Casi 8.000 mendocinos violaron la cuarentena durante la pandemia: en qué terminaron las causas

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, reza el artículo 205 del Código Penal argentino. Delito tan antiguo como el mismísimo código, pero sumamente vigente en nuestro país desde la llegada de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020.

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Se trata, ni más ni menos, de la sanción para quienes infrinjan las normas de la cuarentena, “castigo” que podría caerle al propio presidente Alberto Fernández por el festejo del cumpleaños de su pareja en la Quinta de Olivos en julio del año pasado. ¿Y en Mendoza, cuántos fueron los infractores?

Precisamente, hasta julio de 2021 la provincia registra 7.915 imputados, según los datos suministrados por el Ministerio Público Fiscal. La gran mayoría de casos se dio en la Primera Circunscripción Judicial (abarca los departamentos del Gran Mendoza y Lavalle) con 3.467 aprehendidos. La segunda zona geográfica que más causas acumuló fue el Sur con 2.182. En tercer lugar el Valle de Uco con 1.160 y por último el Este, con 1.106 procesados.

Fue en los primeros meses de aplicación de las normas cuando más expedientes se iniciaron, sobre todo en abril, porque algunos todavía no conocían los alcances del delito y otros tantos estaban decididos a no respetar. Con el paso de los meses disminuyeron estas situaciones y, por ejemplo, en el verano que prácticamente no hubo restricciones, fueron escasos los procedimientos de la Policía.

A partir de abril de este año, momento en que volvieron los controles y el alerta sanitaria, se notó otra vez un incremento en las infracciones, principalmente por las fiestas clandestinas. En total, fueron 6.724 casos en 2020 y 1.191 en lo que va de 2021.

Resolución de las acusaciones

El incumplimiento de la cuarentena debe investigarse como cualquier otro delito, aunque la irrupción de tantos sospechosos en las fiscalías y la posibilidad de condenas bajas, hizo que las causas fueran de tratamiento “exprés”.

Muchas terminaron con juicio abreviados -confesión del acusado y pacto de una pena- y otras tantas con suspensión de juicio a prueba para aquellos que no tenían antecedentes. Para estos últimos se extinguía la acción penal con el compromiso de realizar trabajos comunitarios o colaborar en hospitales, entre otras disposiciones.

Quienes sí tenían prontuario eran juzgados, ya sea en la modalidad de abreviado o en un debate de no más de dos días, y la gran mayoría terminaban con condenas de cumplimiento efectivo. Para estas personas se utilizó de manera frecuente la detención domiciliaria, debido al protocolo de distanciamiento social en las cárceles.

Entre las sentencias hubo algunas de forma condicional -cumplimiento en libertad-, y hubo ciudadanos que fueron absueltos por la Justicia porque pudieron justificar el motivo de su circulación: alguien que asistió a una emergencia de cualquier índole, o situaciones extremas de personas que salían a la calle porque no tenían qué comer.

Fernando Giunta es el fiscal que instruyó todos los expedientes del Gran Mendoza, en compañía con el fiscal en jefe Darío Tagua. “Al principio fue un trabajo durísimo; era recibir llamados todo el día, imputar e imputar, muchos detenidos en las comisarías, no teníamos tregua con los ayudantes fiscales”, explicó Giunta.

“Hemos tenido todo tipo de imputados. Muchos jóvenes, personas con antecedentes, e incluso profesionales de todas las actividades. Es una tarea permanente en conjunto con la Policía”, agregó el investigador.

Las clandestinas

Las fiestas ilegales hoy son el principal punto de atención para “cazar” más infractores. Hombres y mujeres que se juntan en casas, fincas o cualquier otro recinto para bailar y tomar alcohol, sin ningún protocolo.

“En ese tipo de eventos lo que hacemos es aprehender inmediatamente al organizador para imputarlo, e identificamos a la mayor cantidad de asistentes posibles para que luego vayan a la fiscalía. Secuestramos los equipos de música y las bebidas, como elementos de prueba”, comentó el fiscal.

“Otra situación que se viene dando seguido es sobre aquellos que vienen del exterior y no cumplen el aislamiento. A ellos también hay que iniciarles una causa”, añadió Giunta.

Se espera la palabra de la Corte

Dentro de las condenas por el artículo 205, hay alrededor de 10 que fueron apeladas y terminaron en casación para ser resueltas por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Por el momento no hay definición sobre ninguna, y esto se aguarda con expectativa en la Justicia para sentar un precedente para hechos futuros.

En todo este tiempo hubo también algunos contrapuntos que ponían en suspenso el desarrollo de las causas, por ejemplo cuando determinados jueces declararon la inconstitucionalidad de las imputaciones, entendiendo que se trata de contravenciones y que sólo se debe aplicar una multa económica por ser la ley más benigna.

También llegó a plantearse la competencia de ese delito, en cuanto a si le correspondía actuar a la Justicia federal o provincial, y fue una jueza quien se inclinó por el fuero de la provincia.