La empleada de la provincia de Neuquén es investigada por presuntos cobros indebidos y la confección de actas irregulares, hechos que habrían provocado perjuicios tanto a un matrimonio como al Estado provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron la situación como grave.
Una empleada del Registro Civil de la provincia de Neuquén es investigada por presuntos cobros indebidos y la confección de actas irregulares, hechos que habrían provocado perjuicios tanto a un matrimonio como al Estado provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal calificaron la situación como grave.
Durante una audiencia realizada el martes, el asistente letrado Facundo Bernat reformuló los cargos contra la funcionaria, acusada de haber cobrado de manera ilegal una suma de dinero para la realización de un casamiento y de haber consignado datos falsos en el acta matrimonial.
Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, se mantuvieron los hechos y los delitos originalmente imputados, aunque la acusación fue modificada al incorporarse agravantes y nuevas consecuencias económicas derivadas de las maniobras, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con el comunicado oficial del MPF neuquino, son dos los hechos que se le atribuyen a la mujer. El primero ocurrió el 6 de enero de 2025, cuando la imputada, en su carácter de oficial pública, habría exigido el pago de 90 mil pesos a una pareja bajo el argumento de que el sellado abonado no correspondía al trámite de matrimonio. El dinero fue transferido a una cuenta personal de la acusada.
El segundo hecho se vincula con la confección del acta matrimonial, en la que la empleada habría omitido consignar que la ceremonia se realizó a domicilio y tampoco habría asentado la identidad de los testigos exigidos por la normativa vigente.
La fiscalía remarcó que estas irregularidades no solo configuran una falsedad documental, sino que también generaron un perjuicio patrimonial al Estado, debido al no pago de la tasa correspondiente al casamiento a domicilio, además de haber obligado a los contrayentes a realizar la rectificación de la documentación.
Por estos hechos, la mujer fue imputada por los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora.
Finalmente, el fiscal solicitó una prórroga de tres meses para el plazo de investigación, pedido que fue avalado por el juez de garantías Juan Guaita, quien también dio lugar a la reformulación de los cargos.