Caso Bento: diciembre promete una “tercera ola” de imputaciones

Cuando todo hacía pensar que la causa que tiene al juez federal Walter Bento como principal protagonista de un escandaloso caso de coimas iba a transitar un fin de año tranquilo, el pedido del fiscal Dante Vega de activar un nuevo secreto de sumario –el tercero desde que se inició la investigación- ha generado grandes expectativas en torno al futuro inmediato de la causa y todo hace pensar que las nuevas medidas serán un verdadero “martillazo” sobre algunos de los 20 imputados.

El 11 de noviembre pasado, al menos dos personas que están imputadas en causas de contrabando –en los pasillos de los Tribunales Federales se habla de un “financista” y un “contrabandista”- se presentaron ante el fiscal Vega de forma espontánea ofreciendo información relacionada con Bento y algunos de los otros 19 imputados, entre los que se encuentra Marta Boiza, mujer del polémico magistrado.

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¿Qué dijeron estos testigos? Sólo ellos y los investigadores lo saben ya que Vega solicitó, tras la declaración, un nuevo secreto de sumario al juez Eduardo Puigdéngolas.

Se comenta en el ambiente tribunalicio que estos misteriosos testigos habrían aportado datos que podrían generar un nuevo sismo en el expediente. Algunos hablan de posibles nuevos casos de cohecho (coimas); otros, de avances en relación a lavado de activos; y otros, de nuevos imputados (detenidos).

Es por ello que algunos esperan una batería de medidas que podrían incluir, allanamientos, detenciones e imputaciones para nuevos actores y también para los “viejos conocidos” que cargan ya con el estándar de “procesados”.

Así las cosas, diciembre promete ser un mes más que movido en el edificio de los Tribunales Federales. Por lo pronto, mañana se vence el plazo del tercer secreto de sumario y no se descarta que desde el Ministerio Público Fiscal se solicite una nueva prórroga, que vencería el 15 de diciembre.

¿Se viene la “tercera ola”?

En ese momento se activaría la “tercera ola” del caso Bento –con probables imputaciones, allanamientos y detenciones- que serán supervisadas por Susana Pravata, jueza del Juzgado Federal Tributario y Previsional 4 de Mendoza e Ivana Aramendi, a cargo de la Secretaría Penal “E” del Juzgado 3, funcionaria que trabaja en el expediente desde su inicio.

El cambio momentáneo de juez se debe a que Puigdéngolas está de licencia. Por eso, es muy probable entonces que Pravata sea la encargada de realizar el nuevo proceso de indagatorias y, tal vez, 10 días después, decidir el dictado de procesamiento de los imputados o bien la falta de mérito o el sobreseimiento, si así lo considera. Todo esto, se espera, pasará en el último y cálido mes de año.

Con este panorama hay quienes ya están pensando en la feria judicial de enero de 2022. Ya con el regreso del juez Puigdéngolas, habrá que ver si alguna de las partes solicita que se habilite el expediente para algún trámite en particular. Esto ya ocurrió en la feria de julio pasado, cuando se estableció que el juez Bento terminara de ser indagado.

Las primeras olas y sus consecuencias

La investigación contra Bento comenzó en marzo de 2020 casi de forma accidental: el propio juez ordenó detener al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso (40), quien permanecía prófugo y era buscado por participar en el transporte de 400 kilos de marihuana. Al analizar su celular, se descubrió que Bardinella se comunicaba con el (luego asesinado) empresario Diego Aliaga (51), quien le decía tener contactos dentro de la Justicia Federal que le podían otorgar la prisión domiciliaria a cambio de dinero.

En septiembre de 2020 explotó el “caso Aliaga”, un habitué de los cafés cercanos a Tribunales que terminó secuestrado, asesinado y enterrado en un campo en Lavalle. Su socio, Diego Barrera (50), fue detenido junto a su mujer y sus hijastros.

Pero antes de ser detenido, Barrera declaró que Aliaga podía haber desaparecido –en ese momento no se sabía que había sido asesinado- porque tenía contactos en los Tribunales Federales que le permitían conseguir beneficios a cambio de importantes sumas de dólares.

Incluso, Barrera dijo que Aliaga y un abogado se contactaban con los abogados de los detenidos y les ofrecían ventajosas condiciones, como prisiones domiciliarias u otros beneficios respecto de los secuestros efectuados.

Y si el defensor del detenido se negaba a participar del supuesto beneficio, hablaban con el implicado y lo instaban a abandonar a su defensor a cambio de que ellos mismos lo representaran.

Desde ese momento, la investigación avanzó con rapidez. En mayo de 2021 se inició la “primera ola” de detenciones: se imputó al juez y a su mujer, además se detuvo a los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo. Estos dos últimos se transformaron en “imputados arrepentidos” y aportaron nuevos elementos de peso en sus declaraciones.

Tras un nuevo secreto de sumario, el 8 de junio pasado se produjo la “segunda ola”, donde se imputó a 16 personas, entre ellas, los abogados Jaime Alba, Jorge Miranda (defensor oficial federal) y Javier Leónidas Angeletti.

En agosto de 2021 la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de los 20 imputados en la causa penal en la que se investiga al magistrado mendocino como presunto líder de una organización ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas a cambio de dar beneficios procesales a detenidos en casos de narcotráfico y contrabando.

La medida –acompañada de importantes embargos en dinero- alcanzó a Bento y a su mujer, y también a Jorge Omar Miranda, Walter Eduardo Bardinella Donoso, Jorge Gabriel Moschetti, Jaime Andrés Alba, Luciano Edgardo Ortego, Walter Aníbal Costa, Leandro Emanuel Cirot, Juan Ignacio Aliaga, Javier Leónidas Angeletti, Eugenio Javier Nasi, Omar Rodríguez, Alfredo Rodolfo Aliaga, Jessica Melisa Miere, Juan Carlos Molina, Martín Ríos y Matías Aramayo.

Actualmente, Walter Bento está procesado por asociación ilícita (en calidad de jefe organizador), en 9 casos de cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Su esposa Marta Boiza fue imputada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los bienes de la pareja fueron embargados por más de $327 millones. Bento no fue detenido porque está protegido por sus fueros.