La justicia Federal de Mendoza rechazó hacerse cargo de la investigación que tienen imputados a cinco militantes antimineros que habrían realizados algunos disturbios en Uspallata, durante una protesta, en enero pasado.
La justicia Federal de Mendoza rechazó el pedido de una jueza provincial para que se hiciera cargo del polémico caso. En contrapartida, lo pasó al máximo tribunal nacional para que decida de quién es la competencia. A la vez, entiende que se trata de un asunto entre privados y, por lo tanto, debe dirimirlos la justicia provincial. El caso queda paralizado, por ahora.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras repudió los hechos de violencia en Uspallata. Foto: Gentileza
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La justicia Federal de Mendoza rechazó hacerse cargo de la investigación que tienen imputados a cinco militantes antimineros que habrían realizados algunos disturbios en Uspallata, durante una protesta, en enero pasado.
En contrapartida, lo pasó a Corte Suprema de Justicia de la Nación el asunto para que decida de quién es la competencia. Pero, a la vez, entiende que se trata de un asunto entre privados y, por lo tanto, debe dirimirlos la justicia provincial. El caso queda paralizado, por ahora, hasta que se expida el máximo tribunal nacional.
El 3 de abril pasado, la jueza Claudia Tula le dio la libertad a los dos últimos ambientalistas detenidos y luego se declaró incompetente, remitiendo el caso a la Justicia Federal, ya que considera que el delito imputado a los sospechosos -agrupación para la coerción ideológica, artículo 213 bis del Código Penal- debe tratarse en el ámbito federal.
Pues bien, ahora, María Cecilia Elmelaj, Fiscal Federal Subrogante a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mendoza, notificó a la justicia de Mendoza que rechaza la competencia “por entender que se trata de competencia de la Justicia ordinaria en razón de los argumentos que allí se esgrimen”.
“Entrando a analizar los hechos en autos investigados, entiendo, en total consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, que corresponde no aceptar la competencia atribuida y remitir las actuaciones a conocimiento y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que dirima el conflicto de competencia suscitado”, indica el documento.
Luego argumenta que “la justicia federal interviene solamente de manera excepcional y lo hace restrictivamente, en los casos que así lo disponen las leyes y cuando los intereses en juego fueran de tal trascendencia que ello resultara justificado, como lo demuestra la enumeración que efectúa el Alto Tribunal”.
Indicando seguidamente que está claro que los hechos ocurridos en Uspallata no pueden “encuadrarse en alguno de los casos que justifican la intervención de este fuero, en tanto no se advierte que haya afectación de intereses del Estado Nacional”.
Esto porque se trata de conflictos de intereses particulares: entre autoridades de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y un grupo de personas que se oponen al desarrollo de esa actividad en esa localidad. Es decir entre denunciantes y denunciados.
Así la cosas, será la Corte Nacional quien establezca, finalmente si para este caso en particular quien debe hacerse cargo de impartir justicia en relación al del artículo 213 bis del Código Penal. El mismo establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
El documento replica la versión de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no Especializados sobre los hechos ocurridos en la tarde el 24 de enero. Es esta: “siendo aproximadamente las 18.00 horas, en momentos en los que se procedía a la inauguración de la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, ubicada en calle Las Heras s/n, Local 20, Uspallata, Las Heras, Mendoza.
“En este evento, del cual participaban, entre otras personas, Edgardo Vera -Presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata-, otras autoridades de la Cámara referida y autoridades de la Intendencia de Las Heras y del Gobierno de Mendoza, se hicieron presentes en el lugar un grupo de aproximadamente 70 personas, algunos de ellos adherentes de la Asamblea de vecinos de Uspallata -de los cuales lograron ser identificados Mauricio Iván Cornejo (propietario del local comercial “El Tunduque”), Miguel Pablo González (a) “El Mostro”, Marcelo Daniel Molina Correa, Mariana Leticia González y Federico Soria Stravatto-, quienes procedieron a protestar de forma violenta contra la actividad minera, incitando a la agresión verbal y ejerciendo violencia física mediante puñetazos, patadas, arrojando piedras y elementos contundentes a las personas que habían concurrido al acto de inauguración referido, a la vez que manifestaban que no permitirían el desarrollo de actividad minera en Uspallata.
“Fue en ese marco que Miguel Pablo González tomó un bidón que contenía una sustancia líquida inflamable y arrojó su contenido en el frente de un local comercial denominado “Autoservicio Uspallata”, ubicado junto a la oficina referida, dando lugar a un fuego de cierta magnitud cuyas llamas alcanzaron los primeros metros del comercio y provocaron leves quemaduras a Segundo Vera y a su nieto de ocho años de edad, logrando la gente que estaba en el lugar apagar el fuego mediante el uso de extintores.
“A su vez, sin poderse precisar fecha cierta, pero con anterioridad a ese evento, Mauricio Iván Cornejo y Federico Soria le manifestaron a Edgardo Vera que “no sabía la que se le venía, que si seguía lo iban a matar” y el mismo día del acto inaugural le expresaron “te dijimos que te fueras del pueblo, te vamos a matar, no sabes la que se te viene”, provocando temor en el mismo y obligando al Sr. Vera a detener la inauguración de dicho local y a retirarse del lugar”.