El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó al exjefe de la Policía Federal en nuestra provincia, el comisario Dino Enzo Rossignoli, a 6 años de prisión por el delito de coimas y asociación ilícita.
La causa conocida como “Coimas en la Federal” fue cerrada este martes por el TOF Nº 1 con otros dos condenados. En total, fueron sentenciados 16 integrantes de una banda que amasó una fortuna vendiendo dólares con la “protección” del exjefe de la Policía Federal en Mendoza.
Operativo en las "cuevas" de la galería Tonsa.
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El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó al exjefe de la Policía Federal en nuestra provincia, el comisario Dino Enzo Rossignoli, a 6 años de prisión por el delito de coimas y asociación ilícita.
De esta forma, los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Daniel Alberto Carelli determinaron que Rossignoli era el encargado de “proteger” a una organización delictiva –condenada en abril pasado- que se dedicaba a la venta de dólares y al blanqueo de dinero que produjo ese negocio ilegal. El fallo además indicó que una inhabilitación especial perpetua.
El tribunal también condenó a la contadora María José Degregorio a 2 años y 3 meses de cárcel por el delito de asociación ilícita y de lavado de activos: su tarea fue colaborar en el armado de maniobras que se realizaron para darle apariencia de lícito al dinero obtenido de forma ilegal. También se le impuso una multa de $ 32 millones.
En tanto, a Ezequiel Fernández le aplicó una condena de 1 año de prisión en suspenso por cohecho: era uno de los empleados de las joyerías que se usaban como “tapaderas” y entre sus tareas estaba la de realizar pagos al comisario.
Durante los alegatos realizados el martes pasado, el fiscal federal Federico Baquioni, del Área de Transición de la Unidad Fiscal de Mendoza, había solicitado una pena de 6 años para el exuniformado; para la contadora, 4 años y 6 meses de prisión; y para Fernández, 1 año de prisión en suspenso.
Para este último, el abogado defensor Cristian había solicitado al tribunal la absolución de su cliente y la misa posición fue tomada por los defensores de Rossignoli y Degregorio.
En abril pasado, el mismo tribunal condenó a esta organización delictiva que llegó a amasar una gran fortuna durante la pandemia de Covid-19, luego de que el fiscal Baquioni y los defensores convinieran las penas que los jueces ejecutaron en juicios abreviados.
Según el fallo, los condenados vendieron divisas de forma ilegal, exportaron e importaban dólares y oro a Chile de forma ilegal, y lavaron activos a través de la compra de muebles, autos de alta gama y dos lotes. Además explotaron comercialmente los bares La Rosa y Praga y produjeron 15 eventos musicales, constituyendo cuatro sociedades anónimas. Toda esta actividad se llevó a cabo pagando coimas (cohecho).
Así, los líderes de la banda recibieron las penas más altas: Nicolás Bazán y Renzo González, 6 años de cárcel y una multa de $106.930.900; Ernesto Bazán, 3 años en suspenso y una multa de $ 5.000.000.
En tanto que, para Félix Masera, Andrés Bauco, Juan Manuel Moral y Alejandro Moral, la pena fue de 3 años de cárcel en suspenso y multa de $5.000.000.
Para Marcelo Salcedo, Roberto Bustos Herrera y Ángel Fava, la pena fue sólo de 3 años en suspenso.
Además, se estableció la cancelación de la personería jurídica de las sociedades por acciones simplificadas Vía Roma, Golden Coffee y Stefano Canella; y el decomiso de dinero secuestrado y de los automóviles de la familia Bazán (un BMW 3281, un Mercedes Benz A 250, un BMW 3401, un BMW 330 y una camioneta Mtsubishi L 200).
El caso se conoció en abril de 2023, cuando el fiscal Federal Fernando Alcaraz y juez federal Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, ordenaron el allanamiento de unas 20 “cuevas” y la detención los acusados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, “entre 2020 y 2022, habría funcionado una asociación ilícita integrada por Nicolás Bazán, Renzo González, Ernesto Bazán, Dino Rossignoli, Andrés Bauco, Félix Masera, Juan Manuel Moral, Alejandro Agustín Moral, María José Degregorio (contadora), Marcelo Salcedo (expolicía), Ángel Fava (expolicía) y Roberto Bustos (exmilitar), que tuvo por objeto la comisión de distintos delitos, principalmente operar en el mercado de cambio de divisas sin la correspondiente autorización del Banco Central de la República Argentina”.
La venta ilegal de dólares se realizó en locales donde supuestamente funcionaban joyerías a modo de pantalla para ocultar el ilícito. Cuatro joyerías llevaban el nombre de “Stefano Canella”, y estaban ubicadas en San Martín 1.173 (interior de la Galería Tonsa), Catamarca 49, Las Heras 260 y Rivadavia 98; dos de nombre “Vía Roma” estaban ubicadas en Espejo 95 y 9 de julio 1215; y “La Casa del Tesoro” funcionaba calle San Juan 1163.
En relación a los delitos de cohechos activo y pasivo, los investigadores determinaron que “entre 2021 y 2022, Dino Enzo Rossignoli, en su calidad de Comisario Jefe de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal Argentina, habría recibido el pago de sobornos por parte de Nicolás Bazán, Ernesto Bazán, Andrés Bauco y Eduardo Ezequiel Fernández, en este último caso, por orden de Nicolás Bazán, “para dejar de hacer “algo” relativo a sus funciones: no actuar ante la comisión de un delito del que tenía conocimiento, con el objeto de brindar cobertura y protección a la asociación ilícita de la que formaría parte, permitiendo que esta llevara a cabo la actividad de cambio de ilegal de divisas, advirtiéndoles sobre la realización de allanamientos, inspecciones municipales u otro tipo de procedimientos a realizarse en la zona por la fuerza policial a su cargo".
Por otra parte, relacionado a las supuestas maniobras de lavado de activos, la imputación sostenía que Bazán, González, Bazán, Bauco, Masera, Degregorio, Juan Manuel Moral y Alejandro Agustín Moral, pusieron en circulación en el mercado económico formal bienes provenientes de un ilícito penal, con la finalidad de darles a estos, una falsa apariencia de origen lícito, superando ampliamente estos actos, en su conjunto, la suma de $300.000 prevista por el art. 303 del Código Penal.
Durante la pandemia de Covid-19, los dos jefes incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.