La flamante unidad fiscal mendocina ha recibido 232 expedientes de delitos in fraganti. Busca acelerar las investigaciones y llegar a una resolución definitiva en pocos días.
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Técnica y judicialmente hablando, cuando una persona es sorprendida mientras roba, porta un arma ilegalmente o comete otros delitos y es detenida prácticamente en el acto, es lo que se conoce como "flagrancia". En Mendoza, desde comienzos de junio, estos expedientes ingresan a la flamante Unidad Fiscal de Flagrancia, un esquema creado por el Ministerio Público Fiscal para acelerar las investigaciones y llegar a una resolución definitiva en pocos días.
El balance de los primeros dos meses de funcionamiento de esta nueva estructura deja en evidencia que, desde el 8 de junio hasta el 26 de julio ingresaron 232 causas, hubo 132 personas detenidas y ya se resolvieron 73 expedientes mediante sentencias u otras salidas procesales.
Dentro de esas resoluciones hubo 45 condenas -26 de cumplimiento efectivo y 19 condicionales-, además de 17 suspensiones de juicio a prueba (también conocidas como "probation", y que es cuando se acuerda una acción solidaria a social a cambio de una condena efectiva). También sobresalen 10 prisiones preventivas con debate pendiente y una absolución que luego fue recurrida por la Fiscalía.
"La gran mayoría de las causas que han ingresado ya están resueltas. El procedimiento es mucho más ágil para llegar a una resolución final", resume el fiscal adjunto penal Gustavo Pirrello al hacer un balance de esta nueva modalidad.
Según detalla Pirrello, la explicación a esta agilidad y efectividad al momento de resolver estas causas tiene que ver con que gran parte de la prueba ya está reunida desde el primer momento, cuando se identificó al delincuente cometiendo el ilícito.
"Las causas de flagrancia se basan en la aprehensión en el momento. Mucha de la prueba que obtiene el fiscal se consigue en el lugar del hecho. Por eso, en una semana o diez días tenemos la primera audiencia y, en la gran mayoría de los casos, las causas terminan resolviéndose mediante condenas o salidas alternativas", agrega Pirrello.
La Unidad Fiscal de Flagrancia fue creada mediante la Resolución 266/2026 del Ministerio Público Fiscal y como parte de la Ley 9.703, que reformó el procedimiento especial para este tipo de delitos.
Su competencia comprende delitos dolosos consumados o tentados cuya pena máxima no supere los 20 años de prisión, siempre que exista una aprehensión en flagrancia y que la investigación no presente una complejidad probatoria que obligue a tramitarla por otra vía.
Entre los hechos que llegan con mayor frecuencia aparecen los robos, la portación ilegal de armas y los casos de encubrimiento.
En cambio, quedan excluidos los homicidios, los delitos de violencia de género -continúan en las unidades especializadas- y la mayoría de los delitos correccionales, aunque el Ministerio Público ya trabaja en ampliar progresivamente esa estructura.
Durante la primera semana de funcionamiento, entre el 8 y el 14 de junio, la fiscal Florencia Díaz Peralta recibió 43 causas, que derivó en 24 personas detenidas.
Luego fue el turno del fiscal Darío Nora, quien entre el 15 y el 21 de junio tramitó 27 causas y 15 detenidos.
La semana siguiente, Juliana Labayru registró el mayor ingreso de causas del período, con 53 expedientes y 31 detenidos.
Entre el 29 de junio y el 4 de julio, en tanto, el fiscal Juan Carlos Alessandra recibió 31 causas, con 18 detenidos.
Posteriormente, Juan Sánchez intervino en 26 expedientes, que dejaron 15 personas detenidas, mientras que María Florencia Díaz Peralta, en su segundo turno, trabajó sobre 32 causas, con 19 detenidos.
Finalmente, entre el 20 y el 26 de julio, nuevamente Darío Nora encabezó el turno con 20 causas y 10 detenidos.
En paralelo, una parte importante de los expedientes fue derivada a la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, principalmente en aquellos casos en que la investigación requería una profundización mayor.
La creación de Flagrancia también comenzó a impactar en esa dependencia. Al momento de su puesta en marcha había 893 detenidos bajo la órbita de la UFI de Robos -sin contar otros 94 expedientes transferidos-, mientras que actualmente esa cifra descendió a 814 personas privadas de libertad, distribuidas entre 583 causas en instrucción y 231 en etapa de debate.
Además, las audiencias comenzaron a fijarse con mayor rapidez, tanto que hoy suelen programarse entre 2 y 5 días después del pedido cuando hay personas detenidas.
Uno de los casos más resonantes y que mejor refleja el objetivo de la nueva unidad ocurrió apenas dos días después de su puesta en marcha.
La noche del 10 de junio, en Costa de Araujo (Lavalle), Alberto Ríos Morales amenazó con un cuchillo a un hombre para robarle el teléfono celular y escapó.
Sin embargo, la propia víctima y un primo comenzaron a perseguirlo, lograron alcanzarlo a unos 300 metros y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.
El expediente ingresó inmediatamente al sistema de Flagrancia y, apenas 12 días después, el 22 de junio, el acusado fue condenado a 5 años de prisión, además de ser declarado reincidente por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.
