El letrado Roberto Castillo, representante de Juan Pablo Rúa y Sebastian Moyano, dos de los cinco detenidos, aseguró que “no tiene sentido hablar de organización criminal”. Justificó que cada uno gastó como 20.000 dólares en compras ese día y no iban a robar 350 dólares.
El abogado Roberto Castillo, defensor de Juan Pablo Rúa y Sebastian Moyano.
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TN Tras la repercusión mediática, habló el abogado de dos de los cinco mendocinos detenidos en Miami acusados de cometer robos en serie en el Dolphin Mall, uno de los shoppings más concurridos. Roberto Castillo aseguró que la situación está lejos de tratarse de una organización criminal, como se mencionó.
Además, el letrado -pareja de Cinthia Fernández- destacó que el proceso judicial en Estados Unidos avanza para esclarecer las responsabilidades individuales. Según sus declaraciones en una entrevista con TN, uno de ellos sería el máximo responsable de lo ocurrido y que los otros fueron desligados.
El abogado, que es representante de Juan Pablo Rúa y Sebastian Moyano, sostuvo que el caso fue sobredimensionado por las autoridades y por el ambiente mediático que se generó alrededor. Aclaró que no hubo tal deportación y tampoco eran parte de una despedida de soltero, como había circulado.
Contó que Rúa tiene una empresa con alrededor de 100 empleados y locales comerciales en un shopping reconocido de Mendoza, y que “quedó parado en un malentendido que fue aclarado en gran medida”, mientras avanzan las audiencias que podrían derivar en el retiro de los cargos para ambos.
El abogado también cuestionó la acusación de delito organizado: “La responsabilidad penal es indelegable. La Policía exageró al hablar de una ‘organización criminal’. Es imposible creer que una organización criminal haya utilizado la tarjeta de crédito para realizar compras en el shopping”.
Castillo insistió en que no hay elementos que prueben que el grupo actuara bajo roles delictivos ya planeados. “No tienen características de ser una organización criminal que fue a hurtar 4 remeras y 2 pantalones cuando en realidad se gastaron 20 mil dólares cada uno”.
Castillo explicó que el conflicto se habría desencadenado cuando uno de los cincos hombres tenía mercadería sin factura y no pudo acreditar el pago. A partir de ese momento -según su relato- se detuvo a todo el grupo, mientras el resto comenzó a presentar tickets y sus tarjetas para justificar las compras.
Sobre el acusado con mayor responsabilidad, expresó: “Uno se habría llevado una valija sin pagar, y ese mismo es quien se habría llevado las remeras y los pantalones, según el reporte policial. No por eso vamos a hablar de una organización criminal”.
El defensor consideró desproporcionada la imputación: “Parece exagerado que solo por un par de prendas hablen de organización criminal (...) Personas que fueron a gastar 20 mil dólares los acusan de robar 350 dólares, es poco lógico, no tiene sentido”, sumó.
También apuntó al trato recibido en el procedimiento policial en Miami: “Es una imputación muy agresiva que tiene que ver con una política migratoria muy dura de Estados Unidos, que de repente le ponen a todos trajes amarillos como criminales y hacen una escena cinematográfica”.
El abogado señaló que la audiencia final será el 29 de enero y que mientras tanto se continúa aportando documentación. Además, destacó que la persona más comprometida enfrenta una fianza mayor, mientras que en los demás el cuadro judicial es menos severo. “Eso la jueza lo tiene en cuenta”, dijo.
El defensor agregó que el viaje de regreso estaba previsto para esta misma semana, pero que se evaluó postergarlo para evitar la exposición mediática: no quieren enfrentar a la prensa, aseguró, porque mantiene un perfil bajo.