Expulsaron de la fuerza a 7 penitenciarios condenados por torturar a un recluso mientras lo grababan

La exoneración de los ex funcionaros fue dada a conocer por el Ministerio de Seguridad a través del boletín oficial.

El ministerio de Seguridad y Justicia expulsó a 7 penitenciarios mendocinos que fueron condenados a 10 años de prisión por haber torturado en la cárcel de San Felipe a un recluso de 18 años, a quien golpearon mientras uno de ellos lo filmaba con su teléfono.

La medida fue dada a conocer oficialmente en la edición del boletín oficial de la fecha, donde se decretó la “sanción expulsiva de Exoneración” para los suboficiales José Alejandro Arredondo Ahumada, y Daniel Adrián Perón González y los agentes Luis Alejandro D’Ambrossio Orozco; Germán Orlando Núñez Aciar; Johnny Segundo Navarro Ballesteros; Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno; y Edgardo Yoel Quero Rey.

Maltratos físicos y psíquicos

El 7 de junio de 2010, desde cero horas con cuarenta y siete minutos y durante aproximadamente una hora, en el interior del módulo cinco, sector A del Complejo II San Felipe del Servicio Penitenciario Provincial de Mendoza, los agentes penitenciarios Germán Orlando Núñez Aciar, Luis Alejandro D’Ambrossio Orozco, José Alejandro Arredondo Ahumada, Jonathan Edgardo Bizaguirre Moreno, Edgardo Yoel Quero Rey y Daniel Adrián Perón González, con cumplimiento de funciones en ese Complejo, sometieron a maltratos físicos y psíquicos al interno William Walter Vargas, privado de su libertad, para torturarlo.

Mientras la víctima se encontraba arrodillada en el piso, con sus brazos esposados sobres su espalda e incluso atado a una ventana, los agentes Germán Orlando Nuñez y Jonathan Edgardo Bizaguirre, sostuvieron y golpearon a la víctima.

Asimismo, el interno, mientras era sostenido por los arriba nombrados, fue pateado y golpeado por el suboficial Ayudante José Arredondo y Edgardo Yoel Quero Rey. Por su parte, el agente Daniel Adrián Perón fue quien mediante la utilización de su teléfono celular filmó toda la situación antes descripta, como así también golpeó al interno mencionado.

El hecho fue presenciado en su totalidad por Luis Alejandro D’Ambrossio quien también golpeó al interno. Finalmente, todos, utilizando como objeto de diversión al interno esposado, se burlaron diciéndole frases como: “se le ve el poto; la ratita que boconea al personal; está atado como un perro; salta violeta; salta violeta; y el bocón de los milicos”.

Condenados a 10 años de cárcel

En 2019, la justicia penal de Mendoza —a través de la entonces Séptima Cámara del Crimen— condenó a funcionarios del Servicio Penitenciario provincial por el delito de tortura en perjuicio de William Vargas, de 18 años, quien se encontraba detenido en el penal de San Felipe al momento del hecho, en 2010.

El caso salió la luz en 2011 luego de que un celular, que contenía una serie de videos de varios penitenciarios torturando a un recluso, llegara a la asociación para la promoción y protección de los derechos humanos, Xumek.

Los hechos habían ocurrido en 2010. En las imágenes se podía ver a los funcionarios dando golpes de puño y patadas a un recluso mientras se encontraba arrodillado en el piso, con las manos esposadas a su espalda y atadas con un cinturón a una ventana del pabellón, flexionándole hacia arriba los brazos en sentido contrario a su flexión natural.

Los condenados –por el delito de torturas- fueron Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís Ambrosio, Daniel Perón, Johnny Navarro, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.

La sentencia, confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un hito judicial e institucional de relevancia nacional, tanto por la calificación penal de las conductas como por las medidas de reparación ordenadas.

Entre ellas, se dispuso la realización de instancias obligatorias de capacitación en investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuya implementación es seguida por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte.

Para cumplir con esta medida, la Suprema Corte solicitó la colaboración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo creado por la Ley 26.827 en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y rector del Sistema Nacional de Prevención.

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