La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, dio un giro drástico tras conocerse que siete personas privadas de la libertad habrían participado en maniobras de extorsión previas al suicidio ocurrido el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.
En el momento de su muerte se encontró un carta cerca del cuerpo que reforzó el motivo de su muerte. La misiva estaba dirigida a familiares y amigos, y el joven manifestaba atravesar una situación económica compleja, con deudas que rondarían los $2 millones. Ahora, se suma otro elemento a la causa.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó este lunes que los presos contactaron a la víctima mediante una apps de citas, utilizando un perfil falso identificado como “Julieta Ayelén Cardozo”.
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La funcionaria calificó al grupo como una “PYME del delito” y realizó el anuncio junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Adorni sostuvo que “un celular en la mano, es efectivamente, permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede permitir tener una pyme del delito dentro de la cárcel”.
“Es un arma letal”, asumió la jueza
Según explicó la magistrada, el grupo de reclusos operaba la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, donde se llevaron adelante allanamientos con distintos objetivos que apuntaban a casos similares. El parte oficial indica que, además de la unidad penitenciaria, los operativos también se realizaron en domicilios en Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande.
Arroyo Salgado subrayó: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
Participaron también de la presentación el jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, y el comandante general de Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni.