El Juzgado Penal Colegiado n.º 2 de Mendoza resolvió rechazar el hábeas corpus colectivo presentado por los presos del complejo Almafuerte ubicado en Cacheuta, que comprende a unos 1.900 internos.
El juez desestimó el recurso tras inspecciones presenciales, donde se constató el normal funcionamiento de los servicios de agua, calefacción y atención médica.
Personas privadas de su libertad del penal Almafuerte trabajan para una industria mendocina
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Grupo LTN (Friolatina) El Juzgado Penal Colegiado n.º 2 de Mendoza resolvió rechazar el hábeas corpus colectivo presentado por los presos del complejo Almafuerte ubicado en Cacheuta, que comprende a unos 1.900 internos.
La situación se desató el viernes pasado, cuando la abogada María Elena Quintero, en representación de los reclusos, había advertido sobre la falta de servicios básicos como agua potable y agua caliente, carencia de colchones, servicios médicos, educación, comunicación y la práctica de violentas requisas, entre otros temas.
Según la denuncia, en Almafuerte existe una situación de carencias edilicias, falta de servicios, alteraciones en los regímenes de salud, trabajo y esparcimiento, incomunicación de los internos, modificaciones en los horarios de visitas y “un recrudecimiento en la modalidad de las requisas”.
En cuanto al alojamiento, la denuncia indica que los pabellones que son para 72 plazas alojan actualmente entre 110 y 140 personas; y, sobre una población de 1.900 internos, “un número significativo duerme directamente en el piso por la falta de colchones, camas y frazadas suficientes”.
Sobre las requisas, los internos también se quejaron porque desde hace dos meses “se desarrollan requisas extraordinarias y compulsivas, en numerosas ocasiones extendiéndose hasta horarios nocturnos. Los grupos de requisa ingresan efectuando disparos con escopetas, produciendo lesiones con balas de goma y utilizando bastones”. En ese sentido, denunciaron que las personas detenidas son encerradas compulsivamente de a 10 o 20 en sus celdas.
Otra de las denuncias indican las medidas de seguridad repercuten especialmente en personas de identidad transexual que, anteriormente, se encontraban alojadas en un pabellón específico de cinco celdas y fueron redistribuidas en distintos sectores, incluyendo módulos de máxima seguridad. En el Módulo Cinco, los internos permanecen veintitrés horas diarias encerrados en sus celdas, con acceso mínimo de una hora de recreación.
Ante esta situación, el Juzgado Penal Colegiado 2 aceptó el hábeas corpus correctivo presentado por la población del penal Almafuerte y el juez Diego Flamant realizó visitas presenciales a los distintos pabellones del complejo ubicado en Luján de Cuyo, con el objetivo de verificar la capacidad de los módulos, el funcionamiento del agua y la calefacción, como también la implementación de la guardia sanitaria y la recepción de visitas, entre otros temas.
Durante estas inspecciones, determinaron que los surtidores de los módulos funcionan correctamente y que el agua no presenta turbiedad. El juez constató personalmente que las duchas contaban con agua caliente y que los termotanques operaban con capacidad normal.
Por otro lado, en cuanto al tema de la calefacción, comprobaron que funciona en los módulos y que existen planes de contingencia ante posibles cortes de servicios. Respecto a las guardias médicas, constataron que el complejo cuenta con servicios presenciales de 8 a 20 horas y atención telefónica el resto del día. Asimismo, se acreditó la entrega mensual de elementos de higiene.
En cuanto a la comunicación, tras el retiro de teléfonos celulares, se implementaron mecanismos alternativos de comunicación y se ampliaron las visitas, que pasaron de ser quincenales a semanales, según indica el fallo.
El juez Flamant valoró que muchos de los puntos reclamados por los internos ya habían sido abordados en expedientes judiciales anteriores, especialmente en lo referido a la alimentación y el agua, problemas que actualmente se consideran superados o normalizados.
Si bien durante las entrevistas algunos internos manifestaron quejas puntuales sobre colchones o falta de agua en sectores específicos, el magistrado señaló que los testimonios fueron heterogéneos. Mientras algunos denunciaban carencias, otros internos del mismo sector reconocían un funcionamiento adecuado, lo que impidió acreditar una situación de precariedad uniforme y generalizada que justificara el hábeas corpus colectivo, según indica el juzgado.
Pese a no hacer lugar al recurso, el magistrado incluyó en su resolución una serie de directivas para el Servicio Penitenciario con el fin de optimizar la calidad de vida en el penal.
Entre ellas, solicitó garantizar la provisión de colchones y mantas en caso de faltantes, recomendó ampliar el número de camastros y pidió extender las posibilidades de acceso a la educación para la población carcelaria.