El accidente de tránsito provocado por un conductor alcoholizado derivó en una compleja investigación por presunta documentación adulterada, posible sustitución de identidad y retiro irregular de una playa de secuestros. La causa será investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos bajo un estricto secreto de sumario.
El Chevrolet Corsa blanco que el jueves 30 protagonizó un fuerte accidente en el Acceso Sur.
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El Chevrolet Corsa blanco que el jueves 30 protagonizó un fuerte accidente en el Acceso Sur dejó de ser únicamente un expediente de tránsito. En apenas unos días, el siniestro abrió una investigación que involucra posibles falsificaciones de documentos públicos, una presunta usurpación de identidad, irregularidades en el retiro de un vehículo que permanecía secuestrado y una serie de interrogantes que ahora serán analizados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
La causa dio un nuevo giro este martes, cuando el Ministerio Público Fiscal confirmó que la investigación fue remitida a esa unidad especializada para analizar la posible comisión del delito de estafa genérica. Al mismo tiempo, el expediente permanecerá bajo secreto mientras continúan reuniéndose pruebas.
Todo comenzó con el choque protagonizado por un Chevrolet Corsa blanco en el Acceso Sur. El conductor, identificado inicialmente como Pablo Antonio Núñez, registró una alcoholemia de 2,15 gramos de alcohol por litro de sangre.
Sin embargo, rápidamente apareció un dato mucho más llamativo que el propio siniestro: el automóvil había estado secuestrado en una playa oficial de la Ciudad de Mendoza y había sido retirado semanas antes mediante un trámite cuya legalidad ahora es objeto de investigación.
De acuerdo con la información difundida por el Poder Judicial, quien se presentó para retirar el rodado exhibió un conjunto de documentos que, en apariencia, cumplían con todos los requisitos exigidos.
Entre ellos figuraban:
Con esa documentación, el vehículo fue entregado oficialmente el 19 de junio pasado.
Hoy, buena parte de esos papeles están bajo sospecha.
La investigación comenzó a profundizarse cuando surgieron cuestionamientos sobre el instrumento notarial utilizado para autorizar el retiro del vehículo.
Según trascendió durante las primeras horas del caso, la escribana interviniente habría advertido que parte de la documentación presentada podría haber sido adulterada y que nunca habría autorizado determinadas facultades que aparecen reflejadas en el expediente.
Frente a esa situación, la Justicia solicitó la intervención de la Oficina de Inspección Notarial para revisar toda la actuación vinculada al poder presentado y verificar la autenticidad de los documentos utilizados.
Mientras tanto, el Chevrolet Corsa volvió a quedar bajo custodia judicial, ya que constituye una prueba central dentro de la investigación penal.
Otro elemento que incrementó la repercusión pública fue la aparición de los hijos del propietario original del automóvil.
La familia sostuvo públicamente que el vehículo nunca debió haber salido de la playa de secuestros y reclamó explicaciones acerca del procedimiento mediante el cual fue entregado.
Ese planteo volvió a poner el foco sobre los mecanismos de control existentes para liberar vehículos secuestrados y sobre la cadena de responsabilidades administrativas que permitió que el rodado regresara a circulación.
En un primer momento, toda la documentación señalaba a Pablo Antonio Núñez como la persona que había realizado los trámites correspondientes para retirar el automóvil.
Sin embargo, esa situación cambió drásticamente cuando el propio Núñez se presentó ante la Justicia para denunciar que alguien habría utilizado su identidad.
Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, el hombre manifestó que otra persona condujo el vehículo accidentado utilizando un DNI falsificado con su nombre y apellido.
Además, recordó un episodio anterior que podría estar relacionado con la investigación.
La esposa de Núñez, Natalia Maturano, explicó públicamente que la familia ya había atravesado una situación similar durante 2025.
Según relató, una empresa de alquiler de vehículos les reclamó la devolución de un automóvil que supuestamente había sido rentado por su marido.
Cuando analizaron la documentación y las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, descubrieron que quien aparecía utilizando el documento era otra persona.
Ese episodio dio origen a una denuncia penal radicada en la Fiscalía de San Martín.
Ahora, frente a la aparición del mismo nombre en el caso del Chevrolet Corsa, la familia volvió a presentarse ante la Justicia para aportar fotografías, registros de video y otros elementos que, sostienen, demostrarían que detrás de ambos hechos actuaría la misma persona.
La intención de Núñez es despegarse completamente de la maniobra investigada y acreditar que tanto su identidad como su documentación fueron utilizadas por un tercero.
El Ministerio Público Fiscal confirmó que actualmente existen dos investigaciones diferentes.
La primera continúa en la Unidad Fiscal de Tránsito y analiza exclusivamente las consecuencias del choque ocurrido en el Acceso Sur.
Allí se investigan las lesiones sufridas por el conductor y la infracción derivada de la alcoholemia positiva registrada en el lugar del accidente. Desde la Fiscalía indicaron que esa causa podría archivarse, ya que el único lesionado fue el propio responsable del siniestro, circunstancia que impediría configurar un delito penal.
La segunda investigación es considerablemente más compleja.
Inicialmente se abrió para determinar si existieron falsificaciones en el acta extrapoder utilizada durante el retiro del vehículo y si hubo una sustitución de identidad.
Sin embargo, tras las primeras medidas probatorias y la denuncia presentada por Pablo Núñez, el expediente fue remitido este miércoles a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Allí será investigado como una presunta estafa genérica.
La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Pedot y permanecerá bajo secreto mientras continúan produciéndose pruebas, entre ellas declaraciones testimoniales, pedidos de informes y distintas pericias documentales.
En medio de la difusión del caso comenzaron a circular versiones que vinculaban el origen del vehículo con una supuesta subasta pública.
Esa posibilidad fue descartada por la martillera pública María Manucha, encargada de los remates oficiales de la Ciudad de Mendoza.
La profesional explicó que el procedimiento utilizado en una subasta judicial es completamente diferente.
Indicó que quien adquiere un vehículo en un remate obtiene sus derechos mediante un acta de adjudicación, tras lo cual se realizan las verificaciones y la transferencia ordenadas judicialmente.
Por ese motivo, sostuvo que un automóvil subastado no puede ser retirado simplemente mediante un poder otorgado por un tercero y aclaró que el caso investigado no guarda ninguna relación con los mecanismos habituales utilizados en los remates oficiales.
Mientras el expediente cambia de fiscalía y suma nuevas líneas investigativas, todavía quedan numerosas incógnitas por resolver.
Los investigadores deberán determinar si efectivamente existió una organización dedicada a utilizar identidades ajenas para realizar distintos trámites; si la documentación presentada para retirar el vehículo fue falsificada; quién concretó realmente el retiro del Corsa de la playa oficial; cómo superó los controles administrativos y cuál fue el recorrido del automóvil hasta terminar involucrado en el accidente del jueves.
Por ahora, la única certeza es que un choque que en principio parecía un simple hecho vial terminó exponiendo una trama mucho más compleja, en la que confluyen documentos cuestionados, posibles maniobras de fraude, denuncias por usurpación de identidad y un procedimiento administrativo que hoy se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
