Dos mendocinos fueron detenidos en la frontera chilena cuando intentaban pasar al vecino país armas de contrabando.
Uno viajaba en un colectivo y ocultaba pistolas en una faja adosada a su cuerpo. Ocurrió en el complejo Los Libertadores.
Las armas secuestradas a los mendocinos en Chile. Gentileza Andesonline.
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Dos mendocinos fueron detenidos en la frontera chilena cuando intentaban pasar al vecino país armas de contrabando.
En dos operativos independientes realizados en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, personal del Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros de Chile detuvieron a los argentinos, quienes también transportaban municiones al país de manera ilegal.
Ambos sujetos quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, según informó el diario Andes Online del vecino país.
El primer procedimiento se concretó durante la fiscalización de un colectivo procedente de Mendoza con destino a Santiago. Al revisar a uno de los pasajeros, identificado como H. A. G., de 58 años, los funcionarios descubrieron que ocultaba elementos adosados a su abdomen mediante una faja.
Tras una inspección minuciosa, la policía incautó dos pistolas marca Glock (modelos 17 y 45, calibre 9 mm) con sus números de serie borrados; tres cargadores con capacidad para 17 tiros, un cargador rápido y accesorios de empuñadura, indicó el medio trasandino.
El segundo hecho detectado por las autoridades afectó a un automóvil particular que viajaba desde Córdoba hacia la comuna de Los Andes.
Durante el control del conductor, un ciudadano de 53 años cuyas iniciales son J. A. O., los aduaneros procedieron a registrar el vehículo. En distintas partes del automóvil se halló una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, calibre 9 mm, la cual se encontraba completamente desarmada y oculta en diferentes compartimentos. Junto al arma, se incautó un cargador y 18 municiones calibre 9 mm sin percutar.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.
En la audiencia, el fiscal Jorge Alfaro Figueroa les imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando. Al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad, el magistrado Daniel Chaucón Ojeda decretó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, fijando un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.
