Una investigación por irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir derivó en la detención de una mujer en la provincia de Salta, acusada de haber validado miles de certificados psicofísicos sin realizar los estudios correspondientes.
Detectaron una desproporción entre ingresos declarados y movimientos en cuentas, con transferencias de terceros.
Una investigación por irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir derivó en la detención de una mujer en la provincia de Salta, acusada de haber validado miles de certificados psicofísicos sin realizar los estudios correspondientes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscalía la imputó por el delito de administración fraudulenta y solicitó que continúe detenida mientras avanza la causa.
La imputación fue realizada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien intervino tras una denuncia presentada por Clínica Cruz Azul, prestadora de estudios psicofísicos habilitada para licencias profesionales.
Durante la audiencia, la acusada -asistida por un abogado particular- se negó a declarar y adelantó que presentará su descargo por escrito.
El caso se originó el 23 de diciembre pasado, cuando el apoderado de la clínica detectó inconsistencias en el sistema interno. La sospecha apuntaba a la emisión de recibos por prestaciones que nunca se realizaron y, en paralelo, a la carga de certificados de aptitud en el sistema oficial sin respaldo médico.
La maniobra quedó al descubierto tras un cruce de datos entre el sistema interno de la clínica (GoMedisys) y el registro oficial REPRE, dependiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
El resultado fue contundente: se detectaron 3.477 certificados de aptitud psicofísica cargados sin que existiera atención médica real, es decir, personas que fueron declaradas aptas para conducir sin haber sido evaluadas.
El avance de la investigación reveló además que la empleada involucrada había presentado su renuncia el 12 de diciembre. Sin embargo, días después, el 22, se registraron seis nuevos certificados irregulares, lo que abrió una nueva línea de análisis sobre el uso de accesos al sistema.
La Unidad de Investigación UDEC del CIF profundizó el trabajo con peritajes informáticos y cruces de bases de datos, logrando vincular las maniobras directamente con la imputada. Según la hipótesis fiscal, la mujer no solo cargaba certificados falsos, sino que también generaba recibos por prestaciones inexistentes.
El seguimiento financiero aportó otro elemento clave: la pericia contable detectó una desproporción entre los ingresos declarados y los movimientos en sus cuentas, con transferencias de terceros que coinciden con personas incluidas en los registros irregulares de la clínica. Esto refuerza la sospecha de un circuito paralelo de cobros por certificados apócrifos.
Con estos elementos, la fiscalía solicitó mantener la detención de la acusada mientras continúa la recolección de pruebas.