El Estado provincial deberá pagarle $ 80 millones a la madre y a los dos hermanos de un preso de 23 años que fue asesinado por otro interno en el penal de Almafuerte, en Luján, durante una pelea iniciada tras consumir marihuana y cocaína.
El fallo sostiene que La Provincia debe controlar el ingreso, distribución y consumo de estupefacientes y, en caso de reclusos adictos, debe tratarlos.
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El Estado provincial deberá pagarle $ 80 millones a la madre y a los dos hermanos de un preso de 23 años que fue asesinado por otro interno en el penal de Almafuerte, en Luján, durante una pelea iniciada tras consumir marihuana y cocaína.
El fallo del Tribunal de Gestión Asociada Nº 1 establece que el Gobierno de Mendoza deberá abonar a la mujer del fallecido la suma de $50 millones y a los hermanos $ 15 millones para cada uno. El dinero se hará efectivo cuando la condena quede firme, luego de la habitual apelación que es común en este tipo de causas civiles.
El millonario fallo de la justicia civil firmado por la jueza Fabiana Martinelli incluye a los hermanos ya que el joven “vivía con su madre y sus dos hermanos con los cuales compartían escuela, amigos, deportes y con quienes tenía un trato familiar público”, sostiene el fallo, ante un planteo para que no se incluyera a los jóvenes.
La sentencia enumera los pactos internacionales a los que adhiere el país, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica la obligación y responsabilidad de los servicios penitenciarios de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva, “la adecuada custodia cimentada en el respeto a la vida, la salud y la integridad física y moral”.
“La seguridad, entonces, como deber del Estado se advierte en doble faz o en dos direcciones: el resguardo de los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia y el de los propios detenidos, ya que el objetivo superior del sistema penal lo constituye la readaptación social de quienes han delinquido”, indica la sentencia.
Además el Estado, al contraer la obligación de prestar un servicio – en este caso el de seguridad-, debe hacerlo en condiciones adecuadas y responder por los perjuicios que cause su cumplimiento irregular o incumplimiento.
En la causa penal quedó establecido que “habían consumido marihuana y cocaína lo que motivó el enojo del agresor con la víctima”.
Respondiendo a la demanda civil, la Provincia sostuvo la culpa de la víctima para eximir su responsabilidad alegando inobservancia de los reglamentos carcelarios y la asunción del riesgo de consumir estupefacientes.
Pero para jueza advierte que el “consumo de estupefacientes en encierro es una práctica habitual y si existía una adicción previa, fue una enfermedad que debió ser detectada al ingreso de detenido, transformándolo en un interno de cuidado y riesgo, circunstancias que debieron ser advertidas por el personal asistencial y de salud de la penitenciaría”.
Por otra parte la omisión de cuidado del preso “radica en no controlar el ingreso, distribución y consumo de estupefacientes en el sistema carcelario o en no haber dado al joven el destino que correspondía a un detenido con su patología, a fin de procurar su mejoría o podría haber sido evitado si su detención hubiera transitado en otro establecimiento de seguridad o en alguna dependencia en la cual existiera un control médico adecuado”-
El preso “murió bajo la órbita de custodia del servicio penitenciario, quien omitió las diligencias necesarias para evitar daños en su la integridad” y esta falta tiene consecuencias económicas para el Estado.
Según publicó Los Andes el 15 de abril de 2022, durante una riña en la cárcel de Almafuerte L. C. fue asesinado cuando cumplía una condena por tentativa de robo agravado.
La agresión se produjo esa mañana, cerca de las 7, cuando personal penitenciario detectó que al momento de realizar el habitual recuento matutino se estaba produciendo una pelea entre internos alojados en la celda 30 del Módulo 6, en el Ala 2 del Complejo Penitenciario Almafuerte, ubicado en Cacheuta.
Cuando los penitenciarios realizaron la apertura de la celda encontraron en su interior a dos internos protagonizando una pelea y a otro, sin vida, en una de las camas. o golpeó en el rostro y lo ahorcó con una toalla hasta causar la muerte.
Luego, se trasladó a los participantes de la gresca al sector de Sanidad del complejo, para que fueran atendidos por los médicos que, además constataron el deceso de víctima, cuyas causas no fueron aún informadas.
El recluso fallecido cumplía una condena de 5 años y 9 meses, por el delito de tentativa de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, llevando hasta el momento un tiempo de detención de 3 años y cinco meses.
Personal policial y la Fiscalía de Homicidios se desplazaron hasta el penal para investigar el caso: uno de los reclusos mató golpeándolo en la cara y ahorcándolo con una toalla hasta causarle la muerte.