Es la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina. La investigación de la fiscalía de Gualeguaychú permitió detectar una fábrica clandestina que producía 700 millones de cigarrillos por año. También operaban en Entre Ríos, Buenos Aires y San Juan.
En los procedimientos se secuestraron 54 toneladas de tabaco, aproximadamente 14 millones de estampillas fiscales falsas y equipamiento industrial capaz de sostener una producción masiva. Gentileza: Prefectura Naval Argentina
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La justicia Federal investiga a una organización dedicada a la fabricación ilegal de cigarrillos que eran fabricados en San Luis y distribuidos en Mendoza y otras cuatro provincias. Para las tabacaleras, es la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina: producía unos 700 millones de cigarrillos anuales y se secuestraron más de 54 toneladas de tabaco.
La investigación que realiza la Fiscalía Federal de Gualeguaychú permitió desarticular la banda que se dedicaba a la producción, distribución y comercialización de cigarrillos con marcas falsificadas, estampillas fiscales apócrifas y productos sin la debida registración tributaria, según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Como resultado de la pesquisa, se realizaron 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, se detectó una fábrica clandestina con capacidad para producir unos 700 millones de cigarrillos anuales y se secuestraron más de 54 toneladas de tabaco y alrededor de 14 millones de estampillas fiscales falsas junto con maquinaria industrial.
La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo y el auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, quienes solicitaron las medidas de prueba que posteriormente fueron autorizadas por el Juzgado Federal de la jurisdicción, a cargo de Hernán Viri.
Por los hechos investigados, cinco personas fueron imputadas mientras continúan las medidas de prueba. Según los representantes de la tabacalera de las dos marcas afectadas, se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina.
La pesquisa comenzó en julio de 2024 a partir de información aportada por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Paranacito dependiente de la Prefectura Naval Argentina sobre la comercialización de cigarrillos presuntamente apócrifos en comercios de la ciudad de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.
Ante la posible existencia de una estructura de distribución más amplia, el Ministerio Público Fiscal inició actuaciones preliminares y encomendó tareas investigativas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería.
En la causa, se investiga la comercialización de cigarrillos con la falsificación de marcas existentes y registradas, estampillas fiscales adulteradas y productos que carecían de la registración exigida por la normativa vigente.
Además de las posibles infracciones vinculadas con la propiedad intelectual, la fiscalía busca establecer si la maniobra generó una evasión fiscal de gran magnitud debido a la falta de tributación de los impuestos que gravan la actividad tabacalera. También se investigan posibles maniobras de lavado de activos relacionadas con la ganancia económica producto de la comercialización de la mercadería.
De acuerdo al expediente, la organización operaba mediante una estructura compleja que abarcaba las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis. La maniobra comprendía todas las etapas del circuito comercial: desde la fabricación de los cigarrillos hasta su distribución mayorista y minorista, pasando por el transporte y el almacenamiento de la mercadería.
Las tareas de vigilancia también permitieron observar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes de la organización. En algunos procedimientos encubiertos se constató la venta de estos productos, que no se encontraban exhibidos al público y cuya comercialización se realizaba en efectivo.
Según la hipótesis fiscal, los productos eran elaborados en una planta clandestina ubicada en la ciudad de San Luis. Desde allí se distribuían a distintos puntos del país mediante empresas transportistas y una red de distribuidores que abastecía a comercios minoristas. También se detectaron indicios de operaciones transfronterizas vinculadas con el ingreso y egreso de mercadería hacia países vecinos.
La organización funcionaría con división de funciones, permanencia en el tiempo y mecanismos destinados a ocultar el origen y la trazabilidad de los productos. Los investigadores identificaron distintos núcleos operativos distribuidos geográficamente y conectados entre sí por relaciones comerciales permanentes.
Las primeras medidas tomadas en el caso incluyeron vigilancias, compras controladas, análisis de documentación comercial y seguimientos sobre los circuitos de distribución. Con el avance, se incorporaron intervenciones telefónicas, análisis de movimientos logísticos y relevamientos patrimoniales que permitieron ampliar el alcance de la investigación.
Los elementos reunidos mostraron que los cigarrillos llegaban a distintos comercios mediante una red organizada de distribuidores y transportistas. A medida que avanzaron las tareas de inteligencia criminal, los investigadores lograron reconstruir la cadena completa de abastecimiento.
La investigación incluyó numerosos meses de intervenciones telefónicas. Para la fiscalía, esas comunicaciones permitieron establecer vínculos comerciales permanentes entre los distintos integrantes de la organización y reconstruir el recorrido de la mercadería desde su origen hasta los puntos de venta.
A la par se llevaron a cabo seguimientos en distintas provincias, controles encubiertos y análisis de documentación aportada por empresas de transporte. Como resultado, se detectaron envíos regulares de cigarrillos hacia Entre Ríos y otras jurisdicciones, así como depósitos, galpones y centros de distribución utilizados para almacenar y redistribuir la mercadería.
Las tareas de vigilancia también permitieron observar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos, entregas en comercios minoristas y movimientos logísticos coordinados entre distintos integrantes de la organización. En algunos procedimientos encubiertos se constató la venta de estos productos, que no se encontraban exhibidos al público y cuya comercialización se realizaba en efectivo. Para la fiscalía, esta modalidad buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones.
Uno de los hallazgos centrales de la investigación fue la identificación de una planta tabacalera ubicada en la ciudad de San Luis. Los investigadores llegaron hasta el establecimiento luego de varios meses de seguimiento sobre el recorrido de la mercadería mediante análisis de remitos, observaciones directas y tareas de inteligencia desarrolladas en esa provincia, como también en San Juan y Mendoza.
Para el Ministerio Público Fiscal, la fábrica funcionaba detrás de una estructura societaria aparentemente legítima. Las tareas de campo permitieron detectar “ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria”, movimientos de transporte y otros indicios que apuntaban a la existencia de una línea de producción activa. La planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos por año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en unos 32 millones de dólares.
Con el objetivo de consolidar la evidencia reunida durante casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una serie de allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados con la organización. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Gualeguaychú y ejecutadas por personal de la Prefectura Naval Argentina en distintos puntos de Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El operativo “MK8” fue llevado a cabo por personal de Inteligencia Criminal de Paranacito y Gualeguaychu de Prefectura Naval Argentina y permitió concretar el procedimiento donde se secuestraron 54 toneladas de tabaco, aproximadamente 14 millones de estampillas fiscales falsas y equipamiento industrial capaz de sostener una producción masiva.
Para la fiscalía, los elementos reunidos hasta el momento permiten describir una estructura criminal con capacidad industrial, alcance interprovincial y una logística consolidada destinada a introducir en el mercado productos elaborados y distribuidos al margen de los controles fiscales y regulatorios.