El caso por la muerte de Ángel López, el chico de 4 años golpeado en Comodoro Rivadavia, incorporó en las últimas horas un documento clave: su propia declaración ante la Justicia, realizada menos de dos meses antes del desenlace.
Mariela Altamirano (madre biológica) y Maicol González (padrastro) fueron detenidos. Serán imputados por el delito de homicidio agravado por el vínculo. Los golpes al niño datan de al menos 10 días previos a la muerte.
Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia
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Gentileza El caso por la muerte de Ángel López, el chico de 4 años golpeado en Comodoro Rivadavia, incorporó en las últimas horas un documento clave: su propia declaración ante la Justicia, realizada menos de dos meses antes del desenlace.
El acta, fechada el 9 de febrero de 2026, registra una audiencia de escucha al menor en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese encuentro participaron el juez de Familia Pablo Pérez, la asesora Verónica Roldán y el propio nene.
Según la constancia firmada por la secretaria Valentina Rasche, Ángel logró expresarse “con dificultad”, pero fue claro en dos puntos centrales: dijo que "vivía con su mami y le gustaría seguir viviendo allí".
En contrapartida, el acta consigna de forma directa que Ángel manifestó que “no quiere ver” a su padre, Luis López, con quien residía, según reveló el medio local ADN Sur.
Ese testimonio resultó determinante para la decisión judicial de mantener la guarda en manos de la madre biológica, Mariela Altamirano, hoy detenida y acusada de matar al nene.
El expediente también ponderaba antecedentes: el padre de Ángel acumulaba al menos tres denuncias por conductas violentas, incluyendo un episodio que originó la intervención en 2023, cuando vecinos alertaron que le habría dado cerveza al niño en la vía pública.
A ese cuadro se sumaban conflictos en el entorno paterno. La pareja de López, Lorena Andrade, había sido alcanzada por restricciones judiciales tras obstaculizar la revinculación con la madre y permitir incumplimientos de medidas perimetrales.
Sin embargo, el escenario cambió de manera drástica tras la muerte del niño, ocurrida el pasado 5 de abril.
En las últimas horas, Mariela Altamirano y su pareja, Maicol González, fueron detenidos y serán imputados por homicidio agravado por el vínculo. La principal hipótesis sostiene que el chico sufrió golpes durante al menos diez días previos al episodio que derivó en su internación y muerte.
De acuerdo con la investigación, ambos estaban a cargo del menor en la vivienda donde se produjo la descompensación que inicialmente fue presentada como un paro cardiorrespiratorio. Ángel fue trasladado al hospital regional y murió 48 horas después.
La causa, ahora en el fuero penal, avanza con medidas clave: allanamientos, secuestro de celulares para peritaje y vigilancia sobre los imputados. Los estudios histopatológicos serán determinantes para confirmar la causa exacta de la muerte.
El informe preliminar de autopsia reveló lesiones traumáticas en la zona craneal, incompatibles con una muerte natural y consistentes con episodios de violencia de alta intensidad.
La querella vinculó el caso con los estándares de la Ley Lucio (N° 27.709), al considerar que se habrían incumplido obligaciones de detección temprana y prevención de situaciones de violencia infantil.
En ese contexto, la declaración previa del niño abre una dimensión incómoda para el expediente: expone cómo decisiones judiciales tomadas en el fuero de Familia -basadas en su propio testimonio y en antecedentes de violencia del padre- terminaron derivando en un escenario que hoy está bajo investigación por un posible homicidio.