El juez Bento se defiende de la acusación por coimas: “Soy víctima de un verdadero caso de lawfare”

A través de un comunicado de prensa el juez federal Walter Bento –imputado por seis hechos donde habría recibido coimas a cambio de dar beneficios a presos- salió a defenderse de la acusación en su contra sosteniendo que es víctima de “un verdadero caso de lawfare”.

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“Soy víctima de un verdadero caso de lawfare concebido por un inescrupuloso fiscal, un juez de Primera Instancia y ciertos jueces de Cámara, lo cual dificulta mucho mi defensa real”, dice el comunicado firmado por el magistrado mendocina y emitido por el estudio de Mariano Cúneo Libarona, quien lo defiende en la causa.

Según Bento se trata de “una injusta causa en mi contra por motivos políticos y enemistades y odio personal”, no aclara en su descargo cuáles son las causas de este “lawfare” o guerra judicial. El lowfare es la utilización de las leyes como un arma de guerra, en el ámbito de la política.

Según Bento, “los hechos que me imputan no existieron. No tuve ninguna intervención en supuestos pedidos de dinero que le atribuyen a otros. Ninguna prueba o conversación me liga a esas personas”

Además sostiene, en relación a la imputación por lavado de activos, que todos sus bienes están a nombre de su familia y que no tiene “testaferros o sociedades”.

Este es el comunicado:

“Soy el Dr. Walter Bento, juez federal por concurso con competencia penal y electoral en la Provincia de Mendoza desde el año 2005, y antes fui Secretario del Juzgado Federal Nro. 3 de Mendoza desde 1992.

En estos últimos tiempos se ha sustanciado con gran difusión pública una injusta causa en mi contra por motivos políticos y enemistades y odio personal, sobre la cual quiero informar: Los hechos que me imputan no existieron. No tuve ninguna intervención en supuestos pedidos de dinero que le atribuyen a otros. Ninguna prueba o conversación me liga a esas personas, su supuesto proceder no demuestra la existencia de un acuerdo conmigo.

No se acreditó que se me hubiese efectuado un pago y mi patrimonio, viajes (muchos de ellos llevados a cabo por mis tareas electorales) y gastos cotidianos se encuentran plenamente justificados y declarados ante las autoridades.

Se han abonado los impuestos correspondientes. Todos los bienes se encuentran registrados a nombre de mi grupo familiar. No se acudió a testaferros o sociedades. Todo se encuentra a nuestro nombre y declarado ante toda autoridad competente.

En los pocos casos (6) en que cuestionan mis fallos, debo informar que cuatro de ellos contaron con el dictamen previo del fiscal interviniente y/o con pronunciamientos confirmatorios de la Cámara Federal.

En ningún pronunciamiento se señaló un proceder ilícito o irregular. Muchos de los imputados fueron detenidos y condenados merced a mi actuación jurisdiccional.

Este proceso recién empieza y de la peor manera, ya que he comprobado un actuar ilegal de ciertos funcionarios que me acusan soslayando elementales garantías constitucionales propias de un Estado de Derecho para perjudicarme e involucrarme en delitos inexistentes.

Así, por ejemplo, se designaron irregularmente al juez y fiscal intervinientes, que actúan sin ser imparciales y objetivos, se me escondió el expediente para que no intervenga en el proceso y pueda defenderme o participar en peritajes, hasta dijeron que no estaba imputado cuando de la causa surgía otra cosa, impiden un control pericial efectivo, tergiversan pruebas, transgreden el derecho aplicable, formulan calificaciones jurídicas inaceptables, acuden a criterios de interpretación jurídica desacertados y contrarios a la práctica judicial imperante, y acuden al perverso método de los arrepentidos sobre personas detenidas prometiéndoles su libertad o la de su familia y beneficios a cambio de involucrarme en hechos que no sucedieron, le dan permanentemente información falsa y copias del legajo a la prensa, pese al secreto del sumario para conmover y direccionar a la opinión pública, etc.

Su proceder es tan pero tan arbitrario que separaron a tres fiscales por su intervención en los procesos cuestionados, pero se acepta la intervención del fiscal actuante que me persigue y que también actuó en muchos de esos casos, inclusive curiosamente hasta pidió la libertad de algunos de los imputados, lo que negué y la Cámara confirmó.

Para el fiscal, el fin justifica los medios y pretende lograr el objetivo por el deseado a cualquier precio.

Soy víctima de un verdadero caso de lawfare concebido por un inescrupuloso fiscal, un juez de Primera Instancia y ciertos jueces de Cámara, lo cual dificulta mucho mi defensa real.

En su momento efectué una importante presentación espontánea para que el juez que interviene tuviera la posibilidad de recabar las pruebas necesarias para aclarar sus dudas y evitar la injusta situación por la que pasamos mi familia y yo, algo que evidentemente nunca llego a ser leída por su destinatario. Pero la verdad, aunque todos procedan ilegítimamente y sin límites, a la corta o a la larga, quedará en evidencia.

Mendoza, 28 mayo de 2021.