La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de la defensa de Dino Enzo Rossignoli y condenó (por la misma causa, conocida como “coimas en la Federal”) a una contadora que formaba parte de la banda que se hizo millonaria durante la pandemia de Covid-19.
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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena al exjefe de la Policía Federal de Mendoza, el excomisario Dino Enzo Rossignoli, quien brindó “protección” a una banda que se hizo millonaria durante la pandemia de Covid-19 vendiendo dólares en la zona de la Galería Tonsa de Ciudad.
El fallo de los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky también alcanzó a María José Degregorio, la contadora que manejaba los números de la organización delictiva.
En septiembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza había condeno al exjefe de la Federal a 6 años de prisión por el delito de coimas y asociación ilícita.
Los jueces mendocinos María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Daniel Alberto Carelli determinaron que Rossignoli era el encargado de “proteger” a una organización delictiva –condenada en abril de 2025– que se dedicaba a la venta de dólares y al blanqueo de dinero que produjo ese negocio ilegal. El fallo, además, indicó una inhabilitación especial perpetua.
En el mismo fallo, el tribunal también había condenado a la contadora Degregorio a 2 años y 3 meses de cárcel por el delito de asociación ilícita y de lavado de activos: su tarea fue colaborar en el armado de maniobras que se realizaron para darle apariencia de licitud al dinero obtenido de forma ilegal. También se le impuso una multa de $32 millones.
Ahora Casación desestimó los recursos de las defensas de ambos condenados, pero aceptó el del Área de Transición de la Fiscalía de Mendoza en relación a la mujer, condenándola como “autora del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y como partícipe necesaria del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad”. Ahora el tribunal local deberá fijar la pena por este nuevo delito.
Para los camaristas, “Rossignoli se constituyó en miembro de la asociación ilícita” ya que “alertaba a los integrantes del grupo ilícito de allanamientos o cualquier procedimiento de control que se estuviera por realizar” por parte de sus subalternos.
Este “rol clave, sistemático y permanente que ocupó, luce de manera prístina en las conversaciones descubiertas en el sumario”.
En abril de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza condenó a todos los integrantes de la banda durante una serie de juicios abreviados.
Según el fallo, los condenados vendieron divisas de forma ilegal, exportaron e importaron dólares y oro a Chile de forma ilegal, y lavaron activos a través de la compra de muebles, autos de alta gama y dos lotes.
Además, explotaron comercialmente los bares La Rosa y Praga y produjeron 15 eventos musicales, constituyendo cuatro sociedades anónimas. Toda esta actividad se llevó a cabo pagando coimas (cohecho).
Los líderes de la banda recibieron las penas más altas: Nicolás Bazán y Renzo González, 6 años de cárcel y una multa de $106.930.900; Ernesto Bazán, 3 años en suspenso y una multa de $5.000.000.
En tanto que para Félix Masera, Andrés Bauco, Juan Manuel Moral y Alejandro Moral, la pena fue de 3 años de cárcel en suspenso y una multa de $5.000.000.
Para Marcelo Salcedo, Roberto Bustos Herrera y Ángel Fava, la pena fue solo de 3 años en suspenso.
Además, se estableció la cancelación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas Vía Roma, Golden Coffee y Stefano Canella; y el decomiso del dinero secuestrado y de los automóviles de la familia Bazán (un BMW 328i, un Mercedes Benz A 250, un BMW 340i, un BMW 330 y una camioneta Mitsubishi L 200).
El caso se conoció en abril de 2023, cuando el fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, ordenaron el allanamiento de unas 20 “cuevas” y la detención de los acusados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (expolicía), Ángel Fava (expolicía) y Roberto Bustos (exmilitar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.
La venta ilegal de dólares se realizó en locales donde supuestamente funcionaban joyerías a modo de pantalla para ocultar el ilícito. Cuatro joyerías llevaban el nombre de “Stefano Canella” y estaban ubicadas en San Martín 1.173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma” estaban ubicadas en Espejo 95 y 9 de Julio 1.215; y “La Casa del Tesoro” funcionaba en la calle San Juan 1.163.