Un hombre de 77 años fue condenado por tráfico ilegal de explosivos. Partió de Córdoba y tenía destino en Misiones.
Jubilado transportaba 500 kilos de dinamita. La carga fue secuestrada durante un control de rutina y el hombre fue condenado a 3 años de prisión.
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Alberto Barnada, de 77 años ahora conocido como “Bombita”, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná. Barnada, que se dedica al comercio de explosivos para minería y construcción, fue detenido en junio de 2024 mientras realizaba un viaje de alto riesgo desde Córdoba hacia Misiones.
El jubilado realizó el viaje,en su camioneta 4x4. Salió de Córdoba con 500 kg de Gelamón V.F. 65%, un tipo de dinamita producida en la planta de Fabricaciones Militares en Villa María. Cruzó la provincia de Santa Fe y se dirigió hacia Entre Ríos, donde fue detenido en las cercanías del Túnel Subfluvial.
A pesar de que está prohibido transportar material explosivo bajo el agua, Barnada hizo noche en Cerrito, donde dejó la camioneta cerca de una estación de servicio. “Una camioneta cargada con media tonelada de material explosivo de alto poder estacionada durante muchas horas a media cuadra de una estación de servicio”, subrayó la fiscal ayudante Valeria Esponda en los alegatos.
Al día siguiente, el hombre continuó su camino, pero quedó detenido en el Puesto Caminero Santa María, ubicado en el kilómetro 496 de la ruta nacional 12.
Durante el procedimiento de control de rutina, Alberto se mostró nervioso y, al ser consultado sobre qué llevaba en la caja de su camioneta, respondió que transportaba agroquímicos.
Al revisarlas, los agentes encontraron 15 panes de explosivos en cada una, los cuales estaban en cajas de cartón tapadas con trapos. La carga total, que no tenía la documentación reglamentaria, fue incautada en el acto. La defensa a favor de Barnada alegó que la ausencia de detonadores hacía el material "inofensivo", pero los bomberos especializados en explosivos declararon que la camioneta no contaba los elementos de seguridad necesarios.
En el juicio, la fiscalía, liderada por José Ignacio Candioti, pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva, señalando que el jubilado llevaba más dinamita de la utilizada en los atentados contra la AMIA. La fiscalía argumentó que su conducta fue "dolosa" y de "altísimo peligro social".
El acusado confesó no tener ninguna autorización ni cumplir con la reglamentación para transportar el material explosivo. La jueza federal Noemí Berros lo condenó a tres años de prisión condicional. Si bien la condena fue menor a la solicitada por la fiscalía, la resolución judicial avaló la postura del Ministerio Público Fiscal.
La camioneta fue secuestrada y será utilizada para el transporte, y la fiscalía solicitó que los explosivos sean destruidos: “Esperamos que sea destruido. No corresponde que semejante cantidad de explosivos quede almacenada”.