La Unidad Fiscal de Homicidios formalizó los cargos contra tres hombres y una mujer por el asesinato de Gerardo Giménez el sábado pasado.
Imputaron a cuatro personas por el homicidio de Gerardo Giménez
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A cuatro días del violento episodio ocurrido en Luján de Cuyo que terminó con la vida de Gerardo Mauricio Giménez Quintero (40), la investigación liderada por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional informó la imputación formal de cuatro personas.
Los acusados, identificados como Emiliano Miguel Briceño Castillo, Andrea María Briceño Rodríguez, Rodrigo Jairo Castillo y Brian Nahuel Gatica Briceño, enfrentan cargos bajo la calificación de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego.
Según la fiscalía, todos ellos habrían actuado en calidad de coautores, una figura legal que los coloca con el mismo nivel de responsabilidad en la ejecución del hecho.
El crimen ocurrió la mañana del pasado sábado 24 de enero, alrededor de las 9:00, en una vivienda del barrio Viña Costa Flores, en Perdriel. De acuerdo con los testimonios recabados, el conflicto se originó en el marco del festejo de un cumpleaños donde se produjeron disturbios por ruidos molestos y gritos.
La situación escaló rápidamente hasta que se efectuaron disparos contra la propiedad; uno de los proyectiles impactó en el lateral derecho del tórax de Giménez.
A pesar de los esfuerzos médicos y su traslado al Hospital Central, el fallecimiento de la víctima fue confirmado horas más tarde. En la escena, los peritos de criminalística hallaron evidencias de la ferocidad del ataque: vainas servidas de calibre 9mm y de escopeta 12/70, además de una escopeta abandonada en el exterior de la vivienda.
Si bien inicialmente la policía había aprehendido a un joven de 26 años en las inmediaciones del callejón Villanueva con una lesión en el rostro y un cuchillo de cocina, la imputación actual sobre las cuatro personas mencionadas marca una línea clara sobre la hipótesis de un ataque premeditado y conjunto.
El Ministerio Público Fiscal mantiene la reserva sobre nuevos avances, mientras se analizan los antecedentes de los involucrados y las pruebas balísticas recolectadas en el lugar del hecho. Por el momento, la calificación legal aplicada (Art. 80 inc. 6 y 41 bis del Código Penal) prevé una de las penas más severas del ordenamiento jurídico argentino.