La justicia provincial ordenó la libertad a los dos militantes antimineros detenidos tras la protesta de Uspallata y ordenó que el caso pase al fuero federal.
Mauricio Cornejo y Federico Soria siguen imputados y deberán pagar una fianza de 5 millones cada uno.
La protesta de Uspallata dejó 5 imputados. Foto: Gentileza
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La justicia provincial ordenó la libertad a los dos militantes antimineros detenidos tras la protesta de Uspallata y ordenó que el caso pase al fuero federal.
Esta mañana la jueza Claudia Tula -durante una audiencia de control jurisdicional solicitado por los defensores de Mauricio Cornejo y Federico Soria- determinó la libertad de ambos y les impuso una caución de 5 millones de pesos cada uno y el estricto cumplimiento de la prohibición de acercamiento hacia las personas afectadas como consecuencia del la protesta del 24 de enero de 2025 en Uspallata, en el marco de una protesta en rechazo a la actividad minera.
Además, según el criterio de la jueza, la causa es de competencia federal por lo que por lo que se declaró incompetente y ordenó remitirlo al mencionado fuero.
Para la magistrada el delito imputado debe quedar bajo la órbita federal. S trata de: agrupación para la coerción ideológica del artículo 213 bis del Código Penal. El mismo establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Esa es la imputación que les aplicó a ambos el fiscal Juan Manuel Sánchez de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, contra los Animales y No Especializados, en la investigación que el Ministerio Público Fiscal deberá remitir a un fiscal federal.
Por otra parte, Tula consideró que, si bien existen elementos de convicción para sostener la acusación de los ambientalistas, no es posible expedirse sobre la prisión preventiva por la incompetencia declarada.
El 24 de enero pasado, a las 18, cuando estaba por comenzar el acto y Vera se disponía a dar un discurso de bienvenida a las autoridades provinciales que habían llegado a Uspallata para la inauguración de Cámara de Servicios Mineros, se produjeron algunos disturbios entre vecinos antimineros y algunos integrantes de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), que apoyan la minería.
Según la Policía, unos 70 manifestantes, a los gritos y con pancartas contra la actividad minera, lograron apoderarse de escenario y de la zona donde se habían dispuesto sillas para los invitados especiales, algunos de los cuales debieron refugiarse en la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros.
En esa instancia se produjeron algunas peleas entre los manifestantes y la gente del Uocra, aunque desde la Policía no reportaron que hubiera heridos.
Al termino de los incidentes el caso comenzó a ser investigado por el fiscal de Homicidios Carlos Torres, quien destacó que, aunque la pena por lesiones leves dolosas es relativamente baja, el contexto de los hechos agrava la situación. “No es un hecho menor que se haya producido una agresión a uno de los organizadores, y lo que está surgiendo es que este ataque estaba planificado”, señaló el fiscal, lo que podría implicar una mayor complejidad en el caso.
En cuanto a las pruebas recolectadas, el fiscal confirmó que se secuestró un bidón con combustible, pero desmintió la presencia de bombas molotov. “Lo que se secuestró fue el bidón con el combustible, y estamos analizando las cámaras de seguridad del lugar para obtener más información”, dijo.