Julieta Silva, la sanrafaelina condenada por atropellar y matar a su novio, el rugbier Genaro Fortunato y que ahora se encuentra imputada luego de que su ex marido la denunciara por agresiones, declaró hoy ante el fiscal sureño Fabricio Sidoti y dio su versión sobre los hechos que se le imputan.
La mujer llegó esta mañana a los tribunales sureños acompañada de sus defensores, Roberto Castillo -el mediático letrado porteño que está en pareja con Cinthia Fernández- y la penalista sureña Clarisa Fuentes.
Silva está imputada por delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de su pareja Lucas Giménez, con quien mantiene una relación matrimonial y tiene una hija en común de un año de edad. También fue imputada por desobediencia y amenazas, razón por la cual el fiscal ordenó su detención.
Pero el 8 de agosto, durante una audiencia de prisión preventiva, el juez Claudio Gil del Juzgado Penal Colegiado 2 de San Rafael, ordenó que la mujer debía seguir cumpliendo la detención en la modalidad de “domiciliaria, con tobillera electrónica”.
En dialogo telefónico con Los Andes, el abogado Castillo sostuvo, tras la declaración de Silva, que se van a constituir en querellantes “en tres denuncias que Julieta le hizo a su marido y que no se han investigado”. La primera por amenazas, causa en la que “le hicieron pericias y dicen que se contradice”; la segunda por violación de domicilio y la tercera por agresión. “El hombre la sujetó de los brazos con violencia, pero como no se acreditaron lesiones, no se tuvo en cuenta”, acusó el letrado.
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Julieta Silva y Lucas Giménez.
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“Indudablemente, en este caso existe violencia institucional. Hay un estigma social y judicial contra Julieta y esto se refleja en un marcado hostigamiento procesal”, sostuvo Castillo.
Por otra parte, afirmó que “los jueces de Familia no tienen que criminalizar". "La Justicia Penal se equivocó, esto en un asunto de la Justicia de Familia que tiene que imponer multas y pericias y otras medias”, apuntó.
Sometimiento y chantaje
En relación a las denuncias que mantienen a Silva con prisión domiciliaria, su defensor explicó que en la declaración que realizó esta mañana, “ella desvirtuó la acusación, dio una amplia versión de los hechos que, claro, es muy distinta a la del denunciante”.
“Había una relación de sometimiento. Él la chantajeaba: el chantaje pasaba porque iba a contarle a los hijos de ella sobre su pasado”, explicó Castillo, haciendo referencia a que Giménez la habría amenazado diciéndole a los menores que la muerte de Genaro Fortunato no había sido accidental como determinó la Justicia al condenarla a tres años y nueve meses de prisión, sino que la mujer actuó de forma intencional.
Además, indicó que “le hacía escenas de celos con el padre de sus hijos (de su primer matrimonio) y también con el profesor de fútbol de los chicos, por lo que no los volvió a llevar”.
La denunció el marido
Julieta Silva había sido detenida por la muerte de Genaro Fortunato en septiembre de 2017 y fue condenada en septiembre de 2018 por homicidio culposo agravado a tres años y nueve meses de reclusión, más una prohibición para manejar por el lapso de 8 años.
Esta condena se cumplió el 8 de junio de 2021 y, recientemente, el 22 de mayo pasado, la Justicia le otorgó la rehabilitación para conducir.
A fines de 2022, ya en libertad, Julieta Silva contrajo matrimonio con Giménez, también oriundo de San Rafael. Publicaron fotos de su luna de miel en Playa del Carmen, México, y mostraron su nueva etapa familiar, que incluyó el nacimiento de una hija en común, hoy de un año.
Tres años después de haber formalizado el amor, el propio Giménez la denunció y el pasado 24 de julio pasado quedó detenida tras ser formalmente imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la situación se inició tras una denuncia presentada por la presunta víctima, quien afirmó haber sufrido agresiones (una escoriación y tumefacción) por parte de Silva.
La Policía acudió al domicilio de los implicados, donde constataron la existencia de lesiones a la actual pareja de Silva. Como medida inicial, se dispuso la prohibición de acercamiento de Silva hacia su pareja, mientras avanzaban las diligencias investigativas, que incluyeron declaraciones testimoniales, pericias médicas y la intervención del Cuerpo Médico Forense.