El condenado publicaba las imágenes por un grupo de Telegram, que solo lo integraban hombres. La condena generó controversia y expuso el vacío legal de estos casos.
Los investigadores hallaron unas 48.000 imágenes almacenadas en sus dispositivos.
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Gentileza La Justicia de Santa Fe sentó un precedente histórico al condenar a un hombre que utilizó inteligencia artificial para crear y difundir imágenes sexuales falsas de más de 80 mujeres de un pequeño pueblo. El caso, ocurrido en San Jerónimo Sud, expuso un nuevo caso en torno a los llamados deepfakes porno.
El hecho se conoció tras una investigación que reveló que el acusado generaba las imágenes con IA y las compartía en un grupo de Telegram llamado “Chicas de Sanje y la Zona”. Solo eran hombres. Allí, pedían material sobre mujeres del pueblo, y el responsable -vecino de las víctimas- cumplía con esos pedidos.
De las más de 80 víctimas, solo 18 se animaron a denunciar ante la Fiscalía de San Lorenzo, y seis de ellas continuaron con el proceso judicial hasta lograr una resolución.
La causa se resolvió a través de una audiencia de conciliación, con la asistencia de las abogadas Celina Ponti Marcuzzi y Juliana Tagliatti del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
El acusado fue condenado por el delito de injurias en el marco de violencia digital y deberá pagar una multa de $20.000, además de una reparación económica de $800.000 para las seis mujeres que impulsaron la querella. Esto generó polémica y expuso el vacío legal que existe en los deepfakes porno.
La sentencia marca un punto de inflexión en la discusión judicial sobre los deepfake de contenido sexual, un fenómeno que crece sin regulación específica en Argentina. Según datos del equipo de Ley Olimpia, existen al menos 30.000 grupos en el país que comparten material íntimo y de explotación sexual.
Durante el allanamiento al domicilio del acusado, los investigadores hallaron unas 48.000 imágenes almacenadas en sus dispositivos, entre ellas una gran cantidad de material pornográfico falso de mujeres adultas y menores de edad.
La causa se originó a partir de un denuncia previa realizada por la ONG Missing Children.