Así los sostiene una nueva pericia realizada por una ingeniera de la Policía Federal. Se eliminaron 9 mensajes de WhatsApp y se introdujo un estado en esa misma aplicación que fue usado para sostener una posible hipótesis de suicido. Dos gendarmes siguen imputados.
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Un informe firmado por una ingeniera de la Policía Federal sostiene que el teléfono de Andrés García Campoy –el estudiante que perdió la vida en un dudoso control vehicular realizado por dos gendarmes que están imputados- fue manipulado tras la muerte del joven de 20 años, ocurrida en junio de 2014.
En el momento en que el contenido de teléfono fue alterado, el aparato estaba bajo la guarda del Juzgado Federal Nº 1 que, en esa época estaba a cargo del exjuez Walter Bento, hoy juzgado como presunto líder de una organización dedicada pedir coimas a cambio de dinero. El juez había cedido el aparato a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza para que lo peritara.
Hace ya 11 años en un control personal de Gendarmería realizaba en la ruta 7, en Luján el joven García Campoy perdió la vida. Según los dos uniformados que estaba en el lugar, detuvieron al Peugeot 504 de la víctima, el chico sacó una vieja carabina fabricada en 1890, disparó al aire, los dos gendarmes salieron corriendo, el joven se subió a su auto y se disparó en la cabeza.
Esta teoría de suicidio se sostuvo durante años hasta que en mayo de 2024 los uniformados Maximiliano Emanuel Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez Pero en octubre de 2024, la sala A de la Cámara Federal de Mendoza hizo lugar a la apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal, revocó el sobreseimiento de dos gendarmes- y ordenó profundizar la investigación en la causa en la que se los acusa por “homicidio doblemente agravado por la calidad del sujeto activo y por el uso de arma de fuego”.
Tras la reapertura del caso, tanto el querellante oficial, Leonardo Pérez Videla, como el fiscal Federal Fernando Alcaraz solicitaron una serie de medidas sobre varis pruebas que les resultaron dudosas. Entre ellas, claro, la pericia de celular que ser realizó inicialmente de forma parcial con el fin de ver si hubo manipulación post mortem.
Pues bien ahora, el informe de la pericia realizada al teléfono LG modelo E 400 por la ingeniera Natalia Passarini García la Agencia Regional Federal Cuyo de la Policía Federal Argentina sostiene en sus conclusiones que existió manipulación y actividad del teléfono con posterioridad al 13/06/2014 y que se reinstaló, se verificó y se usó la cuenta de WhatsApp.
Además, se comprobó que se eliminaron manualmente “9 mensajes recibidos entre el 23/06 y el 25/06/2014, la conexión efectiva al servidor de WhatsApp mediante Wi-Fi, la sincronización de contactos, grupos y estados, y la recepción de mensajes en dicho período”.
Para terminar de comprender la pericia es necesario decir que el joven García Campoy falleció el 13 de junio de 2014, en Luján durante un control vehicular realizado por Gendarmería.
El Juzgado Federal Nº 1 –en ese momento a cargo de Walter Bento- decepcionó el teléfono que estaba en poder del justicia provincial que inicialmente investigó el caso el día 16/06/2014.
El 24/06/2014 el juez le entregó el celular al principal Rubén Adrián Ramonda de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza, para que se realizará una pericia tecnológica.
Luego, el 3/07/2014 se realizó reconstrucción del hecho, y un día después el juzgado solicitó la pericia que llegó el 12/08/2014 y fue realizado por el agente Ríos, con fecha 30/07/2014.
Finalmente, el día 19/08/2014 se solicitó nuevo informe sobre el dispositivo a otra fuerza (Policía Federal), poniendo a disposición el teléfono que ya había sido devuelto.
El informe se refiere también a un estado de WhatsApp que fue utilizado para sostener una hipótesis de suicido: “Trato de seguir adelante, pero no veo incentivos ni futuros”. La nueva pericia sostiene que “habría sido introducido con posterioridad al deceso, cuando el teléfono se encontraba en poder de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza, según sostiene los querellantes.
Según las buenas prácticas forenses de conservación y preservación de pruebas, tras la muerte de una persona, los celulares deben estar apagados y desconectado de todo tipo de red.
Cuando la Cámara Federal de Mendoza conformada por los jueces Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci ordenó la reapertura de caso hizo mención al teléfono de la víctima, indicando que es necesaria la realización de nuevas medidas probatorias que incluyan una nueva reconstrucción del hecho, un nuevo peritaje balístico sobre el arma, para determinar la cantidad de disparos y su mecánica, como otras destinadas a corroborar si el teléfono sufrió algún tipo de modificación antes o después de su muerte,
La causa tuvo origen en un procedimiento realizado por personal de la Gendarmería en Luján de Cuyo el 13 de junio de 2014. Ese día, por la tarde, mientras se encontraban sobre la ruta 7, detuvieron un Peugeot 504 y, en circunstancias no determinadas -no hay testigos de los hechos y en su defensa los imputados dijeron que el joven se disparó con una carabina que llevaba en el vehículo-, se produjo el disparo que derivó en el deceso del conductor.