La Anmat prohibió su venta y consumo, pero no hay ley que regule, pese a sus riesgos. Capital no cumple su ordenanza ni la DGE los incorpora como consumo problemático. Dos casos recientes encendieron el debate y un proyecto de ley busca saldar la deuda.
Los cigarrillos electrónicos circulan con libertad gracias a un vacío legislativo que preocupa a especialistas.
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En Mendoza, el humo de un cigarrillo electrónico se escurre por los pasillos de una escuela secundaria. Un adolescente lo utiliza frente a sus compañeros, sin que los docentes puedan sancionarlo. El padre del estudiante, abogado, argumenta que no existe una normativa que prohíba explícitamente el uso de estos dispositivos, revelando un vacío legal que desconcierta a las autoridades educativas.
No muy lejos, en una oficina pública, otro empleado utiliza su vaper mientras cumple su jornada laboral. Los colegas, incómodos con la situación, elevaron la queja. La respuesta fue clara: nadie podía impedirle vapear en su puesto. Dos escenas distintas, dos espacios cerrados, y la misma realidad: los cigarrillos electrónicos circulan con libertad gracias a un vacío legislativo que preocupa a especialistas.
El senador provincial Sergio Márquez, docente de secundario y Cens, es autor del proyecto de ley que busca poner un marco regulatorio y punitivo al uso de vapers. Márquez presentó la iniciativa el mes pasado y actualmente se encuentra en la Comisión de Salud de la Legislatura. “Esperamos que se le dé tratamiento. Estas cuestiones han sido detonantes: estomatólogos, dentistas, médicos han alertaron sobre la gravedad de su uso y yo lo veo cada vez más presente en las escuelas”, asegura Márquez.
El legislador describe un panorama preocupante: entre los adolescentes, los vapers, se intercambian a través de redes sociales y se perciben como un accesorio de moda. “No hay conciencia sobre el impacto en la salud. Por eso nos pusimos a investigar con especialistas: es un aerosol que genera compuestos químicos nocivos, no es vapor de agua”, subraya el senador de Cambia Mendoza.
Por su parte, Marcos Barrionuevo, especialista en Derecho Civil y asesor legislativo, detalla que el proyecto busca modificar la Ley Provincial 8382, que adhiere a la Ley Nacional 26.687, la cual regula la publicidad, promoción y difusión del tabaco convencional. “En su articulado está prohibido fumar en lugares cerrados, pero no se hace mención a los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina. Nuestro proyecto amplía esa prohibición para proteger la salud pública, especialmente de los jóvenes, y prevenir daños ambientales”, explica.
Además, la iniciativa propone incorporar sanciones a través del código contravencional para desalentar la venta a menores de edad, una práctica que se ha detectado incluso en matinés y eventos juveniles. Barrionuevo enfatiza: “No hay un vacío legal en general, pero sí a lo que hace a la sanción, porque si vamos a la ley 8382 se limita al cigarrillo tradicional de tabaco. Entonces, dada esa limitación, al aplicar la parte disciplinaria, se debe interpretar de manera restrictiva únicamente al texto de la ley vigente. Por eso es que el proyecto busca ampliar incorporando al cigarrillo electrónico con o sin nicotina como pasible de sanción”.
En Argentina, la Ley Nacional 26.687 establece espacios libres de humo, incluyendo escuelas, transporte público y lugares de acceso público. La ANMAT prohibió en 2011 la importación, distribución, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos, ratificado en 2016 y reforzado con una resolución nacional de 2023. Sin embargo, esta regulación no contempla específicamente el consumo en espacios cerrados, generando la situación de vacío legal que hoy se observa en Mendoza y otras provincias.
Otras jurisdicciones, como Córdoba y Tucumán ya ampliaron sus leyes para incluir el vapeo en la prohibición de fumar en lugares cerrados, siguiendo el criterio de protección de la salud pública y del medio ambiente. Mendoza busca sumarse a esta tendencia con el proyecto de Márquez, que también contempla la actualización de procedimientos de sanción previstos en el Decreto 748 de 2013.
Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la Dirección General de Escuelas, explica que el vapeo no puede considerarse solo una moda, sino que forma parte de los consumos problemáticos, ya que genera dependencia a la nicotina y afecta la salud física y psíquica de los adolescentes. “No podemos llamarlo simplemente una moda. Es una puerta de entrada a posibles problemáticas de consumo”, señala.
Sin embargo, no existe ninguna resolución interna de la DGE que prohíba o limite el vapeo o cigarrillos electrónicos en sus acciones preventivas o punitivas. A pesar de que estos dispositivos llevan algunos años siendo furor entre los adolescentes, las normas escolares y los acuerdos de convivencia solo estipulan que está prohibido fumar, pero no mencionan explícitamente el uso de vapers. “Por supuesto hay un vacío legal porque esto está surgiendo ahora en los colegios y falta información donde se especifique qué hacer en relación al vapeo de tabaco u otra sustancia”, reconoce Gannam.
Cada institución educativa elabora y consensúa su normativa de convivencia a través del consejo de convivencia (padres, docentes, directivos). A partir de la praxis y la aparición de los cigarrillos electrónicos, los consejos comienzan a ajustar estrategias de prevención y medidas de acción. Gannam agrega: “Es fundamental prevenir desde la consulta y el pensamiento crítico. Antes que la ley, prefiero que los chicos comprendan los riesgos y se preserven a sí mismos. También hay modelos adultos que fuman o vapean y los adolescentes se identifican con ellos. Hay que fomentar hábitos saludables, autocuidado y habilidades socioemocionales, fortaleciendo un proyecto de vida positiva”.
El proyecto de ley también apunta a incorporar el vapeo dentro de las charlas sobre consumos problemáticos en las escuelas, con el objetivo de tratarlo de manera educativa y preventiva, formando a los adolescentes sobre los riesgos y las implicancias de su uso.
Para Márquez sí hay un aumento del consumo entre adolescentes porque el vaper se impuso con liviandad por varios factores hasta convertirse en “moda”. El senador enfatiza que la masividad del vapeo entre los jóvenes responde a factores culturales y de mercado.
En esa línea, Federico Sánchez, director del Departamento de Odontología de Mendoza, advierte que el vapeo entre adolescentes no es un juego, pero que en muchos casos se percibe como tal: el acceso es fácil, muchos lo perciben como inofensivo y se minimizan los riesgos. “Vienen en dispositivos coloridos, con sabores atractivos, con total facilidad de compra y difusión en redes sociales, pero lo cierto es que el vaper contiene aceites y sustancias cuya procedencia se desconocen, que además se calientan y se inhalan pudiendo provocar daños en la boca, incluso con potencial de desarrollar cáncer bucal”, asegura el odontólogo, sumando una nueva advertencia sobre el daño de estos aparatitos electrónicos, aún subestimados y por ende, más riesgosos.
En la Ciudad de Mendoza, la Municipalidad prohíbe fumar cigarrillos de tabaco y cigarrillos electrónicos o vapers en espacios públicos mediante una ordenanza publicada a mediados del año pasado. La norma incluía una etapa de concientización mediante campañas informativas y apuntaba a sancionar con multas a quienes infringieran la regla mediante denuncias o intervención de preventores.
Sin embargo, la iniciativa no se aplica como se previó y las buenas intenciones de la comuna se “evaporaron” como el humo de un vaper. Según manifestaron fuentes del municipio a Los Andes, la ordenanza “tiene un carácter más disuasorio que punitivo”. De hecho, no se labró ningún acta por vapear ni fumar tabaco hasta el día de la fecha. La falta de aplicación efectiva muestra, en la práctica, la dificultad de controlar un fenómeno que combina libertad individual, escasa regulación y fuerte arraigo cultural entre adultos conversos (exfumadores de cigarrillo tradicional) y jóvenes que se inician en este hábito.
