solicitado repetidas veces la prisión domiciliaria porque de los 7 hijos que tiene, dos de ellos menores. El pedido era también para poder cuidar a los 7 nietos, todos menores e hijos de Daniela Palma (31), quien también se encuentra detenida y, como todos los integrantes de la organización están imputados por “por tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, y tenencia de armas de guerra sin la debida autorización legal, en concurso real.
Como el expediente quedó habilitado para la feria, el viernes pasado los magistrados Manuel Pizarro, Juan Pérez Curci y Gustavo Castaneira de Dios le negaron la prisión domiciliaria teniendo en cuenta que “los menores no presentan sus derechos vulnerados a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño como tampoco se verifica una transgresión del principio de no trascendencia de la pena”
Por otra partes tal como lo sostuvieron los profesionales del ETI, el Ministerio Pupilar estimó que, por el momento, dado que los hijos y nietos de Liliana Echeverría se encuentran en proceso de adaptación (medida por 90 días), “no resulta conveniente hacer lugar a la prisión domiciliaria teniendo en cuenta además la vandalización del domicilio en el que se pretendía el cumplimiento de la prisión domiciliaria”.
Según la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, Sandra Jaquelina Vargas Méndez habría intervenido en el carácter de organizadora y financiera de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes, que vendría operando al menos desde el mes de mayo de 2024.
La banda estaría integrada por Carlos Damián Vargas Méndez (alias "Guatón"), quien desempeñaría el rol de coordinador operativo y encargado de la recaudación y distribución de estupefacientes y dinero y Luis Alfredo Vargas Méndez, sería quien se habría encargado del abastecimiento de estupefacientes.
En tanto que Liliana Elizabeth Echeverría Maza sería mano derecha de Sandra “Yaqui Vargas” y se encargaría del almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación de la venta de estupefacientes; su hija Daniela Lourdes Palma Echevarría, comercializaría estupefacientes, efectuaría entregas de dinero vinculadas a las maniobras de tráfico y realizaría tareas de alerta ante la presencia policial.
Además, Silvina Jaquelina y Karen Mariana Gelvez Vargas -hijas de Sandra Vargas-, habrían intervenido en la operatoria de abastecimiento de sustancia a Daniela Palma y en la recaudación de ganancias; Gastón Brian Caballero Ramírez (pareja de Daniela Palma, con domicilio B° Esperanza), detentaría sustancias estupefacientes que, en principio, pertenecerían a la organización; Delfina Abigail Correa Heredia, sería la encargada de gestionar las transferencias de dinero vinculadas a la estructura, y quien habría detentado la sustancia estupefaciente hallada en el B° Esperanza, manzana E- casa 24, GC perteneciente a la organización;
Por otra parte, Axel Gastón Sosa Echevarría sería colaborador en maniobras de tráfico, particularmente vinculado a la sustancia habitada en el domicilio del B° Esperanza); Mauro Jesús Gelvez Vargas cumpliría funciones de custodia armada para la agrupación y habría intervenido en maniobras de comercialización de estupefacientes; y por último, Nélida Yolanda Pérez Ontiveros, habría intervenido en maniobras de tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pertenecientes a la organización, especialmente en una vivienda del Barrio La Esperanza, Manzana de Godoy Cruz, Mendoza.
Todos fueron detenidos el viernes 27 de junio de 2026, cuando se realizaron más de 20 allanamientos liderados por el fiscal federal Fernando Alcaraz y personal Policía contra el Narcotráfico (PCN).
Durante el procedimiento se incautaron 500 dosis de cocaína y otras 500 de marihuana, además de más de dos millones de pesos en efectivo. También se encontraron 28 celulares, elementos de corte y documentación clave para avanzar e la causa.
Los investigadores sostienen que la actividad ilícita desplegada por la banda no era el simple narcomenudeo, es decir particulares que vendía en un “kiosco” cocaína y marihuana, sino más bien la actividad de una organización más importante: la distribución de droga a una importante cantidad de kioscos en los que, a su vez tenían cierto tipo de injerencia.
La investigación comenzó hace un año, a través de vigilancia y rastreo de teléfonos y el rastreo de dinero que manejaban a través de billeteras virtuales, para no ser detectados.
“Lo importante es que se logró vincular a la Yaqui con el resto de la banda, mientras ella seguía en la cárcel con las salidas transitorias que, obviamente, se le han cancelado”, explicó uno de los investigadores.
“La Yaqui” se encuentra detenida desde 2016, cumpliendo con una condena de 15 años tráfico de drogas y lavado de activos y otra de 3 años en por asociación ilícita y falso testimonio.
En 2019 recibió una rebaja en la condena de 1 año y 8 meses por estímulo educativo, ya que terminó sus estudios secundarios (salió abanderada).
Vargas fue detenida en San Luis en marzo de 2014; en marzo de 2021 cumplió 7 años de encierro, es decir, más de la mitad de la pena mayor recibida por lo que quedó virtualmente en condiciones de salir transitoriamente del penal, algo que se cristalizó en agosto de 2023.