El exfuncionario fue condenado por contrabando agravado en grado de tentativa. En 2017, el entonces agente aduanero había intentado ingresar mercadería extranjera sin declarar desde Chile.
Aduana Mendoza. Imagen ilustrativa
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web Un exfuncionario de la Dirección General de Aduanas fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de contrabando agravado en grado de tentativa, en una causa que se tramitó en Mendoza. Además, la Justicia dispuso su inhabilitación perpetua para desempeñarse en el organismo.
El Tribunal Oral Federal N°1 resolvió, por mayoría, declarar culpable a Carlos Francisco Tolotti, quien había intentado ingresar al país un vehículo cargado con mercadería extranjera sin declarar, valiéndose de su rol dentro de la estructura aduanera.
El hecho ocurrió el 14 de junio de 2017, cuando Tolotti regresaba desde Chile a bordo de un automóvil y fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional Argentina. Se trató de un control sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del Área de Control Integrado de Uspallata.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron una gran cantidad de bultos en el vehículo. Ante la orden de inspección, el acusado intentó evitar el control y exigió la presencia de personal aduanero. Finalmente, tras la revisión, se constató que transportaba numerosos productos de origen extranjero sin documentación.
Entre los elementos secuestrados se encontraban dispositivos electrónicos, perfumes, ropa, artículos para el hogar y otros bienes que debían haber sido declarados y sometidos a control fiscal.
Durante el juicio, la fiscalía remarcó que no se trataba de un caso común, sino de un funcionario con conocimiento específico de los controles fronterizos.
La auxiliar fiscal Analía Zanessi sostuvo que el acusado utilizó su experiencia y posición para intentar eludir los controles, lo que agrava la conducta. En esa línea, se descartó que se tratara de una simple infracción administrativa por exceso de equipaje.
Según la acusación, Tolotti actuó de manera deliberada al omitir declarar la mercadería con el objetivo de engañar al sistema de control aduanero. Es decir, una conducta incompatible con su rol dentro del organismo.
El tribunal, integrado por María Paula Marisi, Alberto Daniel Carelli y Alejandro Waldo Piña, resolvió imponer una pena de cuatro años de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones en el ámbito aduanero. Asimismo, se dispuso el decomiso de todos los bienes secuestrados durante la investigación.